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MéXICO

Concesión o autorización

En los regímenes monárquicos se consideraba al rey como dueño y señor de vidas y haciendas, del cielo, aire, ríos y mares, todo era propiedad del monarca. El rey graciosamente concedía el uso de sus propiedades a sus amigos y de ese acto, propio de regímenes absolutistas, se deriva la palabra concesión. Las monarquías absolutistas fueron desplazadas por las democracias constitucionales, donde los gobernantes ya no son dueños, sino administradores, ya no concesionan sino que sólo autorizan y vigilan a los ciudadanos en el intercambio pacífico y libre de bienes y servicios. Ya no crean monopolios a través de concesiones sino que garantizan la competencia y la seguridad jurídica por medio de autorizaciones.

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En México, los regímenes estatistas y fascistas, que a través de expropiaciones buscaban concentrar la propiedad en el Estado, revivieron el viejo concepto absolutista de concesión. En los bancos cambiaron el término autorización por el de concesión para justificar su expropiación; ahora nuevamente en la banca se habla de autorización, como es lo correcto. En un afán de coartar la libertad de expresión, los gobernantes han usado el término fascista de concesión. Ese término mantiene la incertidumbre sobre la propiedad de los medios electrónicos de comunicación.

Santa Ana cobró un impuesto por las ventanas sobre la base de que por ellas entraba aire y luz, los neosantanistas justifican el cobro de impuestos especiales a los dueños de estaciones de radio y televisión porque las ondas que generan sus transmisores, al igual que las palabras que pronunciamos, viajan por el aire. Se creen los dueños originarios de los medios electrónicos de comunicación y durante muchos años los amenazaron con "retirarles la concesión" si transmitían algo que no fuera del agrado de los gobernantes de turno. La palabra concesión ha servido como una mordaza a la libertad de expresión.

Después del problema de 1968, algunos funcionarios fascistas buscaban la expropiación de la radio y la televisión en México. Una de las vías que idearon para su gradual expropiación fue un impuesto adicional, basado en que eran una concesión. De acumularse ese impuesto, como originalmente fue pensado, implicaba transferir gradualmente la propiedad al estado. Posteriormente los mismos gobernantes se dieron cuenta de lo inconstitucional y contrario a la libertad de expresión de ese gravamen y lo dejaron como una amenaza latente a los medios que se considerasen enemigos del gobierno.

Es paradójico que en el gobierno de Vicente Fox, surgido en parte gracias a la mayor libertad en los medios de comunicación escritos y electrónicos, todavía algunos despistados o de espíritu fascista busquen revivir y darle plena vigencia al inconstitucional y anacrónico impuesto que implica disponer del 12,5% del tiempo de los medios electrónicos de comunicación. Lo lógico, de acuerdo con el cambio hacia una democracia plena, es sustituir la palabra concesión por autorización y derogar los impuestos derivados de ese concepto fascista.

© AIPE

Luis Pazos es director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa de México.
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