El llamado principio de Justicia Universal, al margen de los obstáculos jurídicos y jurisdiccionales que plantea, supone un campo abonado para que nuestros "jueces estrella" busquen notoriedad en detrimento de su abandonada labor de impartir justicia donde verdaderamente les corresponde, aquí y ahora. El tiempo dirá, no obstante, si la reforma aprobada por el pleno del Congreso, por la que la justicia española "sólo" podrá perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español" supone una verdadera limitación a tanto desvarío como el que hemos presenciado.
En cualquier caso, y aun dándola por positiva, no todos son buenas noticias en este sentido. Así, el CGPJ acaba de imponer al juez Garzón una ridícula multa de 300 euros, inferior a no pocas sanciones de tráfico, al considerar como mera "falta leve" su "descuido" por el que quedaron en libertad dos peligrosos narco traficantes turcos, uno de ellos huido desde el pasado mes de febrero. Como recordarán los lectores, Sahin Eren y Erden Vardar, detenidos en 2006 en la segunda mayor operación en España contra el tráfico de heroína, tuvieron que ser excarcelados el pasado 16 de julio por el juez Baltasar Garzón al haber sobrepasado el plazo de dos años para acordar la prórroga de la prisión provisional.
A pesar de que el 27 de junio la Fiscalía le había advertido al juez que debía prorrogar la prisión provisional, la vistilla para decidir su ampliación no fue fijada por Garzón hasta el 14 de julio, momento en que Garzón decretó la prórroga alegando sensatamente que si los acusados quedaban libres podrían huir y cometer más delitos. Cuarenta y ocho horas después, sin embargo, Garzón tuvo que dictar su libertad al descubrir que el plazo había vencido el día 12 de julio.
Ignoro si la apretada agenda del juez por esas fechas, que incluía su participación en el seminario "Sin rastro" en Colombia y en un encuentro hispano-francés, influyó en el olvido o en la demora a la hora de fijar la vistilla de marras. Lo que me parece evidente, en cualquier caso, es que esa negligencia es todo menos "leve". Se supone que las multas y las penas deben estar fijadas en función de la falta y del delito cometido, con el objetivo, no sólo de castigarlos, sino de disuadir la comisión de otros nuevos. Ignoro la retribución que percibe Garzón por participar en esos eventos ajenos a su estricta labor de juez, pero puestos en la lógica económica de coste-beneficio a la que nos conduce esta multa de 300 euros, estoy seguro de que su negligencia le ha resultado a Garzón sumamente "eficiente".
En cualquier caso, y por mucho que satisfagan su vanidad o llenen sus bolsillos, no es de recibo que jueces con tantísimos casos pendientes de resolución dediquen tanto tiempo y energía a casos que quedan fuera de su jurisdicción o que sólo indirectamente están relacionados con su labor como jueces. Por no salirnos del ejemplo citado, ya no se trata tan sólo de atender debidamente los plazos de solicitud de prórroga, sino también de reducir al máximo los períodos de prisión preventiva.
Aunque la prisión preventiva sea en muchos casos un mal menor, su uso no deja de ser una degradación de la justicia, ya que, como dice la conocida máxima, una "justicia lenta no es justa". Esa gravísima dilación judicial que padecemos en España la agravan no sólo quienes por afán de notoriedad pretenden ser jueces de todo tiempo y lugar, sino también quienes descuidan su labor de juez con otras actividades ajenas a la de impartir justicia. Gravísimos descuidos que pagan al módico precio de trescientos euros.