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Guillermo Dupuy

La delación y la legislación liberticida

El Estado convierte a los empresarios, por la fuerza y sin retribución alguna, en recaudadores de impuestos. Ahora, para colmo, les obliga a ser policía y guardián de una legislación antitabaco que viola su propiedad tanto como ahuyenta a su clientela.

Guillermo Dupuy
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Tal y como advertían los liberales clásicos, uno de los muchos y muy lamentables resultados de la proliferación de pseudoleyes y mandatos intervencionistas es que las leyes genuinas, las que están destinadas a preservar la libertad de los ciudadanos, lejos de ser respetadas por todos, tienden a perder credibilidad ante semejante "inflación" legislativa. Cuando el orden jurídico, llamando a ambas "leyes", da un tratamiento similar a la proscripción del tabaco, por poner un ejemplo, que a la prohibición de invadir propiedad ajena, es de esperar que la gente pierda el respeto a la ley, pensando que es simple convención que nos imponen los que ahora ocupan el poder, en lugar de algo que en realidad se debe cumplir ahora y siempre.

La "ley" que acaba de entrar en vigor y que prohíbe fumar en cualquier centro privado abierto al público, violando así tanto la libertad de los consumidores como la propiedad de los hosteleros, es un buen ejemplo de ello. Al Gobierno, sin embargo, sólo le importa que sus mandatos de ingeniería social se acaten y, para ello, incluso ha animado a los ciudadanos a que delaten a los ciudadanos que los incumplan. La pretensión de convertir a cada ciudadano en un chivato, en un delator al servicio del poder, lejos de alentar "comportamientos cívicos", tal y como pretende Leire Pajín, es una pulsión característica de los regímenes totalitarios. Menos mal que este ataque a los derechos de propiedad, que el Gobierno acaba de perpetrar con la excusa de la salud pública, no incluye las viviendas de los ciudadanos; en caso contrario nos vemos a Doña Leire instando a los niños a delatar a sus padres, tal y como hacían los jemeres rojos para extirpar cualquier actitud "contrarrevolucionaria".

Un buen ejemplo de "chivato" o de "comisario político" que estas ilegítimas intromisiones del poder en la vida de los ciudadanos adultos requieren para ser efectivas, lo constituye el portavoz de la supuesta federación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez. Este chivato, que dice hablar en defensa de los consumidores, ha habilitado una página web donde cualquier ciudadano de forma anónima puede denunciar cualquier cosa que considere una posible infracción de la norma que nos ocupa. Afortunadamente, FACUA no es un juzgado, por lo que esperemos que esta ley liberticida no vaya acompañada también de una merma de las garantías procesales.

En cualquier caso, el portavoz de FACUA también se ha permitido negar las previsibles pérdidas que esta ley antitabaco va a ocasionar en la industria del ocio, tal y como ha ocurrido en el pasado y denuncian todas las asociaciones de empresarios a los que les afecta. De hecho, ha relacionado cualquier crítica a esta legislación coactiva con obscuros intereses de la industria tabaquera.

Yo no sé a qué intereses sirve este vocero de la delación y de la liberticida legislación de este Gobierno. Lo que sí les puedo asegurar es que no son los de los consumidores que dice representar. Si así fuera, FACUA abogaría por la libertad empresarial y por la libertad de los consumidores de ir al establecimiento que les diera la gana. Es más, aun forzando a los hosteleros en beneficio de los consumidores, lo que podría pedir es que los locales tuvieran zonas habilitadas para fumadores y no fumadores. Y es que, ¿dónde está la defensa de los millones de consumidores que cuando salen a cenar, a tomar un café o a tomar una copa quieren poder fumar sin tener que salir a la calle?

Ya es lamentable que el Estado convierta a los empresarios, por la fuerza y sin retribución alguna, en recaudadores de impuestos. Pero el colmo es que ahora, con esta "ley", se les obligue a ser policía y guardián de una legislación antitabaco que viola su propiedad tanto como ahuyenta a su clientela. Además, tal y como alega la Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio, estas empresas "no disponen de ningún mecanismo legal para obligar al público a cumplir la ley, pero, paradójicamente, son responsables y pueden ser sancionados con multas de hasta 10.000 euros por el incumplimiento" de los clientes". Vamos que además de cornudos, apaleados.

A estas contradicciones, a estos efectos imprevistos y a estas concatenadas violaciones de los principios generales del derecho llegamos cuando olvidamos que la ley no debe tener como objetivo más que la salvaguarda de la libertad y el cumplimiento de los acuerdos que ella genere. Pero eso parece no importar a una sociedad que pierde el respeto por la ley a casi tanta velocidad como al de la libertad.

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