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LOS ORíGENES DE LA GUERRA CIVIL ESPAñOLA

Capítulo IV: La solución Thiers

Libertad Digital publica esta semana, en exclusiva, el cuarto capítulo de "Los orígenes de la guerra civil", tomo II : "El derrumbe de la República y del Frente Popular". El autor, Pío Moa, sigue abordando las consecuencias en el Parlamento de la insurrección de octubre de 1934.

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El debate parlamentario del 5 de noviembre sobre la reciente insurrección cobró un dramatismo y significación especiales cuando intervino Melquíades Álvarez, viejo político en otros tiempos izquierdista y participante en la huelga revolucionaria de 1917, también jefe de Azaña cuando éste hacía sus primeras armas en la vida pública. Habiendo evolucionado a posiciones conservadoras, y muy asustado por los acontecimientos, Álvarez tomó, al igual que los insurrectos pero en sentido contrario, el ejemplo de la Comuna de parís de 1871: “Thiers (...) cuando presenció los horrores de la Commune, fusiló, y fusiló produciendo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la república, salvó las instituciones y mantuvo el orden”. Afirmó que la barbarie de los rebeldes de octubre ahuyentaba la natural predisposición a la piedad.

Cambó, el histórico líder catalanista de derecha, demandó “la máxima autoridad del Gobierno” para evitar el caos, y criticó sus indecisiones, que están sembrando “depresión en el espíritu público”. Pidió no agravar las penas, pero evitar las amnistías. España, dijo, era el país de las amnistías, y el español, citó de Ganivet, “primero se siente justiciero y quiere castigar muy duramente, pero inmediatamente se siente piadoso y quiere borrar por el perdón las penas que los tribunales han impuesto”; y de ahí la facilidad por las revueltas. Los condenados a años de prisión “están convencidos de que (...) en diez o doce meses se verán amnistiados”. En contradicción con su solicitud de indulto para Pérez Farrás, pidió pocas penas de muerte, pero ejecutadas. Alertó de que “la crisis actual es de una gravedad inaudita (...) (y) lo más grave es que coincide con una profunda crisis espiritual de la sociedad española”, para superar la cual sería preciso “la floración intensa de un patriotismo (...) afirmativo, porque en España pasan los años y los siglos con afirmaciones de patriotismo negativo”. El gobierno debía atender a otros asuntos perentorios y no estancarse en la liquidación del movimiento de octubre, insistió.

Calvo Sotelo, que descollaba como el mejor tribuno monárquico, pronunció las frases más radicales: “El entusiasmo de ayer se ha trocado en desesperanza (...) Los elementos revolucionarios se están rehaciendo espiritual y moralmente a marcha vertiginosa, y es que se sientes apoyados y protegidos por algo o alguien que no es fácil de definir; por un fluido magnético que sopla de no sé qué alturas invisibles”. Era una nueva acusación a la masonería, o quizá a Alcalá-Zamora. “En pleno estado de guerra se difunde una prensa clandestina que ataca con prosa soez al Gobierno y sus representantes (...) Se habla de inminentes huelgas con entera naturalidad. ¿Por qué se tolera la cotización descarada (...) para indemnizar a todos los (rebeldes) que hayan sufrido daño como consecuencia de la revolución social? El Gobierno no tiene poder para impedir que se levante frente a él otro poder clandestino e ilegal”.

Aseguró que en ningún país se daba el caso de que apenas aplastada una revolución surgiesen amenazas de nuevas revueltas, como una anunciada aquellos días por la CNT. Gil Robles contestó que a los ocho días de la revuelta espartaquista en Alemania, saldada, dijo, con trescientos fusilamientos, se preparaba un nuevo salto revolucionario. El monárquico atribuyó el hecho a la desorganización del ejército alemán. Asumió luego el argumento de Melquíades Álvarez sobre la represión de la Commune: “La República francesa vive, no por la Comuna, sino por la represión de la Comuna (el señor Maeztu: “¡Cuarenta mil fusilamientos!”)* Aquellos fusilamientos aseguraron sesenta años de paz social”. El ejemplo francés cundía, por tanto, en la derecha lo mismo que en la izquierda. Contradiciéndose en parte, rebatió al jefe del Gobierno Lerroux, que por aquellos días invocaba el lema “¡crueldad no!”: “¿Quién pide en España crueldad? (...) Lo que pedimos a S. S. Es que no haya crueldad para los criminales, pero que tampoco haya crueldad para los 22 millones de españoles que están expuestos a sufrir otra ola criminal semejante”.

