Me parece que el juez Llarena está decidido a que todo el peso de la ley caiga sobre los golpistas catalanes. Y me lo parece, paradójicamente, gracias a dos resoluciones judiciales que, a primera vista, dan la impresión de todo lo contrario, como son su decisión de poner en libertad provisional a la mayor parte de los exconsejeros encarcelados y la de retirar la orden europea de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica.
Respecto a la primera decisión, no hay que confundir churras con merinas. De lo que estamos hablando es del levantamiento de una medida cautelar como es la prisión preventiva que ningún jurista puede interpretar como un anticipo de la privación de libertad a la que pueda ser condenado el acusado. Y el hecho de que el juez Llarena haya distinguido el grado de responsabilidad y el riego de reiteración delictiva o de fuga de alguien como Dolors Bassa –exconsejera de Trabajo a la que el juez ha concedido libertad provisional a la espera de juicio– frente al exvicepresidente Junqueras –al que mantiene en prisión preventiva– me parece que no destila otra cosa que rigor jurídico.
El hecho que el juez del tribunal Supremo haya sido más riguroso y cauteloso con Junqueras, Forn o los Jordis que con el resto de encarcelados, dada su mayor responsabilidad directa en los actos de violencia relacionados con el delito de sedición de los que se le acusa, desmiente, al menos de momento, esos rumores según los cuales Llarena –a diferencia de la juez Lamela– estaba menos predispuesto a apreciar ese componente violento que, desde la funesta reforma del Código Penal de 1995, es imprescindible para que cualquier alzamiento público encaminado a declarar la independencia de cualquier parte del territorio nacional –o a derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución pueda ser constitutivo de un delito de rebelión.
Esta aparente disposición de Llarena a juzgar a los golpistas por los delitos más graves por los que les acusa la Fiscalía también se puede apreciar es su más reciente decisión de retirar la orden internacional de detención que pesaba contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos a Bruselas. Y es que, habida cuenta de que la directiva europea establece que los Estados miembros resuelven las solicitudes de extradición según sus propias leyes penales, y teniendo presente también que los delitos de sedición y rebelión no están tipificados como tales en Bélgica, existía el riesgo de que los tribunales belgas denegaran la extradición. Tal vez para lograr esa extradición a toda costa la juez Lamela –a mi parecer de forma torpe pero bienintencionada– incluyó dos nuevos delitos –desobediencia y prevaricación– que no constaban expresamente en la acusación de la Fiscalía ni en los propios autos de prisión provisional de los acusados.
El riesgo al que se enfrentaba el proceso contra los golpistas no radicaba tanto en la denegación de la extradición de Puigdemont por parte de los tribunales belgas como en su concesión bajo la condición de que el cabecilla del golpe y los cuatro exconsejeros fugados sólo fueran juzgados por delitos menos graves como el de malversación, o incluso solo por los de desobediencia y prevaricación, que ni siquiera están penados con cárcel.
No le falta razón al juez Llarena al apreciar la contradicción y el disparate jurídico que supondría juzgar unos mismos hechos con dos varas de medir: los acusados que se quedaron en España podrían ser juzgados por los delitos más graves, mientras que los que se fugaron a Bruselas sólo podrían ser juzgados por los que accedieran los tribunales belgas. Y eso a pesar de la mayor responsabilidad de Puigdemont en todo el proceso delictivo.
Así las cosas, veo preferible que Puigdemont y el resto de los golpistas fugados sufran la pena de destierro a que sean juzgados por delitos mucho menos graves que los que han perpetrado y por los que serán juzgados el resto de los acusados.