Muchos ignoran aquella máxima atribuida a Lenin del "Tú pincha, y si notas blando, sigue profundizando"; y muchos ya han olvidado la primera entrevista que Mariano Rajoy, tras ser nombrado presidente del Gobierno, mantuvo con Artur Mas a comienzos del 2012. Hubo un periodista que, a la salida del encuentro, preguntó al presidente de la Generalidad si habían tratado la necesidad de modificar el inconstitucional y coactivo modelo de inmersión lingüística, habida cuenta de la reciente y enésima sentencia que, por aquel entonces, había dictaminado nuevamente su ilegalidad. A la pregunta, el presidente catalán contestó que no habían tratado el asunto porque "Rajoy sabe que hay líneas rojas y que es mejor no pisar".
Tiempo después, llegado el momento de preparar su ilegal consulta secesionista, el presidente catalán también se comprometió públicamente a hacer caso omiso a cuantos tribunales impidiesen su celebración; compromiso que reiteró y, finalmente, cumplió tras las dos sentencias del Tribunal Constitucional que teóricamente se lo impedían.
Ni que decir tiene que el Gobierno de Rajoy tampoco se ha atrevido a instar ningún proceso contra las estructuras de Estado que ya se están erigiendo en Cataluña, no sea que algún tribunal reconozca su ilegalidad y a él le toque lidiar con una nueva sentencia de las que no se atreve a hacer cumplir a los gobernantes autonómicos.
Por evitarse el tener que intervenir, y en otro orden de cosas, el Gobierno de Rajoy hasta ha hecho la vista gorda con los clamorosos incumplimientos autonómicos en la contención del déficit y así no tener que aplicar los mecanismos de "sanción e intervención" que contemplaba su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Que la secesionista Administración regional catalana haya sido la principal destinataria de los fondos de liquidez autonómica ilustra hasta qué extremo llega la renuencia de Rajoy a la hora de evitar el tener que enfrentarse a los gobernantes nacionalistas. El presidente del Gobierno sabe mejor que nadie que esa ayuda extraordinaria está permitiendo a los gobernantes nacionalistas financiar, de manera indirecta pero decisiva, un proceso secesionista de construcción nacional que cuesta mucho más que los gastos que acarrea una consulta como la del 9-N. Sin embargo, el temor de Rajoy a una suspensión de pagos de una Administración autonómica –suspensión que le obligaría a tener que tomar las riendas de la misma– es mayor que su aversión a que los gobernantes autonómicos destinen fondos públicos a esos ilegales y sediciosos menesteres.
Dejo para otro artículo la no menos involuntaria, pero también decisiva, influencia que la indolencia y pusilanimidad de Rajoy tiene en el hecho de que hayan surgido gobernantes municipales que creen que pueden dejar de pagar parte de la deuda de sus municipios.
Lo que me importa ahora subrayar es que la rocambolesca reforma legislativa, por la que se traslada al Tribunal Constitucional una labor propia del no por nada llamado Poder Ejecutivo, como es el de garantizar que se cumplan las sentencias, no tiene por objetivo más que ocultar ese pecado de omisión que, en términos políticos, es el incumplimiento del deber de hacer cumplir la ley y las sentencias.
De la misma forma que la Ley Wert y su supuesta pretensión de garantizar el derecho a estudiar en castellano no venia a cubrir ningún vacío legal, sino a encubrir la falta de determinación política a la hora de hacer cumplir las sentencias, no otra cosa viene a ocultar la mencionada reforma del Tribunal Constitucional.