Visto el acreditado y escandaloso doble rasero con el que la Fiscalía ha actuado ante casos de corrupción, ya fuesen reales o inventados, en función de su relación con el PSOE o el PP, y recordando también la clamorosa pasividad de Conde-Pumpido ante los proetarras durante el mal llamado "proceso de paz", no sabría decir qué me ha causado más sonrojo del discurso que ha pronunciado el fiscal general del Estado durante la solemne apertura del Año Judicial: si su afirmado compromiso de "erradicar las conductas corruptas vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores", o su solicitud de reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para terminar con la actual situación, "hiriente para la sensibilidad democrática", que permite que los proetarras de ANV sigan gobernando ayuntamientos del País Vasco. En ambos casos, a Conde Pumpido se le podría aplicar el conocido refrán del "dime de qué presumes y te diré de lo que careces".
Empezando por el primer asunto, el PP tiene casi ultimado un extenso informe en el que se reúnen cerca de 35 casos que demuestran hasta qué punto la fiscalía ha actuado o no contra posibles casos de corrupción en función precisamente de "quienes sean sus autores". Además de afirmar de palabra lo que no hace de obra, Conde Pumpido ha querido añadir una nada disimulada puya contra el PP al señalar que cuestiones como el respeto al secreto del sumario, las garantías de los imputados o el sistema de recursos no son problemas que vayan a resolverse "clamando por la imparcialidad del sistema desde posiciones de patente parcialidad".
Al margen de que, por ser parte, los miembros del PP, como cualquier otro ciudadano, no dejan de tener derecho a denunciar lo que consideren oportuno, desde luego como no se va a solventar la reiterada revelación del secreto del sumario que se viene perpetrando contra miembros del PP es equiparando ese delito con "la libertad de expresión", tal y como para justificar su pasividad llegó a hacer el fiscal general. Como desde luego tampoco se defiende la imparcialidad de la Fiscalía permitiendo servilmente y sin expresar la más mínima protesta –no digamos ya nada si se actúa a su dictado– que el Gobierno anuncie los recursos que va a plantear el Ministerio Público contra representantes del principal partido de la oposición, tal y como hizo el fiscal general del Estado después de que la vicepresidenta Fernández de la Vega anunciara desde Costa Rica el recurso contra la absolución de Francisco Camps.
Con todo, aun resulta más farisea la "democrática sensibilidad" de Conde Pumpido si recordamos que la ciertamente "hiriente" situación que padecemos con los proetarras que todavía gobiernan algunos ayuntamientos del País Vasco se la debemos exclusivamente a él y al Gobierno de Zapatero, quienes se negaron a pedir la ilegalización de ANV antes de las últimas elecciones municipales. Fue Conde Pumpido, con el visto bueno del señor Zapatero, el que definió como "limpias" y "no contaminadas" las listas de los proetarras que ahora gobiernan esos consistorios. Fue Conde Pumpido quien, con el visto bueno del señor Zapatero, no permitió al Tribunal Supremo enjuiciar a ANV en su totalidad, tal y como expresaron en el obiter dicta y con visible contrariedad los magistrados que aprobaron la sentencia de impugnación. Eran los tiempos en los que Conde Pumpido clamaba a favor de que la ley y la Justicia no fueran "obstáculos" para el "proceso de paz" y en los que animaba a jueces y a fiscales a ensuciar sus togas "con el polvo del camino".
Su solicitud de reformar ahora la Ley de Bases del Régimen Local no viene si no a encubrir su doble responsabilidad en esa "hiriente situación", ya que hasta el momento, y una vez ilegalizada ANV, tampoco ha pedido al Gobierno aplicar esa legislación que, sin reforma alguna, ya habría permitido la disolución de los ayuntamientos que están en manos de los proetarras. Sin esa especificidad de causa ya se disolvió el ayuntamiento de Marbella.
Naturalmente, cuanto más azucar más dulce, pero ante su propuesta de que el artículo 61 cite expresamente como causa de disolución de un ayuntamiento el "que sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado", lo primero que hay que señalar es que se supone que nunca más podrán ser elegidos quienes van en una lista de un partido ilegalizado; y que, sin llegar a esa concreción, ese mismo articulo ya habla claramente como causa de disolución "los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
¿Acaso a la recientemente estrenada sensibilidad de Conde Pumpido le parece poco "menosprecio" o "humillación" para las víctimas el simple hecho de ver cómo algunos ayuntamientos son gobernados por quienes justifican a sus verdugos?
Lo dicho. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.