A nadie debería extrañar que los nacionalistas utilicen TV3 y la Diada de forma electoralista. Siempre lo han hecho y ahora que reivindican y promocionan abiertamente la secesión de Cataluña no iban a ser menos. El hecho de que los convocantes de la "manifestación cívica" –la ANC y Omnium Cultural– tengan, a su vez, una participación expresa en la plataforma electoral Junts pel Sí convierte, ciertamente, la retransmisión en un acto de partido. Pero ¿qué es la TV3 sino una televisión de partido y uno de los instrumentos más eficaces del denominado "proceso de construcción nacional"?
Para subrayar el uso de la televisión pública, todos los días del año, a favor del ilegal y, al mismo tiempo, institucional proceso de ruptura que se vive en Cataluña no hace falta ver la denuncia que, contra su falta de imparcialidad, presentó el Colegio de Periodistas de Cataluña. Basta leer lo que decía el propio programa presupuestario de medios de comunicación social, adscrito a la Presidencia de la Generalidad, para justificar que en 2014 no sólo no se redujeran sino que aumentaran las subvenciones a la televisión regional: junto a las siempre recurrentes excusas en defensa de la lengua, se señalaba:
El Gobierno apuesta por que Cataluña disponga de unos medios públicos más potentes, que ya tenemos y que conviene preservar, ya que son uno de los símbolos más destacados por su papel principal en el desarrollo de la recuperación de nuestro autogobierno y en el proceso de construcción nacional.
Ciertamente, vistos los miles de millones de euros que, aun en medio de la crisis y de la supuesta lucha contra el déficit, se han destinado a la Televisión de Cataluña, no se puede acusar a la Generalidad de haber escatimado recursos a este decisivo instrumento propagandístico de la causa secesionista. Bien es cierto que esto ha sido posible, indirecta pero decisivamente, gracias a la vista gorda del Gobierno de Rajoy ante los incumplimientos de los topes de déficit autonómicos señalados en su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como a su privilegiada financiación a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica.
Por otra parte, no menos adscrito a la causa secesionista está un organismo público como el Consejo Asesor para la Transición Nacional, también adscrito a la Presidencia de la Generalidad, cuyas ilegales pretensiones secesionistas no disimula ni en el nombre. ¿Acaso no fue su presidente, Carles Viver Pi-Sunyer, el que, hace unos días, presentaba la hoja de ruta de Junts pel Sí hacia la independencia?
Podríamos seguir con otras incipientes y no menos ilegales estructuras de Estado, que ya se financian con el dinero del contribuyente; pero baste decir que los propagandistas de la causa separatista bien pueden tomarse un día de descanso en el caso de que prospere –si es que prospera– el recurso presentado por el PP ante la Junta Electoral Central contra la retransmisión de la manifestación de la Diada. Sobre todo si tenemos en cuenta los muchos días de descanso que se toma nuestra casi siempre dormida España constitucional.