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LOS ORíGENES DE LA GUERRA CIVIL ESPAñOLA

Capítulo VI: La realidad de la represión (I)

Libertad Digital sigue publicando esta semana, en exclusiva, el libro "Los orígenes de la guerra civil", tomo II : "El derrumbe de la República y del Frente Popular", de Pío Moa. El autor analiza la campaña de denuncias sobre la represión tras la insurrección de octubre de 1934. En esta ocasión ofrecemos la primera de las tres partes en las que se divide este capítulo sexto.

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Las izquierdas rechazan el debate parlamentario

La intención de las campañas de denuncias sobre la represión no fue, evidentemente, aclarar los sucesos, sino más bien levantar una marea de indignación en la opinión pública y justificar el derecho de la izquierda, al menos el derecho moral, a sublevarse contra una reacción cuyo carácter inconcebiblemente sanguinario y ciegamente egoísta la habían merecedora de ser destruida, por una vía u otra, en aras del progreso. La defensa de la legalidad por parte de la derecha quedaba así desacreditada y sin significado ante el peso y la mancha de unos crímenes horrendos.

La intensidad y emocionalidad de la campaña antirrepresiva ha llevado a bastantes historiadores a darla por verídica, sin mayor ponderación e incluso aportando su grano de arena, que llega a montaña en ocasiones. Gerald Brenan, por ejemplo, no se para en barras: "Millares de detenciones fueron hechas y los prisioneros, excepto los asesinados en el camino, fueron llevados a los cuarteles (...) Una vez allí, fueron sacados y fusilados en serie. Los legionarios del coronel Yagüe y los moros habían liquidado ya, según su costumbre, a todos los prisioneros caídos en el momento de la lucha. Es imposible decir cuántos cayeron en las ejecuciones realizadas por los pelotones de la guardia civil". En total, junto con los caídos en lucha, deben salir muchos millares de muertos, si bien Brenan ofrece la incongruente cifra final de sólo 3.000. Pocos para tanta ferocidad como la que describe, aunque, por lo demás, triplican la cifra real.



Para explicar tanta crueldad, el autor aduce: "El general López Ochoa, un hombre humanitario y masón (...) quedó completamente anulado por las órdenes (del) Ministerio". Es difícil saber de dónde saca Brenan estas historias, que superan a las de la campaña socialista. La realidad es que las tropas de África no tenían la costumbre que les atribuye alegremente, de asesinar a mansalva a los prisioneros, y que los piquetes de la Guardia Civil tuvieron muy poca actividad, si es que alguna. En cuanto a López Ochoa fue bastante menos humanitario de lo que fantasea Brenen, y lejos de ser anulado, se impuso en todas sus discrepancias con Franco o con Yagüe ante el ministerio, como vimos en el primer tomo de Los orígenes de la guerra civil.

En la misma línea, Hugh Thomas asegura que las tropas "se comportaron en el territorio conquistado igual que si se tratara de un ejército victorioso que viviera de los sufrimientos de los vencidos (...) Indudablemente muchas muertes tuvieron lugar una vez acabada la lucha, cuando la Legión "saboreaba" su victoria". Brian Crozier habla, sin más base que su imaginación, de "la orgía de fusilamientos y violaciones de los moros de Yagüe, la ejecución de miles de prisioneros por la Guardia Civil y las sádicas torturas infligidas a los mineros capturados por un comandante de la Policía (era de la Guardia Civil) llamado Doval". Gabriel Jackson cree saber que "si un pequeño contingente de soldados cruzando territorio montañoso y hostil oía un disparo o una imprecación (...) creyendo que este disparo podía ser el preludio de un ataque general en un esfuerzo por liberar a los prisioneros, éstos eran matados por los guardianes" ¿Qué casos concretos de esa barbarie habrá conocido Jackson? Como él mismo señala "es imposible saber cuántos hombres fueron muertos de este modo"

Refutando a los anteriores, Enrique Barco Teruel llama la atención sobre el hecho de que la izquierda no diera casi nunca nombres de víctimas: "¿Cuántas denuncias de muertes ilegales (...) fueron presentadas a las autoridades, al Parlamento y a la prensa del Frente Popular cuando éste gobernaba? (...) Nadie puntualiza quiénes fueron asesinados a millares, a cientos o simplemente a decenas mucho después de finalizados los combates, cosa en verdad curiosa si se tiene en cuenta que la izquierda tuvo en sus manos, desde febrero del 36, la posibilidad de realizar una información a fondo". Indudablemente se trató de un montaje propagandístico, pero martilleado en todos los tonos y con eficacia más que notable (1)