*La represión de la Commune fue brutal, aunque sus cifras han sido revisadas muy a la baja



Denunció la táctica del PSOE, que “discrepa de la de todos los partidos (socialistas) solventes de Europa, puesto que ninguno patrocina la lucha de clases en su forma violenta”. En consecuencia, “debemos sentar el principio con todas sus consecuencias: hay que suprimir la lucha de clase. Como hecho y como propaganda. El morbo que lleva al país a estas luchas feroces no está sólo en los partidos; hay que buscarla, además, en los cuerpos legales de la misma República. La Constitución republicana (...) no tiene mañana”.

Al igual que otros derechistas, intentó Calvo una acusación en regla contra el presidente Alcalá-Zamora por conducta ilegal. “Entre los indultados había reos de rebelión militar y alta traición. Indultando a Pérez Farrás habéis cometido un crimen al ejecutar a esos dos desgraciados. ¿Qué más queda del espíritu de las Constituyentes? Queda la cúspide del Estado, y yo digo que si hay cuarenta y nueve diputados que asocien su firma a la mía se presentará una petición de discusión para acusar por responsabilidades políticas y criminales al jefe del Estado, que ha infringido la Constitución y ha pisoteado el espíritu representado por esta Cámara”.

Las palabras de Calvo impresionaron a los diputados, y hubo peligro de que las fuerzas vencedoras se desgarrasen. El propio líder cedista, aunque rebatió las expresiones totalitarias del monárquico y la idea de una represión sangrienta y masiva, estaba de acuerdo con él en lo referente a Alcalá-Zamora y el “impunismo”, y tuvo que hablar en contra de su convicción: “Fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles de mi vida política”, recordará. Señaló: “El indulto es una facultad que corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros. Si el Gobierno no cree oportuno poner en conocimiento del Jefe de Estado el casi, sin aquél ninguna autoridad puede intervenir. ¡Queda sentada la tesis!”. Pero se negó a extraer el corolario de encausar al presidente, como exigía Calvo, porque “si en el fragor de un período revolucionario planteara yo una cuestión previa al Gobierno para luego examinar si el jefe del estado ha cumplido o no con su deber, me convertiría en un revolucionario dentro de ese mismo Gobierno”, de modo que “sin entrar en el examen de las razones expuestas, demostré la inoportunidad del debate, y mucho más las consecuencias que pretendían deducirse del mismo, en unos instantes en que, apenas dominados lis principales grupos rebeldes, amenazaba estallar otro movimiento subversivo” (1)



La mayoría de las Cortes secundó al líder de la CEDA y dio su confianza al gobierno. Los monárquicos alfonsinos y tradicionalistas se abstuvieron. Los nacionalistas catalanes de la Lliga y los vascos del PNV habían anunciado también la abstención, pero ante la amenaza de otro movimiento subversivo, y para no ser imputados de insolidarios, apoyaron asimismo a Lerroux.

Los días 7 y 8 el Parlamento trató las responsabilidades. Los monárquicos denunciaron imprevisión ante el golpe de octubre, planteando un “velado voto de censura al gobierno”. Éste, aconsejado por Gil-Robles superó el trance echando por la borda a los ministros más criticados, Samper y Diego Hidalgo, ministros de Estado y de la Guerra respectivamente. Tal solución disgustó a los radicales y levantó graves resquemores entre ellos y la CEDA.

Peor fue el enojo de los monárquicos, con quienes la CEDA había tenido siempre un trato espinoso. Pasaron, dice Gil-Robles, a “zaherirme sin piedad, como si fuera un verdadero traidor. Todas las armas resultaron buenas para quebrantar y destruir, en lo posible, a un partido que (...) procuraba no agudizar los problemas espirituales de España”. Desde hacía tiempo, los monárquicos, acaudillados por la resuelta personalidad de Calvo Sotelo, trataban de formar con los grupos más extremos un “Bloque Nacional” que “tendría como misión primordial sembrar la mística de la reforma estatal totalitaria”. En noviembre, cada vez más irritados con la derecha católica, procuraban la abierta ruptura con ella desde una posición de fuerza. (2)

