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LOS ORíGENES DE LA GUERRA CIVIL

Capítulo XIII: Las esperanzas de la CEDA (II)

Franco se convirtió en la bestia negra de las izquierdas después de la insurrección. Estaba amenazado de muerte, junto con Calvo Sotelo y otros dirigentes derechistas, o así lo creía él. Enseguida organizó una sección de información anticomunista y contraespionaje. Seguía, no obstante, afecto a la legalidad, según asegura en sus Apuntes: "Nuestro deseo debe ser que la República triunfe (…) sirviéndola sin reservas, y si desgraciadamente no puede ser, que no sea por nosotros". Ciertamente a él se debía en buena parte el mantenimiento de la legalidad frente al asalto de octubre y, al igual que Gil Robles, tomaba muy en serio la posibilidad de una nueva situación extrema que obligara a intervenir al ejército. Gallego precavido, sintetizará así su actuación como jefe del Estado Mayor: "se otorgaron los mandos que un día habían de ser los peones de la cruzada de liberación y se redistribuyeron las armas en forma que pudiesen responder a una emergencia" (1). Apreciación optimista, pues Azaña le estropeó sus combinaciones en 1936.

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Por encima de estas reformas, la CEDA aspiraba fundamentalmente a otras dos: la de la ley electoral y la de la Constitución. En cuanto a la primera, su principal rasgo era la fortísima prima que otorgaba a las mayorías. En Madrid, por ejemplo, la candidatura ganadora recibía 14 escaños, y la segunda solo 4, aunque la diferencia en votos fuera nimia. Las Cortes no reflejaban así la verdadera opinión pública. El sistema favorecía las coaliciones y todavía hoy es casi imposible distinguir con precisión los votos de cada partido durante la república. "Resultaba incomprensible, desde un punto de vista teórico, la defensa por parte de las izquierdas, que tanto alardeaban de antifascistas, de un sistema que no era sino puro fascismo: el mismo del italiano Di Bianchi, adoptado por Mussolini para consolidar su situación", observa el líder de la CEDA (2).

La ley había sido pensada en provecho de los republicanos de izquierda que, siendo minoritarios y divididos en varios partidos, se veían forzados a coligarse y podían adquirir un poder muy por encima del que correspondía a sus votos… siempre que fueran del brazo de los socialistas y éstos admitiesen la hegemonía republicana. Con tales condiciones, las izquierdas contaban con ganar los comicios, aunque fuese por poco, e imponerse luego en las Cortes abrumadoramente. De ahí que Azaña rechazase en 1935 la reforma de la ley, si bien la había descalificado en noviembre del 33, cuando la misma se había vuelto contra los suyos.


EL MINISTRO GIMENEZ FERNANDEZ La ley facilitaba en principio la gobernabilidad y disuadía la proliferación de partidos, pero, en opinión de Gil-Robles, Alcalá-Zamora y otros, tenía una desventaja mayor, al propiciar vuelcos políticos, temibles en una sociedad tan polarizada. El ministro Giménez Fernández expresaba en El debate, el 19 de octubre de 1935 su temor a "consecuencias fatales, porque si triunfasen las extremas derechas, tras unas conmociones se desembocaría en el comunismo, y si triunfasen las extremas izquierdas, después de otras oscilaciones se iría a parar inevitablemente en el fascismo".

La CEDA propuso en enero un sistema proporcional, con sólo una prima ligera a las mayorías, lo cual debiera haber gustado a los pequeños partidos. Pero éstos se opusieron, salvo la Lliga, pensando que obtendrían menos escaños yendo por su cuenta que mediante acuerdos preelectorales. La propuesta, rechazada a derecha e izquierda, resultó inviable. Destacaron en su resistencia los reformistas y los agrarios:


"La ofuscación complaciente de estos dos grupos iba a tener todo el daño para ellos posible (…) Los dos jefes, (…) Melquíades Álvarez y Martínez de Velasco, al conservar el funesto método electoral irían, tras la anulación política a la extinción física: uno y otro perdieron injustamente el acta en las elecciones de febrero, y la vida en los asesinatos de agosto", observa agudamente Alcalá-Zamora (3).

