El muy progubernamental diario La Razón ha publicado este domingo una encuesta sobre el estado de opinión del electorado del Partido Popular que muestra la "nada desdeñable" base de votantes fieles que este partido conserva tras sus ya más de tres años de irreconocible gobierno. Aunque el porcentaje de encuestados que están seguros de que volverán a votar al PP sólo alcanza el 60,2%, no es, ciertamente, un porcentaje desdeñable, sobre todo si tenemos en cuenta –añado yo– el grado de incumplimiento del programa electoral del Gobierno de Rajoy.
Cosa distinta es el rigor con el que pueda estar hecha la encuesta, la cual no interroga, por cierto, por ese grado de cumplimiento. Así, no me parece de recibo que se pregunte directamente al encuestado si "cree que el PP ha incumplido su programa electoral por las deudas heredadas del anterior Gobierno socialista". Es una pregunta trampa, puesto que no distingue entre quienes consideran que el PP sí ha cumplido su programa electoral de quienes consideran que no lo ha hecho por razones distintas a las deudas heredadas del Ejecutivo de Zapatero.
No sé qué tendrán que ver, en este sentido, las deudas heredadas del anterior Gobierno socialista con el incumplimiento de la promesa de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial; o la de llevar a cabo una profunda reforma de nuestro "insostenible modelo autonómico"; o la de trasvasar agua de la España húmeda a la España seca, o la de derogar la vigente ley del aborto. Tampoco se qué tendrá que ver la deuda dejada por Zapatero con el hecho de que el Gobierno del PP haya proseguido una política de apaciguamiento frente al terrorismo caracterizada por mantener en papel mojado la ley de partidos y proseguir, de forma acelerada, la senda de las excarcelaciones de etarras. Otro tanto se podría decir del hecho de que el Gobierno de Rajoy haya mantenido traductores de lenguas regionales en el Senado, o de que, lejos de abortar, haya consumado, en beneficio de la secesionista Administración regional catalana, la dispersión documental del Archivo de Salamanca.
Podría continuar con muchas otras cosas que el Ejecutivo de Rajoy, a pesar de su amplísima mayoría absoluta, no ha querido derogar pese a haber votado en su contra cuando estaba en la oposición. Pero, por centrarnos en política económica, las deudas heredadas del anterior Gobierno socialista, ciertamente cuantiosas, deberían haber servido como acicate para que el PP llevara a la práctica principios alternativos con mayor celeridad y firmeza, no como excusa para abdicar de esos principios. Ha sido el Gobierno de Rajoy el que ha dejado en papel mojado su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, no sólo consintiendo sino incluso premiando a aquellas comunidades autónomas que han sobrepasado sus topes de déficit.
Si el agujero dejado por Zapatero fue mayor que lo previsto por el PP, Rajoy debería haber llevado a cabo una política de reformas estructurales y de reducción del gasto público todavía mayor que la que tenía previsto acometer. En lugar de eso, lo que el Gobierno del PP ha hecho es mantener prácticamente intacto nuestro sobredimensionado sector público y elevar como nunca antes la presión fiscal. El resultado ha sido el incumplimiento no sólo de la promesa de bajarnos los impuestos, también la de reducir el nivel de endeudamiento. Porque no nos engañemos: a menos de 10 meses de las próximas elecciones generales, Rajoy todavía ha sido incapaz de reducir un ápice ni la presión fiscal, ni el nivel de endeudamiento ni la tasa de paro dejados por Zapatero.
Finalmente, si las deudas heredadas de anteriores legislaturas sirven de excusa para incumplir el programa electoral, ¿qué cabe esperar de las promesas electorales que ahora el PP nos haga, si las deudas que Rajoy se va a dejar en herencia a sí mismo (cercanas ya al 100% del PIB) son todavía mucho mayores que las que recibió de Zapatero?