Uno de los problemas más graves, ciertamente, que sigue padeciendo la España de Rajoy es, tal y como denunciaba Aznar el otro día, el incumplimiento de la legalidad. De hecho, el déficit a la taifa, que tantas tensiones ha generado en el seno del partido gobernante, surge, precisamente, por la omisión del deber de hacer cumplir la ley, principal rasgo distintivo del funesto Gobierno que padecemos y que alcanza hasta las leyes por él promulgadas, como la de estabilidad presupuestaria.
Recordemos que dicha ley contemplaba un mismo tope de déficit para todas las autonomías, ante el cual "no caben posturas autóctonas", según advirtió entonces textualmente el ministro Montoro, no sin antes advertir de los "mecanismos de vigilancia, sanción e intervención" que contemplaba.
Al final, ¿qué ha sucedido para que el Gobierno de Rajoy haya pasado en un año de la firme oposición a las "posturas autóctonas" al establecimiento de déficits diferenciados, o para que, lejos de sancionar o intervenir, haya premiado a las autonomías incumplidoras?
Pues algo tan sencillo como lamentable. Que para maquillar algo su pasividad ante el clamoroso incumplimiento de algunas de ellas, Rajoy ha decidido rebajar, sencillamente, el nivel de exigencia. Y es que de nada sirve que una ley esté dotada de "armadura" (Montoro dixit) si, llegado el momento, el máximo responsable de hacerla cumplir, que es el presidente del Gobierno, no está dispuesto a hacerlo.
La renuencia de Rajoy a hacer cumplir la ley es de tal envergadura que, en el caso concreto de la Generalidad de Cataluña, a su omisión de hacer cumplir la mencionada ley de estabilidad presupuestaria se suma su omisión de hacer cumplir la ley que anida en el mismísimo Código Penal y que castiga los delitos de desobediencia, usurpación de atribuciones, prevaricación o malversación de fondos públicos que el Gobierno de la Generalidad está perpetrando impunemente, ante el clamoroso silencio no sólo de la servil Fiscalía General del Estado, sino de la prensa madrileña de derechas de toda la vida. De hecho, una de las razones por las que el Gobierno de la Generalidad no cumple los objetivos de reducción del déficit es, precisamente, por el coste que le acarrea su carísimo "proceso de transición nacional" –incluido el ya iniciado establecimiento de una Hacienda propia–, todo él consustancialmente ilegal.
A periódicos como el ABC o La Razón, sin embargo, la deslealtad de Rajoy hacia la legalidad que el presidente del Gobierno también ha jurado hacer cumplir parece que les importa tan poco como su deslealtad al programa electoral y a los votantes del PP. No nos extrañe que si el Gobierno logra finalmente la aceptación del déficit asimétrico sea por la vía de un futuro incumplimiento, no se si simétrico, pero sí desde luego masivo. Y si no al tiempo.