Lo más paradójico del bochornoso voto particular de José Ricardo de Prada contra el auto de la Audiencia Nacional que, afortunadamente, desestima la no menos vergonzosa pretensión de la Fiscalía de que el chivatazo a ETA no constituya un delito de colaboración con organización terrorista, es la forma que este magistrado tiene de excusar los hechos enjuiciados con el objetivo de que no sean "criminalizados". Al tratar de justificar la delación policial a ETA por la "negociación política" o "proceso de paz" en el que estaban inmersos el Gobierno y ETA (tal y como también hizo el policía que la perpetró por teléfono), el magistrado discrepante transluce el hecho decisivo de que ese delito se tuvo que producir por orden del Ejecutivo. Si no, no se entiende su referencia a las negociaciones del Gobierno con ETA, ni que diga que los policías involucrados en este capítulo "no actuaban autónomamente sino en cumplimiento de sus obligaciones profesionales, dentro de las márgenes de actuación y en situación y contextos como el expresado".
Ya es escalofriante constatar que un magistrado en ejercicio y –se supone– en plenas facultades mentales pueda considerar que un policía pueda estar "cumpliendo sus obligaciones profesionales" cuando lo que trata, en realidad, es de evitar la detención policial de unos terroristas, alertándoles de su inminente detención. Pero más terrible aun es que, por el hecho cierto de que "la finalidad última de los delitos terroristas es política", este indigno magistrado afirme que "es en este plano, en el de posibles negociaciones políticas, donde se encuentran legitimados los Gobiernos de los Estados a disponer de un determinado margen de actuación, en que, sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del Estado de Derecho, les permita llevar adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los Gobiernos".
Pero, ¿qué mayor quiebra del Estado de Derecho que admitir una "negociación política" entre un Estado y una banda terrorista? Pero, ¿cómo no va a ser una flagrante violación del imperio de la ley revelar a los terroristas que van a ser detenidos por orden judicial para que puedan huir? Naturalmente que es obligación de todo Gobierno lograr que los terroristas dejen de matar; pero tratar de lograrlo cediendo o simplemente mostrándose condescediente con lo que exigen a cambio es aceptar la contraproducente lógica del chantaje o la del síndrome de Estocolmo, pero no desde luego la del Estado de Derecho. Ni el Gal puede buscar justificación en "la obligación de todo Gobierno" de acabar con el terrorismo, ni menos aun los delitos que, durante la paz sucia de ZP, objetivamente han beneficiado a la banda terrorista.
Por otra parte, ni el Derecho ni los Tribunales de Justicia juzgan finalidades últimas, como las que pudiera perseguir la "guerra sucia" de González o la no menos infame "paz sucia" protagonizada por Zapatero. Ni siquiera juzga las finalidades últimas de los terroristas. Lo que se juzga son los medios. Y si, por "seguir adelante" en esas negociaciones, que ya socavaban en sí mismas el Estado de Derecho, el Gobierno ordenó secretamente evitar la detención dictada por el juez Marlaska, el Ejecutivo de Zapatero perpetró un delito de colaboración con banda armada.
Desde la Fiscalía General del Estado, y a raíz de ese infame "proceso de paz", se animó a jueces y fiscales a ensuciar sus togas con el polvo del camino. Una de las más sucias, desde luego, es la que, para vergüenza y escarnio de nuestro Estado de Derecho, todavía viste José Ignacio de Prada.