Ignoro si la consideración de Conde Pumpido de que las "críticas" al Tribunal Supremo "se han excedido notoriamente de lo razonable" es la definitiva forma que tiene el fiscal general del Estado de anunciarnos que el Ministerio Público no ve consecuencias penales en las gravísimas calumnias lanzadas contra los miembros del Alto Tribunal durante el aquelalarre guerracivilista y totalitario celebrado el pasado martes en la Complutense en apoyo del presunto prevaricador Baltasar Garzón.
Lo que sí sé es que esta tibia consideración del fiscal general del Estado respecto a lo que es un gravísimo acto insurreccional contra nuestro Estado de Derecho, así como su retórica "petición de respeto" a sus instituciones, han ido acompañadas, siguiendo el hipócrita guión del Gobierno del que depende, de unas declaraciones que no hacen más que alentar esa antidemocrática sublevación con la que simulan no tener nada que ver. No otra cosa son sus nada respetuosas valoraciones de ese logro democrático y constitucional que constituye la acusación popular, y que Conde Pumpido ha denigrado tachándola de "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a su administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal, sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".
Y es que Conde Pumpido, con tal desacreditar la denuncia interpuesta contra Garzón, ha tenido la desfachatez de presentar la encomienda que la Constitución hace al Ministerio Fiscal para que defienda y promueva el interés general ante los tribunales como una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano debería tener derecho, según él, a recurrir a la Justicia. El fiscal general del Estado ignora así un artículo de la Constitución, que, como el artículo 125, consagra explícitamente que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular".
No voy a negar yo, sin embargo, el desgraciado hecho de que algunos ciudadanos hayan podido ejercer ese derecho para interponer "querellas mediáticas" o de "contenido más político que jurídico". Pero para desestimarlas o archivarlas, no sólo está la Fiscalía, sino también los jueces y magistrados que tienen el derecho y el deber de dictaminar si lo denunciado tiene veracidad probable de ser algo constitutivo de delito penal.
Por otra parte, para causas mediáticas, de contenido más político que jurídico y que han ocupado la ya de por sí sobrecargada justicia penal, ahí está precisamente la surrealista causa penal que Garzón ha pretendido abrir contra el régimen franquista setenta años después de la guerra civil y treinta años después de la muerte del dictador. Por el contrario, lo que no es una causa mediática, ni histórica, ni política, sino un asunto jurídico de primer orden, tal y como han venido a reconocer los magistrados del Supremo, es dictaminar si un juez en el ejercicio de sus funciones se saltó a la torera y a sabiendas el ordenamiento jurídico vigente. Un ordenamiento jurídico como el que proclama la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, como el que en el Código Penal señala los plazos de prescripción de los delitos, o como el que recoge la ley de Aministía de 1977; un ordenamiento jurídico como que el que Garzón tampoco observó y que impide grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gürtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.
Por último, no puedo dejarme en el tintero lo obsceno que me resulta la inconstitucional pretensión de Conde Pumpido de que sólo su politizada y dependiente Fiscalía tenga el derecho de apelar a los tribunales cuando precisamente por culpa de ese monopolio que desgraciadamente sí tiene respecto a la observancia de la ley de partidos, el Tribunal Supremo no pudo ilegalizar en su día a las formaciones proetarras de ANV y PCTV al no reclamarlo una Fiscalía General del Estado que, como Garzón, brindó su apoyo a la paz sucia de Zapatero con evidente desprecio al ordenamiento jurídico vigente. Otro gallo hubiera cantado, y mucho antes, si los ciudadanos hubieran podido ejercitar, también en este terreno, la acción popular.