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Protestas estudiantiles

el 87 por ciento respalda los movimientos estudiantiles recientes, que amenazan desencadenar una legislación perjudicial y ya han significado graves daños a la propiedad pública y privada

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En los últimos tiempos hemos sido más chilenos que nunca. Pues un rasgo fundamental de la nacionalidad consiste en cerrar filas cuando se trata de cometer grandes disparates. Y leo que, según las encuestas, el 87 por ciento respalda los movimientos estudiantiles recientes, que amenazan desencadenar una legislación perjudicial y ya han significado graves daños a la propiedad pública y privada, comisión de delitos (destruir mobiliario urbano, lanzar proyectiles a la policía y tomar a la fuerza colegios), incumplimiento de su deber por parte de los alumnos (el de ir a clases) y de muchos profesores que los alentaron (siendo el suyo hacer las clases y mantener la disciplina).
 
Los estudiantes querían, como todos los chilenos, recibir cosas gratuitamente: billetes para el transporte público y selectividad sin pagar tasas. Como el ministro de Educación les respondió inicialmente una cosa razonable y obvia (que no negociaría ante medidas de fuerza ilegales), tambaleó en su cargo y fue desautorizado. La subsecretaria abordó entonces la solución del conflicto, pero aquél ya se había dado cuenta por dónde venía la mano, de modo que recuperó el control y se dejó de legalismos. Al final, el Gobierno cedió en todo.
 
No obstante ello, los estudiantes se ensañaron con el centro de Santiago, destruyendo, saqueando y lanzando proyectiles a los carabineros. Éstos procuraron salvar el pellejo y repeler las agresiones, pero la Presidenta Bachelet los acusó de "excesos, abusos y violencia injustificable". Entonces, los guardianes del orden recordaron que pertenecen al sector más débil de la sociedad y pidieron excusas por intentar hacer respetar las leyes y proteger la propiedad pública (incluida La Moneda, donde estaba la Presidenta) y la privada. Recogieron a sus heridos y sancionaron al jefe policial que reprimió con energía a algunos vándalos.
 
Como el conflicto había derivado hacia algo que los estudiantes no tuvieron inicialmente en cuenta (los desastrosos resultados de la educación pública), la Presidenta acudió al "Manual chileno de solución de problemas nacionales" y anunció que nombraría una comisión y dictaría nuevas leyes. De acuerdo con la tradición de centroizquierda, esto va a significar más gasto público y más burocracia (Superintendencia de Educación). En cuanto al problema mismo, puede anticiparse que empeorará, pues se fortalecerá la enseñanza estatal (la de peores resultados), restándole libertad de emprender a la particular (que registra los mejores).
 
Viendo los destellos estelares de chilenidad emanados del Ejecutivo, el Poder Judicial no quiso ser menos y la sala penal de la Corte Suprema, por unanimidad, dictó un fallo según el cual los imputados por un delito (en este caso, pertenecientes al sector más débil de la sociedad, naturalmente) deben probar su inocencia. Esto, como es bien sabido, contradice la presunción de inocencia, principio básico del derecho penal ancestral y de la normativa chilena vigente.
 
Mi padre me enseñó a nunca presumir mala fe en actuaciones atribuibles a ignorancia o a cortos alcances. Siguiendo su consejo, juzgo que la sala penal procedió de buena fe.
 
Claro, hay una explicación para su fallo: la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD) comprobó que el 80 por ciento de los chilenos entre 16 y 65 años no comprende lo que lee. La probabilidad de que esto mismo les suceda a los llamados a leer, entender y aplicar los fundamentos del derecho penal y nuestros códigos del ramo es, pues, bastante alta.
 
© AIPE
 
Hermógenes Pérez de Arce, es analista político chileno

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