El 8 de diciembre el Bloque Nacional dio a conocer su manifiesto, redactado por Pedro Sainz Rodríguez, intelectual de cierto relieve y conspirador compulsivo. El manifiesto atribuía la revolución a “causas políticas (...) cuya extirpación necesaria es empeño inaccesible a los actuales gobernantes”. Proponía un referéndum con las preguntas: “¿Acepta o rechaza España el laicismo? ¿Quiere o no España la restauración de la gloriosa bandera bicolor (...)? ¿Quiere o no España la supresión de la lucha de clases? ¿Quiere o no España la supervivencia del actual Estatuto de Cataluña?”. Y pedía “un Gobierno patriota y fuerte” que “con paso firme y marcial, lograse en plazo brevísimo el completo desarme moral y material del país (...) Unas semanas de actuación implacable dentro del derecho devolverían el sosiego a España (...) El Ejército, escuela de ciudadanía, depurado por sus Tribunales de honor, difundirá las disciplinas y las virtudes cívicas, forjando en sus cuarteles una juventud henchida de espíritu patriótico e inaccesible a toda ponzoña marxista y separatista. EL EJÉRCITO NO ES SÓLO EL BRAZO, SINO LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA PATRIA”. Esta apelación a las fuerzas armadas se completaba con el propósito de una “conquista del estado, plena, sin condiciones”, y la llamada a actuar en “la tribuna, la prensa y la calle, o sea la actividad política extraparlamentaria”, para instaurar “los principios de unidad, continuidad, jerarquía, corporación y espiritualidad que hemos diseñado”. A Anasaldo, el mismo que había organizado la “Falange de la sangre”, y que había sido expulsado de ella por conspirar contra José Antonio, le fue encomendada la formación de unas milicias llamadas “Guerrillas de España”, que demostrarían poca efectividad. (3)

El Bloque se configuró como la verdadera extrema derecha, aunque no logró unificar a toda ella, pues la Falange lo recibió con suspicacia. José Antonio lo acusó de usurpación y de montaje para asegurar el liderazgo de Calvo Sotelo, hacia quien sentía una antipatía marcada: “¡Habla de unidad de mando, de Estado corporativo y de otras cosas fascistas! ¡Enseguida le van a creer! Un orden nuevo traído por las ultraderechas, es decir, por los partidos privilegiados del orden antiguo (...) del caduco tinglado español!”. (4) La CEDA vio en el Bloque una amenaza y reforzó su pacto con el Partido Radical.

La situación en Cataluña tampoco era buena. La revuelta de la Ezquerra había desatado una oleada de opinión contraria al estatuto, y la CEDA, la Lliga y otros tuvieron que hacer un gran esfuerzo para mantenerlo y limitar la sanción a una suspensión temporal. Pero la suspensión se prolongaba, así como el estado de guerra, con descontento de sectores de la misma derecha. El 22 de enero el diputado de la Lliga, Ventosa, hacía en las Cortes este balance: “La obra que ha realizado el Gobierno desde el 6 de octubre hasta la fecha ha sido verdaderamente deprimente para España”; y pidió la vuelta a la normalidad. Respecto de Cataluña advirtió: “Era indispensable dar una sensación de buen gobierno que pudiera representar un contraste con (...) la obra desaforada de los Gobierno de la Ezquerra. Lo que hacéis en Cataluña, manteniendo esta situación de interinidad (...) es preparar, precisamente, la apoteosis y la vindicación de todos los Gobierno de la Ezquerra”.



Las derechas y el centro, unidos y entusiastas en octubre, estaban ahora divididos y desavenidos, y la opinión pública así los veía, a la defensiva a pocas semanas de su triunfo. En tan inesperado desenlace había tenido un papel decisivo Alcalá-Zamora, quien para imponer los indultos saltó por encima de la Constitución, dispuesto a emplear “medios extremos”, incluyendo la disolución de las Cortes, con la que amenazó sin mucho disimulo. Estaba convencido de que “derramar sangre catalana” en aquellas circunstancias significaba “comprometer los altos intereses nacionales”, que a él correspondía salvar por encima de todo. Por el contrario, Gil-Robles caracterizará al presidente como “uno de los más graves peligros para la paz de España”. Entre los dos prohombres se abrió un foso que ya no se colmaría. Desde el punto de vista revolucionario, Vidarte da esta peculiar explicación: “Tuvimos un poderoso auxiliar: don Niceto Alcalá-Zamora. Si hubiera que señalar un gran culpable de la insurrección (...) ese culpable sería, sin duda el presidente de la República, al que se le había advertido, en todos los tonos, que ni los republicanos ni los socialistas tolerarían que las puertas del gobierno de la República les fueran abiertas a los enemigos del régimen. Justo era, pues, que su conciencia le remordiera por haber desencadenado tan descomunal catástrofe que luchara por salvar la vida de aquellos que resultaran víctimas de su provocación”. (5)

La interpretación resulta en verdad pintoresca, pero no por ello menos reveladora de los enfoques socialistas del momento.
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NOTAS

1- J.M. Gil Robles, No fue posible la paz, p.50

2- Ibíd., p.155. En J. Arrarás, Historia de la Segunda república española, III, p.58

3- En J. Arrarás, Historia, III, p.58 y ss

4- Ibíd., p.58 y ss

5- N. Alcalá-Zamora, Memorias, p.334. J.M. Gil-Robles, No fue..., p.141. J.S. Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, p.300-1

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