Lo dije hace cuatro años, durante la primera fase del golpe de Estado en Cataluña, y lo reitero ahora: quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. La versión de Rajoy sobre el 9-N constituyó tal negación de la realidad delictiva de aquel primer referéndum secesionista que no me extrañó en absoluto que los abogados de Artur Mas reclamasen, llegado el juicio, la comparecencia del presidente del Gobierno como testigo de la defensa.
Volviendo a la segunda fase del golpe, tampoco me extrañaría que los abogados de Puigdemont, Junqueras y compañía llamaran durante el juicio del 1-O al incompetente y digno ministro de Rajoy Cristóbal Montoro como testigo de su defensa. El hecho de que el ministro de Hacienda vuelva a negar este lunes en el diario El Mundo el delito de malversación de fondos públicos perpetrado por el Gobierno golpista de la Generalidad, tal y como ya hiciera el pasado 31 de agosto, no es que ponga en peligro la extradición de Puigdemont, es que desacredita los cargos contra todos los acusados por ese delito.
Con todo, la repugnante y reiterada negación de este hecho delictivo por parte de Montoro no nos debe sorprender, teniendo en cuenta la decisiva pero silenciada responsabilidad política del Gobierno de Rajoy en este golpe de Estado, no por nada inconcluso. Rajoy en ningún momento se atrevió –tampoco Albert Rivera, por cierto– a condicionar la financiación extraordinaria a la Generalidad a la renuncia pública al delictivo y carísimo prusés. Tampoco el Gobierno de Rajoy se atrevió a instar querella penal alguna contra los golpistas por sus ostentosos delitos, no sólo de desobediencia. Tampoco el Gobierno se atrevió a aplicar el 155 de la Constitución para evitar, tal y como hubiera sido lo lógico, los delitos que los golpistas con tanta antelación nos habían anunciado.
La cuestión no es qué parte del FLA haya sido destinada a pagar la consulta ilegal. La cuestión decisiva es que el FLA desde 2012 está tapando los agujeros que deja el desvío de fondos públicos de la Generalidad hacia un abierto, público e ilegal proceso secesionista. Dicho de otra forma: aunque la Generalidad acreditase que con los fondos del FLA ha pagado cosas tan legales como el pago a las farmacias, lo que queda en evidencia es que los fondos propios de la Generalidad –aquellos que deberían haber pagado la factura farmacéutica– se han destinado a otra cosa. De ahí la incomprensible estupidez de tanto periodista con los llamados "pagos finalistas" del FLA con los que el Gobierno de Rajoy incomprensiblemente les viene vendiendo la moto desde hace ya tantos años.
La cuestión decisiva e innegable es que los gastos del prusés –que, por cierto, van mucho más allá de los de los referéndums– no los han pagado de su bolsillo los golpistas, sino que proceden del contribuyente. Dado que el dinero es un bien fungible, lo mismo da política y penalmente que el FLA haya pagado directamente las urnas o que haya tapado el agujero que el pago de las urnas haya dejado en otras partidas de gasto, por ejemplo el pago de intereses o el pago a las farmacias. La cuestión es que la Administración golpista destinaba y hasta presupuestaba dinero público a su ilegal proceso de secesión y que el Gobierno de la nación no sólo no la intervino sino que la financió de forma extraordinaria con tal de evitar que los gastos del prusés la arrastraran a la quiebra y a tener ineludiblemente que intervenirla ya por razones estrictamente económicas.
Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. También lo está de inconfesables cobardías. Montoro, simplemente, niega la existencia de aquello que su Gobierno no se atrevió a impedir, con la aquiescencia –por cierto– de toda la oposición.