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EEUU

Apertura comercial

La administración Bush y su recién confirmado Representante Comercial, Robert Zoellick, quien es miembro del gabinete, deben instrumentar una política agresiva de apertura comercial, haciendo énfasis en las ventajas del libre comercio para todos los países involucrados. Ello aportaría beneficios tangibles tanto a los consumidores como a los productores.

Daniel T. Griswold
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Para ello hay que avanzar en seis frentes. Conceder a los estadounidenses una rebaja arancelaria. Un buen sitio donde comenzar es con las cuotas azucareras, las cuales les cuestan casi mil millones de dólares a los consumidores para beneficiar a unos pocos productores que gozan de buenas conexiones políticas. Aquí siguen habiendo altas barreras contra las importaciones de productos lácteos, ropa, textiles, maderas y servicios de cabotaje. Eliminar tales barreras beneficia a las familias norteamericanas, le asientan un golpe a privilegios corporativos y dan un buen ejemplo a nuestros socios comerciales.

Lograr arreglos con los europeos en los pleitos comerciales. Las represalias no benefician a nadie. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los europeos por 300 millones de dólares en el caso de la carne y las bananas dañan a los distribuidores y a los consumidores en nuestro país, a la vez que provoca represalias por parte de los europeos en otras disputas.

Abrir nuestro mercado a los países pobres. Llamémoslo compasión conservadora a escala global. Un reciente estudio del Banco Mundial muestra que Estados Unidos y las demás naciones industrializadas mantienen altísimas barreras contra las más importantes exportaciones de los países más pobres, tales como ropa, textiles y productos agrícolas, siendo estas mucho más altas que las aplicadas a las exportaciones de los países industrializados. La Unión Europea anunció recientemente una propuesta de eliminar todas las barreras a las exportaciones de los 48 países más pobres, exceptuando armamentos. Estados Unidos debe hacer lo mismo.

Iniciemos una ronda de la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo el principio de “acceso a los mercados”, con el fin de desmontar las barreras al intercambio en servicios, productos agrícolas y bienes manufacturados. Los demás temas deben ser pospuestos. Una investigación del gobierno de Australia estima que reducir las barreras a la mitad aumentaría el bienestar mundial en 90 mil millones de dólares en intercambio agrícola y en 250 mil millones de dólares en servicios.

Saquémosle el cuerpo a las discusiones laborales y ambientales. Los representantes de los países en desarrollo saben que cualquier acuerdo sujeto a normas laborales y ambientales suele ser secuestrado por grupos proteccionistas empeñados en bloquear sus productos de exportación más competitivos. El libre comercio no es el enemigo de más altos estándares. Por el contrario, la promoción del desarrollo económico y el libre comercio en ideas, tecnología y gente fomenta la democracia y más altas normas tanto laborales como ambientales. Si Estados Unidos insiste en imponer normas ambientales y laborales en futuros acuerdos comerciales, estos no se lograrán, lo cual dificultará futuras mejoras en el campo laboral y ambiental de esas mismas naciones.

Desechemos las reglas antidumping. Ellas fueron una de las causas del fracaso de la reunión ministerial del OMC en Seattle. Las leyes antidumping no sirven ningún propósito económico racional, sino que castigan injustamente a productores extranjeros por actuaciones que son perfectamente legales para empresas norteamericanas. Su razón de ser es aumentar el precio interno del acero y bienes protegidos, a expensas de los consumidores y de industrias que utilizan esos productos. Una ley mala fue empeorada el año pasado con la enmienda Byrd, la cual traspasa el botín de los aranceles a manos de las industrias que exigen protección. Las leyes antidumping deben ser revocadas.

Estas seis medidas liberarían a los norteamericanos del peso de nuestras propias barreras y servirían de base para negociar la disminución de aranceles a nuestras exportaciones.

© AIPE

Daniel T. Griswold es subdirector del Centro de Estudio de Políticas comerciales del Cato Institute.
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