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Guillermo Dupuy

No nos frenarán ni tribunales ni constituciones

Quien rehuye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra

Guillermo Dupuy
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A la vista de la recobrada unidad del frente separatista en torno al 9-N y del exitoso avance de los preparativos de la consulta secesionista, todo indica que Artur Mas tenía razón cuando pronosticó hace dos años: "No nos frenarán ni tribunales ni constituciones". Y es que de nada sirve lo que diga la Constitución o los pronunciamientos del Tribunal Constitucional si el Poder Ejecutivo, responsable de hacer cumplir la ley y las sentencias, tiene como prioridad absoluta no suspender la autonomía en rebeldía, no sentar en el banquillo a sus gobernantes y ni siquiera dejar de financiarlos de manera privilegiada.

Soy el primero en sumarme a las críticas a la prensa madrileña que el martes de la pasada semana anunciaba: "La ley doblega a Artur Mas", "Mas se rinde". Pero me temo que no es menos falso el titular de El Mundo del día siguiente: "El Gobierno actuará contra Mas si saca urnas a la calle". Lo más que hará este Gobierno del PP –y eso si lo hace– es plantear un incidente de ejecución que no implique denuncia de delito alguno. Nuestras élites políticas y judiciales se seguirán negando a otorgar validez jurídica a los ilegales pasos que están dando los separatistas, pero seguirán, con la cómplice o inconsciente colaboración de no pocos medios medios de comunicación, sin atreverse a reclamar que dichas ilegalidades tengan reproche penal.

Mucho se podrá decir en contra del fraude de ley, de la malversación de fondos públicos, de la prevaricaición, de la usurpación de atribuciones o del delito de desobediencia, salvo creer que estos delitos no se hayan perpetrado ya en Cataluña y que haya que esperar al 9-N. Lo que pasa es que quien rehuye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Y a eso estamos abocados: a que el Gobierno del PP se limite a negar la validez de los resultados de una consulta que nos aseguró que no se iba a celebrar. Como no hay predisposición al castigo, no duden ustedes de que tampoco entonces habrá por parte del Gobierno de Rajoy reconocimiento de la existencia de delito alguno.

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