En el largo recorrido de la historia económica del hombre se han producido dos acontecimientos decisivos. El primero fue la Revolución del Neolítico, cuando hace 10.000 años el hombre aprendió a cultivar la tierra y a domesticar los animales. Se dio, entonces, un paso gigantesco hacia el objetivo de producir alimentos y otros bienes que aseguraran la subsistencia. Pero, salvo para algunos pocos privilegiados, la miseria crónica siguió siendo el estado natural de las cosas para la inmensa mayoría de la gente.
Esta pobreza usual de la humanidad comienza a desaparecer con la llegada del segundo gran evento: el capitalismo. La libertad de comercio, de inversión y de contratación ha creado en dos siglos muchísima más riqueza que en todo el resto de la historia humana. Y este bienestar ha alcanzado a grandes porciones de la población mundial.
No obstante, hay algo que suele pasar desapercibido al estudiar estos dos hitos históricos. El “hecho generador” del salto cualitativo del neolítico, que permitió una primera liberación del hombre de sus necesidades más inmediatas, es decir, un cierto grado de desarrollo, fue el establecimiento de la institución de la propiedad privada.
Y con el capitalismo se dio esa explosión de prosperidad porque la verdadera revolución fue la de asegurar, a través de las instituciones, el efectivo derecho a la propiedad privada. La apertura comercial, la libertad de movimientos de capital, incluidas las inversiones directas (deslocalización de empresas) y los flujos migratorios de mano de obra, en una palabra la globalización es el único camino posible y ya ensayado por los países que han conseguido salir de la pobreza.
América Latina en general, y Uruguay en particular, han hecho una evolución histórica a contrapelo de esa tendencia mundial. Del capitalismo que surgió tras los procesos revolucionarios nacionales se retrocedió hasta posturas propias del neolítico. Y, sin duda, el estatismo imperante en nuestros países es el gran culpable de esa involución cultural e histórica.
El PIB uruguayo era en 1998 de US$ 22.371 millones y a fines de 2002 había disminuido a US$ 12.321 millones. Sin embargo –y máximo responsable de esa tremenda destrucción de riqueza– el gasto del Estado se mantuvo constante en términos reales y con tendencia a aumentar. Tras cinco años consecutivos de recesión nacional ininterrumpidos, el campo uruguayo se convirtió en los últimos meses en un polo de atracción de capitales: en lo que va del año se logró el récord histórico de ventas (tanto en superficie como en el monto total alcanzado en esas operaciones). Las ventas de campos son consecuencia del auge de inversiones de extranjeros.
Pero, lo que debería ser motivo de optimismo, está provocando “malestar” en ciertos grupos políticos y sociales. Por eso, en estos días se escuchan a través de la prensa, este tipo de comentarios de influyentes miembros del Parlamento: “Existe mucha preocupación por la extranjerización de la tierra. Hay gente que se siente desplazada porque vienen los capitales que empiezan a comprar y comprar…” Además, proponen “castigar” tributariamente a los dueños de los campos, porque “…lo que tiene que haber en el Uruguay son políticas que incentiven la producción y aquel que esté sin producir que sea castigado. Ese es el quid de la cuestión de la producción. Allí es donde aparece el papel del Estado…”
A estudio de la Comisión de Ganadería del Senado hay un proyecto de ley que prohíbe a las sociedades anónimas con acciones al portador el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y la explotación agropecuaria. El fundamento teórico esgrimido es que “Uruguay vive de la tierra. Nuestras mayores exportaciones provienen del sector agropecuario… Entonces hay que asumir que la tierra es un bien de carácter social, vivimos de eso”.
Obviamente que con “vivimos de eso” no puede estar refiriéndose a otra cosa que al aparato estatal y sus amigos. Y para preservar privilegios, todo vale. Hasta mantener o retrotraer a una sociedad entera al neolítico.
Hana Fischer es analista uruguaya.
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