También tropezó con inesperados escollos la reforma de la Constitución, la promesa electoral de mayor fuste hecha por la CEDA. En la necesidad de cambiarla convenía Alcalá-Zamora, a cuyo juicio aquella tenía un carácter sectario: "obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partido (…) sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, como si ésta surgiese de nuevo o la Constitución fuese a regir en otro país", y creaba "más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha con número limitado de accionistas y hasta con bonos privilegiados de fundador", que "invita a la guerra civil". Para Gil-Robles era "la menos viable de cuantas conoció España", (seis hasta entonces) y condenaba a la nación a "los más peligrosos vaivenes. Nunca habría paz entre los españoles" (A) (4)

Según el artículo 125, modificar la Constitución exigía, durante los cuatro primeros años, el acuerdo de dos tercios de los diputados, y mayoría absoluta en lo sucesivo. Mayoría suficiente existía desde las elecciones de 1933, pero cedistas, monárquicos y radicales discrepaban sobre los puntos a cambiar. Los trastornos de 1934 dejaron el asunto en suspenso, pero una nueva ocasión se abrió en 1935. En los primeros días del año, don Niceto urgió al gobierno a poner manos a la obra. Él quería revisar no solo los artículos sobre religión, sino también los referentes a la familia, cultura, poder presidencial, cámara única, privilegios tributarios de las autonomías, enseñanza, etc. Con ese guión, la CEDA propuso derogar las disposiciones antirreligiosas, crear un Senado como elemento moderador, cambios en el régimen autonómico, la enseñanza, el derecho de propiedad etc. Cuarenta artículos quedaban afectados, lo que a los monárquicos pareció muy poco, y a la izquierda un atentado contra el espíritu laico y democrático del régimen.

El artículo 125 especificaba algo más: acordada la reforma, "quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada nueva elección (…). La Cámara así elegida en funciones de Asamblea Constituyente decidirá sobre la reforma propuesta". Este requisito minaba adrede el afán reformista de los partidos, al vincular la revisión a la pérdida de sus escaños. Por tanto, abría el camino a un triunfo electoral de las izquierdas, las cuales reafirmarían sin duda la Constitución de 1931. Sonaba increíble que pudieran ganar las izquierdas al poco de la revuelta, pero cada mes que pasaba su victoria se veía menos remota, ante la debilidad y desconcierto del gobierno, las crisis y la relativa frustración de sus planes de mejora social.

Por ello Gil-Robles quiso ganar tiempo: "pretendí convencer al señor Alcalá-Zamora, cuantas veces hablé con él, de que era preciso, antes de plantear la revisión constitucional, acometer algunas otras graves cuestiones —reforma tributaria, paro obrero, obras públicas, rearme— (…) Así, (…) el Gobierno tendría a su favor un balance de tan positivos resultados que no podría lícitamente vacilar la opinión entre la disyuntiva de consagrar esa política o lanzarse a la aventura de un brusco viraje hacia la izquierda" (6)


Pero Alcalá-Zamora interpretaba la pretensión de Gil-Robles de otra manera: como una obstrucción a la misma reforma "por el temor a perder en nuevas elecciones su posición de predominio parlamentario" (7). Esta incomprensión entre los dos prohombres, tan reveladora, tenía un largo trasfondo. En principio no debiera haber sido difícil la armonía entre ellos, siendo los dos católicos y esencialmente conservadores, tanto más cuanto que coincidían en sus juicios sobre asuntos políticos tan fundamentales como la constitución y la ley electoral. Por otra parte, si Gil-Robles manifestaba muy escasa simpatía hacia la república, Alcalá-Zamora había hecho lo esencial de su carrera al servicio del trono, como ministro en dos ocasiones, y solo se había adherido a aquella muy a última hora.

Pero estos acuerdos básicos no bastaron y primarían las diferencias de otro tipo, hasta el punto de que el presidente iba a revelarse un enemigo de la derecha no menos peligroso, sino incluso más que las propias izquierdas. Para empezar, uno y otro diferían radicalmente en su postura ante el régimen. Pese a su conversión reciente, Alcalá-Zamora bien podría ser titulado "padre de la república", y probablemente él se consideraba algo así, ya que había unido y acaudillado en 1930 el movimiento antimonárquico, pese a que en él predominaban las fuerzas de signo jacobino y socialista; y lo había llevado, junto con Maura, a su sorprendente victoria en abril de 1931. Había logrado entonces dos objetivos fundamentales: aquietar el recelo de la masa conservadora hacia la república, y atenuar los ímpetus anticlericales de la coalición izquierdista. Por este éxito estimaba él que le era debida la adhesión de la opinión conservadora, con cuyo auxilio podría "centrar el régimen", régimen que tan suyo consideraba, como expresan sus memorias.

Pero la decepción le había ensombrecido ya en las primeras urnas, en junio de 1931: había quedado "solo con 22 diputados en la tarea de hacer frente a los partidos de extrema izquierda"; las gentes de derecha habían optado por una "torpe y suicida deserción", a causa de hallarse "ofuscadas y como siempre mal dirigidas" (8). El liderazgo conservador debiera haber recaído precisamente en don Niceto. ¿Por qué no fue así? Muy probablemente por la quema de conventos mes y medio antes de las elecciones, en la cual su papel había sido cualquier cosa menos airoso, y que había concluido con el castigo y mayor persecución a las víctimas. El suceso había traumatizado a la población conservadora y la había alejado del padre de la república. En cambio, el prestigio entre las izquierdas de quien las había dirigido a la victoria, y la falta de personajes de talla para sustituirle, le permitió continuar a la cabeza del gobierno por un tiempo, y luego ser nombrado presidente de la república.

