El tema de la emigración se ha analizado desde muchos puntos de vista, pero el aspecto económico es uno de los más importantes, si lo consideramos desde la perspectiva individual del emigrante. También lo es si investigamos las repercusiones que tienen las migraciones masivas, tanto para los países "expulsores" de población como para aquellos receptores de la misma.
No obstante, hay otro factor menos visible pero aún más relevante, que subyace tras el fenómeno de las sangrías poblacionales: el moral. En efecto, el éxodo es la consecuencia palpable de que, en ese país, las prácticas inmorales de los gobernantes han sobrepasado lo que una gran proporción de los habitantes considera como tolerable. Así de sencillo.
Como el lenguaje político es tan ambiguo, conviene que aclaremos a qué nos estamos refiriendo al hablar de "moral". Es ampliamente aceptado que la moral está íntimamente relacionada con el bien y el mal. Es decir, con aquellas conductas juzgadas como correctas o incorrectas. Y a su vez, con el concepto de Justicia. En última instancia, algo "bueno" es lo que es "justo".
Compartimos la opinión de Friedrich Hayek acerca de la moral cuando dice que la ética es un orden espontáneo. Que la gente, con el correr del tiempo, ha considerado como "moralmente buenas" aquellas acciones e instituciones que mejor han contribuido a mantener al mayor número de personas con vida; y malas, las opuestas. Hayek aclara que ese es un proceso intuitivo y no enteramente consciente. Pero lo cierto es que, más allá de lo que nos quiera imponer el derecho "positivo", en nuestro interior cada uno de nosotros sabe perfectamente la diferencia entre el mal y el bien.
Por eso, los sistemas éticos "abstractos" son los mayores enemigos de la verdadera moral.
El Gobierno uruguayo da múltiples ejemplos que ilustran claramente lo que queremos decir. Las administraciones anteriores también incurrieron en prácticas semejantes, pero la actual, quizás por falta de "práctica" en el poder, es más "transparente" en sus acciones.
En un reciente seminario internacional sobre emigración, las autoridades gubernamentales manifestaron su "preocupación" por el "drenaje sin fin" de uruguayos calificados en el sector salud, que emigran a los países desarrollados. Un director de la Cancillería propuso solicitar a las naciones que reciben a emigrantes altamente calificados "formas de compensación o pago" por esos recursos humanos.
Nuestro presidente, Tabaré Vázquez, es oncólogo y tiene relaciones muy estrechas con empresas médicas. Desde el mismo momento en que asumió su cargo, la política del Ministerio de Salud Pública en el área oncológica ha sido la de premiar a sus amigos y castigar o sacar del camino mediante diversos procedimientos a todos los que puedan perturbar o que hayan molestado en el pasado a ciertos intereses privados. Incluso se recurre al manido expediente de ensuciar sin fundamento el buen nombre de prestigiosos colegas, quienes a la vez son competidores en la profesión.
En abril, la ministra de Salud Pública expresó públicamente que su cartera pondría una "barrera" a la adquisición de equipamiento médico por parte de empresarios privados. Actualmente, la "tecnología punta" del sector salud sólo puede ingresar legalmente al país a través del sistema público. Asimismo decidió prohibir la vacuna contra el cáncer de útero. Dijo que "incorporarla sólo para quienes pueden pagarla nos parece injusto. Incorporar una vacuna significa incorporarla con igualdad de oportunidades, para el que la pueda pagar y para el que no puede".
Esta misma filosofía guía la reforma de la salud que impulsa el Gobierno. Su eje fundamental es ignorar las libertades y derechos individuales. Al mismo tiempo, las empresas médicas donde Vázquez ha seguido trabajando hasta hoy se verán sumamente beneficiadas, en detrimento de otras. Lo que sobrepasa todo lo moralmente calificable que, con esto, el Gobierno proponga lucrar a costa de las víctimas de sus propias acciones.
