El único valor consultivo que tendrá la ilegal consulta secesionista del 1 de octubre, en caso de llegar a celebrarse, será el mismo que ya tuvo la del 9-N: constatar, una vez más, que la ley no se cumple en Cataluña. No digo yo que esto no sea razón más que suficiente para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, máximo responsable de cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. Sin embargo, está por ver que haya alguna formación con representación parlamentaria, o incluso algún medio de comunicación aparte de este, que reclame al presidente del Gobierno que asuma sus responsabilidades políticas por no haber cumplido –por segunda vez– su público compromiso de impedir que este nuevo desafío a nuestro Estado de Derecho llegue a consumarse.
Es cierto que a Rajoy le llovieron muchas críticas tras celebrarse el 9-N por parte de muchos que, tal y como dijo el presidente del Gobierno, "no se habían atrevido a decir qué querían que hiciera para impedirlo". Tal fue, efectiva y lamentablemente, el caso de la extinta UPyD de Rosa Diez, del Ciudadanos de Albert Rivera e incluso de la Plataforma Libres e Iguales, algunos de cuyos más publicitados integrantes, como Arcadi España, habían aplaudido hasta escasos días antes del 9-N la pasividad y el silencio del Gobierno de Rajoy como un "modo de limitar el ruido y hasta una sutil forma de desprecio".
Desde entonces hasta ahora, UPyD y la plataforma Libres e Iguales han abogado abiertamente por suspender la Administración autonómica en manos de los golpistas o por condicionar, al menos, su financiación extraordinaria a cargo del FLA a un público acatamiento del orden constitucional por parte de sus sediciosos responsables. Incluso Juan Luis Cebrián, en entrevista concedida a Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, instó hace unos meses al Gobierno de Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución y a enviar a prisión a quien incumpla la ley.
Sucede, sin embargo, que una plataforma como Libres e Iguales no tiene ni puede tener representación parlamentaria, que UPyD la ha perdido y que los lúcidos pero aparentemente efímeros reproches de Cebrián al Gobierno de Rajoy por "no haber afrontado el desafío" y no haber ejercido su poder para hacer cumplir la ley" no han tenido, en ningún momento, reflejo editorial en El País.
Peor si cabe es el caso de Ciudadanos, formación que, a día de hoy, sigue, como el Gobierno del PP, sin atreverse a reivindicar la suspensión de la autonomía ni a condicionar su financiación extraordinaria a la renuncia de sus mandatarios a perpetrar nuevos delitos contra nuestra soberanía nacional. Como el PP de Rajoy, Ciudadanos se limita a confiar en que los funcionarios se rebelen contra los sediciosos mandatarios regionales empecinados en dejar en evidencia que no es necesario que Cataluña disponga de un Estado independiente en forma de República para que sus mandatarios regionales hagan los que le venga en gana y para que se constate la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho.
A escasos cuatro meses del 1 de octubre, poco margen le queda al Gobierno de Rajoy para impedir de forma efectiva lo que la ley y sus propios compromisos verbales le obligan a impedir. Lo más que pueden es confiar es que sean las propias desavenencias entre los impulsores del mal llamado derecho a decidir o las bochornosas ofertas económicas que el Gobierno de Rajoy, con el respaldo de Cs, les ha ofrecido, las que les lleven a desconvocar esta nueva consulta ilegal para la que los golpistas ya tienen pregunta y fecha.
Sin embargo, si consuman su proyectado delito, tal y como ya hicieron el 9-N, no nos extrañe ver a Rajoy diciendo que él ha actuado con "proporcionalidad" y rechazando las críticas de quienes "no se han atrevido a decir qué querían que hiciera para impedirlo".