En una sociedad en la que impera del Estado de Derecho a los terroristas, como a cualquier otro delincuente, se les detiene, se les incautan sus armas, y se les obliga a cumplir sus penas de prisión. En España, sin embargo, el paradigma del "final dialogado de la violencia", que anidaba en el funesto pacto de Ajuria Enea suscrito por Alianza Popular, PSOE y CDS junto con las formaciones secesionistas vascas, ha puesto en valor la expresión de la "entrega de las armas", que, en el mejor de los casos, es una estupidez y, en el peor, una maquillada oferta de impunidad.
Nadie, salvo un estúpido, puede pensar que un prófugo con causas pendientes con la Justicia va a acercarse a una comisaría a entregar sus pistolas o explosivos si no es a cambio de determinados privilegios penitenciarios, tal vez incluso beneficios políticos. Y sin embargo, todos, en un momento dado, hemos utilizado esa expresión, a veces como sinónimo de firmeza.
Sólo desde este último punto de vista es excusable la afirmación del Rey de que "ya es tiempo de que los terroristas entreguen sus armas asesinas y desaparezcan en nuestras vidas". De lo que ya es tiempo, sin embargo, es de que nuestras elites mediáticas y políticas, empezando, por su más alto representante, sepan que las armas no son asesinas, que los asesinos son quienes las han utilizado contra personas inocentes; que las armas no se entregan, sino que se requisan o se incautan cuando los miembros de la Policía detienen a los terroristas, algunos de los cuales siguen en libertad. A no ser que lo que se quiera, claro está, es ofrecer impunidad a los terroristas trasladando la culpa de los asesinatos a sus armas.
Dice también el Rey que "la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española han defendido su libertad y sus instituciones desde la legalidad, con el sacrificio y la eficacia de las Fuerzas de Seguridad, la permanente y decidida acción de la justicia y la generosa cooperación internacional". Así ha sido en muchas ocasiones, pero no es menos cierto, sin embargo, que durante décadas los poderes públicos en España han permitido que ETA tenga a sus voceros en las instituciones o recibir financiación a cargo del contribuyente. También en ocasiones las autoridades han eludido el deber de detener a los terroristas o han pedido la colaboración internacional, no para detenerlos, sino para respaldar el "diálogo" con ellos, tal y como pasó en el parlamento europeo o más recientemente en la nauseabunda Conferencia Internacional de Paz celebrada en San Sebastian. No han faltado tampoco togas que en muchas ocasiones se han alineado con la defensa de los etarras para que la ley y el Estado de derecho no fueran obstáculo para "procesos de paz" que no eran otra cosas que negociaciones con terroristas absolutamente incompatibles con el imperio de la ley. Es más, a pesar del sacrificio y la eficacia de nuestras Fuerzas de Seguridad, no han faltado policías que, bien motu proprio, bien siguiendo órdenes de sus superiores, han perpetrado delitos de colaboración con banda armada como el que se produjo en el bar Faisán. Eso, por no hablar de la inobservancia de la Ley de Partidos, que ETA ha celebrado y seguirá celebrando hasta que sea cierta esa "permanente y decidida acción de la Justicia" de la que nos hablaba el Rey.
Y es que "el compromiso de una sociedad libre que no se deja amedrentar, que exige justicia y reparación para quienes fueron víctimas de la violencia por no querer someterse a la dictadura del terror" no pasa por llamar "asesinas" a las armas de los terroristas, sino por detenerlos y expulsar de las instituciones a quienes justifican los asesinatos con la excusa de un "conflicto político".