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Plazaola y las mentiras de Fernández Díaz

Lo de que "hubiera sido ilegal" someter a Plazaola a vigilancia policial no por ser una verdad a medias deja de ser la peor de las mentiras.

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La fuga del etarra Plazaola hubiera supuesto en cualquier país serio la dimisión del ministro del Interior y, cuanto menos, la inhabilitación de los tres magistrados que, de forma clamorosamente contraria a derecho, lo pusieron en libertad.

Aquí, sin embargo, el gobierno logra minimizar el escándalo –ya de por sí reducido en una sociedad adormecida por sus medios de comunicación, fijando la atención en filtraciones o en algo tan absurdo como el tracto temporal que transcurre entre las 12:40 y las 24 horas del pasado martes. Es cierto que ese es el tiempo que transcurre desde que las agencias de información dan a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que anula el auto de excarcelación hasta que los agentes de la Policía y la Guardia Civil concluyen el registro de la casa de Plazaola sin encontrar en ella al etarra.

Sin embargo, y aquí está lo decisivo, Plazaola ya sabía positivamente que le iba a tocar volver a prisión desde el pasado 13 de enero, día en que se supo que el Tribunal Supremo, con ocasión del recurso planteado por la defensa del etarra Kepa Picabea, rechazaba descontar a los etarras las penas cumplidas en Francia. Que "el criterio adoptado por el pleno obligará a Santi Potros y a Plazaola a volver a prisión" es un titular que el etarra ahora fugado podía leer el 13 de enero en este periódico como en cualquier otro de este país. Lo único que hizo por aquel entonces este periódico fue reiterar su condena del entuerto judicial que supuso su excarcelación y advertir, por segunda vez, del riesgo de fuga en un editorial que llevaba por elocuente titulo "¿Volverán a prisión los etarras injustamente excarcelados?".

Era evidente la necesidad de someter a vigilancia policial a unos etarras que, desde el mismo momento de su excarcelación, en diciembre de 2014, ya podían presagiar su reingreso en prisión y que desde enero de este año ya lo podían dar por seguro.

Y es en este asunto, en el de la vigilancia policial, donde nos topamos con la segunda maniobra del ministro para minimizar este jueves el escándalo de la fuga. Nos referimos a su afirmación de que "hubiera sido ilegal" someter a vigilancia policial a Plazaola hasta que el Supremo anulase formalmente su puesta en libertad.

Esta afirmación del ministro no por ser una verdad a medias deja de ser la peor de las mentiras. En primer lugar, porque nadie ha reclamado una vigilancia policial invasiva que pudiera atentar contra su intimidad u obstaculizar la injusta libertad de movimientos que le habían procurado tres lamentables magistrados. Se trataba, por no hablar de los servicios de inteligencia, de una vigilancia no invasiva, perfectamente acorde a la ley y a los protocolos policiales, sobre alguien que, desde hacia meses, se sabía que había sido injustamente excarcelado y que tendría que volver a prisión. Se trataba de una vigilancia únicamente destinada a saber donde se encuentra. Se trataba de la misma vigilancia policial por la que, según han dicho de forma contradictoria los corifeos del ministro, se tenía localizado al etarra en su domicilio hasta el medio día de este mismo martes. ¿Qué pasa, que era legal saber dónde estaba Plazaola hasta las 12:40 del martes y luego dejó de serlo hasta la hora de ir a detenerlo?

Por otra parte, recordemos que, con ocasión de las no menos vergonzosas excarcelaciones de los violadores que se beneficiaron de la sentencia de Estrasburgo, se aseguró que dichos violadores serían sometidos a vigilancia. ¿Nos quiere decir Fernández Díaz que eso era una ilegalidad?

Venga hombre, a otro perro con ese hueso. Lo de la "ilegalidad de la vigilancia" de Plazaola es una engañosa argucia como lo fue aquella de decir que "el gobierno prevaricaría" si no soltaba a Bolinaga; mentira como la decir, como dijo nada más asumir la cartera de Interior, que sus antecesores socialistas en el cargo habían sido "ejemplares" y "respetuosos con el Estado de Derecho".

Lo único que pretende Fernández Díaz es ocultar su incompetencia en el asunto de este etarra fugado, que no deja de ser la misma increíble incompetencia que ha demostrado con otros etarras fugados, como Troitiño, De Juana Chaos o Josu Ternera. Y confiemos en eso, en que sólo se trate de incompetencia.

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