La frase sobre la "mala dirección" de las derechas revela mucho. Esa "mala dirección" la constituían, precisamente la CEDA y su jefe, en quien veía el presidente una especie de usurpador, aparte de un personaje poco afecto al régimen por él fundado y que tan suyo sentía. Por eso la cordialidad de Alcalá-Zamora hacia Gil-Robles fue siempre nula.

Ya en abril de 1934 habían chocado, al oponerse el presidente a la vuelta de Sanjurjo y sus secuaces a sus cargos, en función de una amnistía. Desafiando a las Cortes, don Niceto había denunciado una supuesta coerción sufrida en sus derechos, y forzado un conflicto entre la presidencia y el parlamento. Gil-Robles, indignado, había propuesto a Lerroux derrotar al presidente en Cortes, pero el radical, en lugar de hacerlo, había preferido dimitir él mismo. El líder cedista quedó convencido de que el presidente, a quien tenía por persona entrometida y perturbadora, y con memoria de elefante para los agravios, "no nos perdonó jamás que hubiéramos querido destituirle" (9). En octubre del 34 el presidente había resistido a la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno; después había contrariado su política en cuanto a la represión de la revuelta izquierdista; y nunca había dejado de manifestar suspicacias hacia el partido católico.

Gil-Robles hubiera preferido la monarquía, pero aceptaba la república. También aceptaba sin alegría la democracia, por considerarla proclive a la demagogia y la revolución. Con todo, había defendido la legalidad en octubre del 34, y se proponía cambiarla dentro de las normas estatuidas. Deseaba ante todo alejar el peligro revolucionario y, con él, la guerra civil. En sus memorias insiste mucho en ello, y no hay la menor razón para dudar de su sinceridad. Reprobaba la violencia, no respondió con ella a los atentados y agresiones que su partido soportaba, ni creó milicias. De ahí que aspirase empeñadamente a aplicar su programa económico y social antes de afrontar la revisión constitucional y la consiguiente disolución de Cortes.

Para Alcalá-Zamora esa aspiración solo ocultaba la sed de poder de una "mala dirección" derechista. Según avanzaba el año, iba convenciéndose de que la popularidad de la CEDA disminuía rápidamente —y él hacía lo posible para que disminuyera— y de que, después de las experiencias del azañismo y del gobierno participado por el partido católico, maduraba en la opinión pública un estado de ánimo templado, centrista, capaz de equilibrar de una vez a la república. Si a Gil-Robles le daba escalofríos la revolución, Alcalá-Zamora estimaba ese peligro poco inminente, sobre todo después del fracaso de la revuelta asturiana. Dos actitudes completamente distintas, de las que derivaban apreciaciones políticas no menos opuestas.

Por esas razones, al llegar el otoño de 1935, el presidente estaba dispuesto a utilizar sus prerrogativas para poner punto final a la experiencia de centro derecha iniciada a finales de 1933. La esperanza de Gil-Robles de que las Cortes cumplieran los cuatro años que en principio les correspondían, es descartada por Alcalá-Zamora como "ilusión insensata" (10). Sensata o insensata, él estaba resuelto a que no pasase de ilusión.

La pugna entre los dos políticos iba a marcar los últimos meses del año 1935, y tener consecuencias definitivas para la república.

Notas

A: Opiniones parecidas eran frecuentes. Madariaga entiende que la Constitución tenía tres grandes errores: impedía al ejecutivo tomar medidas adecuadas para asegurar el orden, por lo que la república "se vio precisada a protegerse contra su propia Constitución mediante leyes de excepción como la de Defensa de la República o la de Orden Público"; prescindía del Senado, lo cual "arrojó por la ventana una de sus más seguras garantías contra los violentos movimientos de opinión", y atacaba innecesariamente a la opinión y los intereses católicos. Asegura, algo vagamente, Alcalá-Zamora, "en marzo de 1936 oí a Azaña, ya de nuevo jefe del gobierno, que él hallaba la Constitución de 1931 aún mucho más defectuosa que yo la veía, pero que por conveniencia de táctica electoral había hecho a la reforma una oposición enérgica, contraria a su convicción" (5)

1. F. Franco, Apuntes personales del Generalísimo sobre la República y la Guerra Civil, Madrid, Fund. Francisco Franco, 1987, p. 21, 22 y 16

2. Gil-Robles, No fue…, p. 328-9

3. N. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 340

4. N. Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 1936, p. 46 y ss. Gil-Robles, No fue…, p. 322

5. S. de Madariaga, España, p. 321-3. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 337

6. Gil-Robles, No fue… p. 323

7. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 380

8. Ibid., p. 205

9. Gil-Robles, No fue…, p. 121

10. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 381
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