Asegura el ministro de Justicia que en la concesión de la libertad al asesino Bolinaga no ha habido "ningún punto de cesión a presiones externas ni se ha hecho cosa distinta de lo que estamos obligados a hacer". En esta línea, Gallardón ha asegurado que "hay supuestos en los que la ley tiene que ser aplicada nos guste o no nos guste", y que sirven para demostrar que "nosotros no somos como aquellos que se benefician de los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución", pues ellos han vulnerado "el más básico de todos", el derecho a la vida.
Yo no creo que haya nadie en España tan trastornado como para pensar que los gobernantes del PP –o los de cualquier otro partido– son como los etarras. Lo que sí tenemos derecho a pensar –más aun a raíz de declaraciones como las de Gallardón– es que los gobernantes del PP están siendo, desgraciadamente, muy similares a los socialistas a la hora de ocultar lo que la ETA exige y de mentir sobre lo que la ley dictamina.
Porque nada en la ley –diga lo que diga Gallardón– obligaba ni obliga al Gobierno a conceder el tercer grado a un criminal y torturador como Josu Etxebarria Bolinaga. La excarcelación de esta bestia por razones de enfermedad es una potestad que la ley concede al Gobierno pero que en modo alguno se la impone. La mentira de Gallardón –similar a la que dijo el ministro del Interior cuando aseguró que el Gobierno "prevaricaría" si denegaba al etarra la concesión del tercer grado– es especialmente repugnante porque desliza la idea de que exigir el cumplimiento íntegro de que pesaba sobre Bolinaga es equivalente a la comisión de los delitos de secuestro y asesinato. ¿Se comporta, acaso, como ellos el fiscal o las víctimas del terrorismo al rechazar la excarcelación del etarra?
Esta estrategia de presentar la excarcelación de etarras enfermos como si de un imperativo legal y humanitario se tratara es, de hecho, la misma repugnante táctica utilizada por los socialistas con ocasión de la huelga de hambre y posterior excarcelación del sanguinario De Juana Chaos, durante la penúltima o antepenúltima tregua de ETA. Como los socialistas de entonces, los populares de ahora se inventan cosas que la ley no dice y, en cambio, ocultan las claras y chantajistas exigencias que, también respecto a los presos, sí hacen ETA y sus tolerados brazos políticos. El acuerdo de Guernica, que ETA auspició secretamente y alabó públicamente, era muy claro al exigir, "como primer paso a la amnistía", el "traslado de presos/as a Euskal Herria" y la "liberación de presos/as con graves enfermedades".
El Gobierno del PP podrá aplicar estas medidas y decir que no ha habido "ningún punto de cesión" a presiones externas, tal y como asegura Gallardón. Pero el hecho cierto es que las está acometiendo. El componente chantajista que conllevan todos los comunicados de alto el fuego de la banda terrorista –como el que tienen sus huelgas de hambre– no desaparece por el mero hecho de que haya gobernantes dispuestos a ocultarlos, ciegos por el espejismo del apaciguamiento.