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Hana Fischer

Constituciones inconstitucionales

Actualmente, las sociedades desarrolladas tienen claro que las constituciones se hacen con el único objeto de proteger y garantizar los derechos individuales fundamentales

Se dice que los hombres que se destacan en la historia, por acciones nobles o despreciables, son hijos de su tiempo. En ese sentido, es indudable que Alberto Fujimori inauguró una "sutil" forma de despotismo. Una innovación –cuyo antecedente más cercano es el PRI mexicano– que hoy tiene muchos seguidores en el continente.
 
Hacia fines del siglo XX, la sensibilidad latinoamericana no admitía más el antiguo estilo de ser tirano: el "caudillo" militar, que mediante un golpe de Estado se hacía del poder. Los pueblos dejaron de apoyar a ese tipo de gobierno. Por eso, fue necesario encontrar formas nuevas para seguir perpetuando los viejos vicios políticos. La novedad consistió en introducir bajo "formas" democráticas la "sustancia" dictatorial.
 
Fujimori introdujo en el Perú el sistema de dictadura "constitucional". Siendo civil fue electo y sostenido en la presidencia a través del voto popular. Sin embargo, encarnó una de las dictaduras más siniestras y corruptas que se recuerden en su país.
 
Hugo Chávez parece seguir sus huellas. Su reciente confirmación en la primera magistratura de Venezuela sería un indicio. Chávez, ex militar, comenzó su "carrera" política, con el intento fallido de dar un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
 
El mismo declaró a la prensa que durante su "retiro" involuntario tuvo mucho tiempo para "reflexionar", acerca de las causas de su "derrota". Así comprendió que, como dice Simón Bolívar, es imposible gobernar en contra de la opinión pública. Presumiblemente, fue durante esos años que maduró la "Constitución Bolivariana" que ahora rige a su patria. Igualmente, las formas de "conquistar" el favor del pueblo.
 
El gobierno de Brasil comienza a mostrar que también sigue "el camino del Inca". Recientemente ha concretado un proyecto de ley para controlar a la prensa. Esto había sido anticipado por Luiz Inácio “Lula” Da Silva hace unos meses.
 
La iniciativa no habla de someter ni censurar, pero lo que procura es igual: "orientar, disciplinar y fiscalizar" al periodismo. ¿Habrá contratado como asesor a Vladimiro Montesinos, un "experto" en la materia?
 
La gran tragedia de los latinoamericanos es que para nosotros aún no ha llegado el "siglo de las luces". De tal forma que tropezamos siempre con la misma piedra. Porque caminamos a tientas en la oscuridad.
 
Un notable pensador del siglo XVIII observó que a lo largo de la historia hubo muchos gobiernos populares. No obstante, lo que nunca hubo fue una autoridad limitada. Logró convencer a sus conciudadanos que esa era la "diferencia" cualitativa y la Constitución de su nación reposó sobre ese principio. Desde entonces, es una de las comunidades más prósperas, libres y poderosas de la tierra.
 
Actualmente, las sociedades desarrolladas tienen claro que las constituciones se hacen con el único objeto de proteger y garantizar los derechos individuales fundamentales.
 
No confunden las cosas. El voto popular tiene como finalidad elegir a los gobernantes. Por lo tanto, es "nula y sin valor" por "inconstitucional" cualquier disposición por "legitimada" que parezca, si por medio de ella se pretende imponer la arbitrariedad y los abusos. Así de simple, aunque nosotros no lo practiquemos.
 
En el Uruguay, un sindicato de funcionarios estatales formó una "Comisión de Defensa de la Vida y el Agua" que impulsa una reforma constitucional, que se plebiscitará el 31 de octubre con la elección nacional. La reforma es apoyada por los dos candidatos con mayores chances de triunfo.
 
El texto plantea que los servicios de saneamiento y agua potable "serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, y por lo tanto, quedan sin efecto las concesiones o permisos que haya otorgado el Estado en ese sector". Asimismo, se limita la indemnización a esos concesionarios, aunque se vean privados de sus explotaciones.
 
Además, es cínico declarar que el "acceso al agua potable es un derecho universal" para anular los medios para alcanzar ese fin.
 
Lo que sucede es que también aquí, lenta pero persistentemente, los derechos individuales se "sacrifican" en pos de los "intereses colectivos".
 
© AIPE
 
Hana  Fischer es analista uruguaya

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