¿Cuáles fueron los hechos bajo la propaganda? ¿Cuántas las víctimas? Tendría que saberse, porque hubo campo libre para investigarlos en su momento. El 30 de octubre de 1935, Gil-Robles exhortó a la izquierda a un debate parlamentario, y animó al autor de uno de los informes de atrocidades, muy difundido dentro y fuera de España: "Que tenga el señor Gordón Ordás ocasión de decir en esta Cámara, donde se le puede contradecir con hechos y pruebas, lo que él pretende llevar en labor de simple agitación". Jactose de que "este Gobierno es el primer ejemplo que creo que se da en la política española (...) de haber abierto con amplitud jamás conocida el cauce a una investigación judicial o parlamentaria" (en alusión a la negativa inicial de Azaña a una comisión parlamentaria por Casas Viejas). Gordón, enojado, recordó que él había hecho una indagación sobre el terreno, y que en noviembre del 34 se le había impedido tratarla en las Cortes. Otro diputado, Vicente Marco Miranda, lo había intentado también, a finales del mismo mes, contestándosele que notificara sus datos a los tribunales, y sólo si éstos los rechazaban recurriese al Parlamento.



Gil-Robles replicó que en noviembre del año anterior la tensión revolucionaria seguía siendo fuerte y estaba en marcha una injuriosa campaña internacional, por lo que el debate simplemente se había aplazado, con plena legalidad. Pero desde entonces no habían insistido Gordón ni otros, pese a su tenacidad habitual en asuntos de menor enjundia: "Si S.S. hubiera puesto en eso el interés que puso en ir a revolver por Asturias los bajos fondos de la revolución para extraer una porción de infamias (...) hubiera podido aclarar lo que hubiera querido aclarar". Gordón, incoherente, rehusó plantear un debate en regla aduciendo que él no iba a tratar el asunto "cuando le convenga a Gil- Robles", ni a "proporcionarle una plataforma electoral": "hablaremos cuando crea que el Gobierno tenga títulos". La alusión electoral indica que Gordón, al menos, planteaba el asunto desde ese punto de vista, y que no tenía demasiada seguridad de salir bien librado en el debate. A la exigencia de pruebas replicó: "Si yo puedo hablar algún día será desde el poder". Marco Miranda había pedido la palabra, pero renunció a ella. Tampoco los socialistas ni los republicanos de izquierda juzgaron oportuno recoger la invitación de Gil-Robles.

Y la ocasión para Gordón Ordás se presentó a los cuatro meses, cuando el poder llegó a las izquierdas, en febrero de 1936, tras unas elecciones marcadas por una redoblada campaña en tomo a los supuestos crímenes de Asturias. Sin embargo él y el resto del Frente Popular mostraron una asombrosa desgana en la investigación y el debate, que no tuvieron lugar. El 16 de junio de 1936, en las Cortes, Dolores lbárruri loaba con ardor "el octubre glorioso del cual nos enorgullecemos todos los ciudadanos españoles que tenemos sentido político, que tenemos dignidad", definiéndolo, contra toda evidencia, como "una defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista", y acusando a "los hombres de derecha" que "llegaron a extremos de ferocidad tan terribles, que no son conocidos en la historia de la represión de ningún país. Millares de hombres encarcelados y torturados; hombres con los testículos extirpados; mujeres colgadas del trimotor por negarse a denunciar a sus deudos; niños fusilados; madres enloquecidas al ver torturar a sus hijos", etc. Gil-Robles retó y exhortó una vez más a sus enemigos: "Todas las responsabilidades hay que ponerlas en claro (...) No es lícito venir a lanzar discursos de mitin".



A los diez días, el gobierno izquierdista rehusaba llevar el caso al Parlamento, y aún el 15 de julio, ya al borde de la sublevación militar, el líder de la CEDA apostrofaba a sus acusadores en el Congreso: "Cuando al obrero no le dais pan (...) lo que hacéis es darle unos cuantos latiguillos sobre octubre (...) Ya es ciertamente un poco extraño que llevando estas Cortes varios meses reunidas y habiendo sido motivo principal de propaganda de los partidos del Frente Popular la exigencia de responsabilidades por la represión de octubre, no hayáis tomado todavía ninguna determinación (...) Decía el señor Prieto que hay que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable de todo, (...) también de las responsabilidades del señor Prieto y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre España"

La languidez investigadora del Frente Popular ha oscurecido el asunto, sometido desde entonces a estimaciones contradictorias, usadas a menudo, aún hoy, con ánimo guerrero. Y sugiere que las denuncias de atrocidades habrían sido falsas, si bien es difícil que lo fueran por completo. El tinte propagandístico del informe de De los Ríos resulta obvio, así como el de investigaciones posteriores de Eduardo de Guzmán, del grupo comunista Socorro Rojo Internacional, y otros. Marco Miranda hizo sus pesquisas con ayuda de un político socialista. Gordón Ordás ofrece más garantía, pues evita culpar en bloque al ejército o al gobierno, y no olvida crímenes de los insurrectos; además había condenado la revolución antes de octubre y no tenía interés, por tanto, en desviar la atención de ella. El auditor militar admite implícitamente excesos al quejarse: "Se olvida que las tropas actuaron en régimen de verdadera guerra frente a un enemigo numeroso que, bien armado, desarrolló una acción ofensiva con intensidad y crueldad inusitadas". Y debió de haber en algunos militares sed de venganza por los asesinatos de guardias prisioneros y por infundios sobre ciertas ferocidades de los revolucionarios. Por otra parte, una comisión enviada en enero por Lerroux negó veracidad a las denuncias, como también lo hizo el escritor Ramón Pérez de Ayala, diputado por Asturias y votado por gentes de izquierda, según señala Ricardo de la Cierva (2)

Queda la densa impresión de que las acusaciones tuvieron alguna base, pero desorbitada enormemente por una propaganda in escrupulosa.



