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Estatut

La proclama golpista de Mas

Ignoro en su literalidad cuáles han sido las declaraciones que el dirigente de CiU, Artur Mas, ha hecho este jueves a Antena 3, pero las que pronunció el miércoles por la noche en el programa de TVE 59 segundos, y en las que exigía a los miembros del Tribunal Constitucional que se "auto declararen incompetentes para juzgar la constitucionalidad" del nuevo estatuto catalán son, lisa y llanamente, una proclama golpista contra nuestro Estado de Derecho y una abierta incitación a que los magistrados perpetren un delito de prevaricación.

Si repugnantes han fueron las numerosas presiones al Tribunal Constitucional para que, más que en nuestra Ley de Leyes, se fije en el respaldo que "el pueblo catalán" ha dado al estatuto soberanista –refrendado en realidad, dicho sea de paso, sólo por una tercera parte de los ciudadanos catalanes con derecho a voto–, lo que ya resulta de juzgado de guardia es que un dirigente público incite abiertamente, y desde una televisión pública, a los magistrados del Constitucional para que dicten a sabiendas una resolución clamorosamente injusta, tal y como sería su delirante autodeclaración de incompetencia, en términos de legitimidad y legalidad, para hacer aquello que la Constitución precisamente les ha encomendado.

El dirigente de CiU argumenta su exigencia arremetiendo también contra esa institución básica de cualquier Estado democrático y de Derecho como es la división de poderes, y que Mas denigra como "choque de legitimidades entre los votantes y un tribunal". El golpe de Mas contra nuestro Estado de Derecho, aunque se enfunde de seda, es de tal dureza que de él saldría liquidado, no ya el Tribunal sino la propia Constitución. Y es que si aceptamos que basta que cualquier mayoría transitoria –incluida la que de forma tan ridícula refrendó el estatuto de marras– apruebe cualquier cosa, por inconstitucional que sea, para que sea definitivamente aceptada, ya me dirán ustedes para qué sirve en este asunto, no ya el Tribunal, sino la propia Constitución.

El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que, desactivado el recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

Si de verdad Mas no quisiera que el Tribunal Constitucional tuviera que juzgar ningún estatuto ya respaldado por referéndum, lo podría haber hecho legítimamente reclamando algo que jamás ha hecho en este asunto, como es el uso del recurso previo de inconstitucionalidad. Pero lo que hace Mas no es eso sino denigrar el equilibrio de poderes inherente a todo sistema democrático como si de un indebido choque de legitimidades se tratara. De esta forma Mas hace suya, "suaviter in modo", una concepción del derecho político y de la democracia propia del nacional-socialismo.

Esperanza Aguirre dijo en su día, con lúcida ironía británica, que cuestionar la competencia del Tribunal Constitucional para juzgar las leyes era "una idea original, pero antijurídica". Dar el paso, como ha hecho Mas, de exigir a los propios magistrados del Tribunal que sean ellos los que pronuncien en sentencia semejante afrenta contra nuestro ordenamiento jurídico y contra sus propias competencias, no es otra cosa que incitarlos a la prevaricación.

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