Nada menos que 105 de los 110 alcaldes del PP que hay en la Comunidad de Madrid ya se han sumado a un manifiesto en el que se reclama a la dirección nacional del partido que adopte medidas disciplinarias contra el número dos de Gallardón, Manuel Cobo, por sus insultantes declaraciones contra la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Por si esto fuera poco, trece concejales del propio grupo municipal que lidera Gallardón han votado a favor de que Cobo cesara como portavoz del equipo de Gobierno frente 19 votos en contra. Valgan estos datos no tanto como argumento a favor de unas medidas disciplinarias que Cobo se tiene más que merecidas por sus injuriosas declaraciones contra su propio partido y sus dirigentes, sino como una nueva prueba del escaso apoyo que tiene este testaferro de Gallardón en el seno de su partido, así como del rotundo desmentido de su afirmación de que sus opiniones y exabruptos contra Aguirre eran compartidos por buena parte del partido en la comunidad madrileña.
Mientras tanto, el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantias, Alfonso Fernández Mañueco, ha emitido un escueto comunicado en el que "invita a la presidenta del Comité Regional de Madrid, doña Cristina Cifuentes, para que, si lo considera oportuno, explique los fundamentos de su iniciativa" y "asimismo citará a D. Manuel Cobo para que comparezca a fin de que pueda alegar lo que a su derecho convenga".
Lo cierto es que en este asunto, Rajoy y la dirección nacional del PP han vuelto a demostrar, con su parsimonia y su silencio, su capacidad para agrandar los problemas que deberían haber zanjado a la mayor brevedad posible. De hecho, ni siquiera debían haber esperado a que el PP de Madrid se lo pidiera para actuar de manera fulminante contra el vicealcalde en reprobación de unas declaraciones y unos insultos que, si ya son inadmisibles cuando provienen de un adversario político, lo son todavía más cuando provienen de un supuesto compañero de partido. Las comparecencias que ahora pide el Comité Nacional de Derechos y Garantías no tienen sentido alguno: los exabruptos de Cobo contra Aguirre son públicos y notorios y explican por sí solos los fundamentos de la iniciativa del Comité Regional de solicitar medidas disciplinarias. Así lo único que se va a hacer es dilatar y hacer más severa una crisis en el PP que va a obstaculizar su ya de por sí mermada labor de oposición.
En cualquier caso, la falta de reacción de la dirección nacional del PP a quien va a perjudicar, más que a Aguirre, es al propio Rajoy, a quien con toda razón ya se le puede acusar de falta de reflejos, de liderazgo y de incapacidad para poner orden en el seno de su propio partido. Y ésas, desde luego, no son las mejores credenciales para quien aspira a poner orden y concierto en la nación desde la presidencia del Gobierno.