Como resumen, en Avilés profirió López Ochoa amenazas brutales, aunque no tuvo que cumplirlas, y luego, para proteger su débil columna, colocó en vanguardia de ella a prisioneros, varios de los cuales cayeron en los encuentros. Su acto peor fue el fusilamiento de prisioneros en el cuartel de Pelayo (de 4 a 48, incluso a centenares, según Versiones). López argüiría que se trató de ejecuciones tras un juicio sumarísimo, pero en todo caso fueron ilegales. Hubo denuncias de asesinatos de civiles inocentes en el curso de la lucha, en Oviedo y sus cercanías, particularmente en Tenderina Baja, Villafría, San Esteban de las Cruces y otros puntos. El crimen más sonado, en Carbayín, fue perpetrado el 24 de octubre, cinco días después de la rendición rebelde: en supuesta represalia por tos fusilamientos de guardias en Sama (23 civiles y 7 de asalto), un grupo de soldados o guardias civiles fusiló a su vez entre 18 y 24* prisioneros, incluyendo al parecer a un muchacho de 16 años y un maestro afiliado a la CEDA (3).

*Se habló de entre 18 y 20. Paco Ignacio Taibo II da la suma de 24

Gordón menciona 24 asesinatos, Marco Miranda 46 y el informe divulgado por De los Ríos y Álvarez del Vayo, 31, de ellos 9 por torturas. Si damos por válidas todas las denuncias, descontando las repetidas (Carbayín y Luis Sirval), sale un total de 84, suma alejadísima de los millares aireados por las propagandas, y que incluye probablemente bajas producidas en el fragor de los combates, cuando se hacía difícil distinguir entre rebeldes y paisanos corrientes (4)*.

*Ramón y Jesús Salas Larrazábal anotan: "Díaz Nosty, en La comuna asturiana, eleva las víctimas de la represión gubernamental a un mínimo de 156 y un máximo de 210 (...) pero ni aduce pruebas ni la cifra puede resistir la confrontación con las manejadas por los diputados izquierdistas que realizaron investigaciones sobre el terreno". Ricardo de la Cierva calcula las víctimas totales en unas 200, un centenar para cada bando (5).

Por otra parte, ejecutar sobre la marcha a rebeldes capturados con armas ha sido común en acciones de este tipo. Lo había practicado el gobierno socialdemócrata alemán contra la insurrección espartaquista y contra et soviet de Baviera, en 1919. En España, cuando la revuelta anarquista de enero del 32, mucho menos grave que la de octubre del 34, escribe Azaña en sus diarios: "Como Fernando (de los Ríos) me oyó decir que se fusilaría a quien se cogiese con las armas en la mano, quiso disentir; pero yo no le dejé, y con mucha brusquedad le repliqué que no estaba dispuesto a que se me comiesen la República. Todos los demás ministros aprobaron mi resolución" (6). Y fusilamientos tales serían realizados masivamente por el Frente Popular (como por sus adversarios) en julio de 1936, cuando la derecha, a su vez, se sublevó. En todo caso, en octubre del 34 hubo comparativamente pocas víctimas de tales prácticas.

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NOTAS

1.- G. Brenan, El laberinto español, Madrid, Globus, 1984, p. 309.
H. Thomas, La guerra civil española, Madrid, Darlo 16,1976, p. 155. B.
Crozier, Franco. Historia y biografía I, Madrid, NyC, 1969, p. 221.
G. Jackson, Entre la reforma y la revolución. La república y la guerra civil española, Barcelona, Crítica, 1981, p. 159.
E. Barco Teruel, El golpe socialista de octubre de 1934, Madrid, Dyrsa, 1984, p. 284

2.- F. Gordón Ordás, Mi política en España, II, México, 1963, p. 165 y ss.
J. A. Sánchez García-Saúco, La revolución de 1934 en Asturias, Madrid, Edit. Nacional, 1975, p. 145

3.- P. I. Taibo II, Asturias, I, p. 110-1

4.- R. y J. Salas Larrazábal, Historia general de la guerra civil española, Madrid, Rialp, 1986, p. 19

5.- Ibíd, p.19

6.- M. Azaña, Memorias políticas, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 384

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