La seguridad jurídica es la estructura legal de una sociedad basada en la limitación del poder. Es lo que diferencia a Estados Unidos de las naciones latinoamericanas; es el abismo infranqueable que nos impide alcanzar la prosperidad y retiene a Latinoamérica sumergida en el subdesarrollo, con grandes porciones de nuestra población hundidas en la desesperanza y la miseria.
¿Sabe Ud. cómo opera en la práctica la seguridad jurídica? Pues atándoles las manos a los “bienintencionados” políticos, para impedirles que esquilmen impunemente a indefensos ciudadanos.
Voy a relatar una breve historia real que ilustra de qué modo actúa la inseguridad jurídica, empobreciendo a los habitantes corrientes, a la vez que agiganta el poder de los políticos y su aparato burocrático (llamado comúnmente “Estado”) y, por consiguiente, aumentando injustamente el bienestar material de ese “selecto” grupo y sus amigos.
Uruguay nació a la vida independiente en 1825. Como la mayoría de las naciones latinoamericanas, en su primera constitución (1830) quiso emular a la de la “gran democracia del norte”, de donde provenía la “luz”, según Alexis de Tocqueville. Entonces se vivieron simultáneamente dos realidades históricas: mientras los políticos (“caudillos”) se peleaban en las cuchillas, la sociedad civil, fuera del foco de atención de éstos, prosperaba.
Durante el siglo XIX, el Uruguay se convirtió en una de las regiones agropecuarias más productivas del mundo, por la combinación de capital y tecnología inglesas y de inmigrantes italianos. Bajo esa realidad, mi país se llenó de ferrocarriles, de puertos, de caminos, de fábricas. Se convirtió, junto con Argentina, en uno de los destinos preferidos, en el refugio por excelencia, de los perseguidos y los pobres de Europa.
Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la dupla Argentina-Uruguay se transformó en una de las regiones más prósperas y de futuro más promisorio del mundo. Las familias obreras preveían sus necesidades para la ancianidad. Trabajaban duro, ahorraban e invertían.
Pero en los albores del siglo XX surgió en el Uruguay el Estado “moderno”. Los políticos dejaron de guerrear entre sí y decidieron más bien dedicarse a “proteger” a la sociedad civil. Bajo este nuevo esquema, el estímulo dado desde el poder para imponer un nacionalismo xenófobo en lo económico fue un factor decisivo para alcanzar un nuevo equilibrio político, económico y social.
De esa época data la primera reforma de la Constitución, ampliando las prerrogativas del Estado. Las sucesivas reformas no hicieron más que incrementar su poder. Y fue así que en la medida en que el Estado extendía sus tentáculos en todas direcciones –controlando, regulando y “protegiendo” mediante leyes a la sociedad civil–, la vitalidad económica decaía succionada por éste, mediante impuestos y estratagemas.
El “paraguas protector” adoptó la forma de intromisión frecuente en el funcionamiento de los mercados, con fines políticos. La modificación compulsiva de los contratos entre particulares es una realidad reiterada. Más que legisladores, parecerían creerse semidioses.
Las empresas más grandes son las estatales. Más de la mitad de la banca uruguaya está en manos del Estado. Los servicios públicos gubernativos no son sólo malos sino los más caros del mundo. Es directamente proporcional la proliferación de suntuosos edificios públicos con la merma de la inmigración y la explosión de la emigración.
Actualmente, el crédito privado –tanto internacional como nacional– está suspendido. Tenemos la tasa de inversión más baja de América Latina y una presión fiscal de las más altas. Cuatro años consecutivos de recesión prácticamente han barrido con las empresas privadas del país. El paro forzoso ronda el 20% de la población económicamente activa.
Hoy, Argentina yace en el suelo; Uruguay, tan sólo de rodillas. Si el “tiro de gracia” se lo dio Domingo Cavallo a la Argentina con sus nefastas imposiciones a los bancos, ahora en el Uruguay, a través de normativas del Banco Central y con total desparpajo, se está realizando el más infame saqueo de los ahorros previsionales privados de los trabajadores uruguayos. Nuestra seguridad jurídica brilla por su ausencia.
Hana Fischer es analista uruguaya.
© AIPE
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