Por mucho que supuestamente "enfade" a "un sector del PP" que permanece en el anonimato, si la cadena de televisión Cuatro o, más recientemente, Tele 5 han difundido en programas dedicados al caso Gürtel fragmentos de conversaciones telefónicas entre la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados –cuando ninguno de los dos figura además como imputado en sumario alguno–, la dirección del PP no es que tenga el derecho, es que tiene el deber de denunciar esas escuchas ilegales ante la Justicia y ante los medios de comunicación.
Otro tanto se podría haber dicho también de la conversación telefónica interceptada entre el coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, con el abogado Juan Ramón Montero, que La SER difundió como si este último fuese el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Montero.
Lo que algunos reprochamos al PP este verano es que fuera Cospedal, y no un desaparecido Rajoy, quien hiciera en un video veraniego, casi en traje de baño y, sobre todo, sin señalar prueba alguna, una acusación tan grave como la de que miembros del principal partido de la oposición estaban siendo sometidos a escuchas ilegales.
La cosa cambia radicalmente, sin embargo, cuando se puede señalar como prueba la emisión de unas conversaciones que sólo es posible interceptarlas si Cospedal, Granados, o ambos tienen sus teléfonos pinchados. Ahora ya no se trata tan sólo de recordar la afición del pasado Gobierno socialista por escuchar ilegalmente desde el Rey a cualquier otro ciudadano. Se trata de señalar unas conversaciones que, como las de Cospedal-Granados o Trillo-Montero, sólo han podido ser interceptadas al margen de la legalidad. Eso, con independencia de los pormenores que ahora se van conociendo del sistema Sitel que tecnológicamente hace mucho más fácil sortear la autorización judicial.
Yo no digo que la dirección del PP tenga que aseverar que Sitel ha sido el sistema a través del cual sus miembros han sido espiados. Pero tampoco debe dejar por ello de denunciar la falta de regulación que tiene este "Gran Hermano" que haría mucho más fácil realizar escuchas ilegales como las que han sufrido estos miembros de su partido. Tampoco tiene el PP por qué callar cuando se dan a conocer autos del juez Garzón en los que se autoriza el control de los móviles y la investigación no sólo de los imputados del caso Gürtel sino también "a terceros que puedan ser conocidos" como autores de un presunto delito en el transcurso de las indagaciones policiales. Eso, sin olvidar nunca algo a lo que, a pesar de ser un delito perseguible, ya nos hemos acostumbrado, como son las revelaciones del sumario.
No es la primera vez que considero el caso Gürtel como una "cacería" contra el principal partido de la oposición, y no sólo en referencia a la actividad cinegética que practicaba el citado juez instructor en compañía de algún miembro de este Gobierno y del máximo responsable de la investigación policial. Lo que pasa es que al PP sigue fallándole la comunicación para hacerle frente. Un fallo de comunicación que desde luego no van a enmendar –todo lo contrario– los críticos de Cospedal que permanecen en el anonimato.