Todo ello está muy bien, pero han sido pocos quienes han hablado de un asunto fundamental: cómo la globalización económica está socavando la escasa lógica económica que pudiera restarle a uno de los pilares del mal llamado "Estado del Bienestar": el sistema educativo gratuito, que es como se dice ahora "sufragado con el dinero de los contribuyentes".
La estatalización de la educación –y su consecuente oferta universal– constituye todo un atentado contra el sentido común: los beneficios económicos del acceso a la enseñanza tienen un carácter completamente privado –el capital humano y su rentabilidad afluyen por entero al alumno–, mientras que sus enormes costes son sufragados por la colectividad –vía impuestos–. Si en un mercado libre lo deseable sería que cada alumno estudiara mientras los beneficios esperados por prolongar su formación compensaran el coste de incurrir en ella, en nuestro no-mercado ultraintervenido el alumno exprime hasta la última gota del sistema –con estudios superfluos, redundantes o inútiles– aun cuando los costes sean mucho mayores que el provecho que pueda obtener.
Así las cosas, hemos llegado adonde hemos llegado, a un sistema con centros hipertrofiados –tanto en número de alumnos como en tiempo medio de permanencia de los mismos– cuyo valor añadido para el estudiante es notablemente inferior a los engordados costes que han de soportar los contribuyentes. Además, como el usuario no ha de asumir apenas gastos, el sistema ha perdido un mecanismo esencial de control de su calidad: dado que la financiación de los centros no depende de que sus usuarios reciban unos conocimientos más valiosos que lo que cuesta producirlos, la calidad de la enseñanza puede degradarse imparablemente sin que los propios centros se den cuenta y se vean compelidos a rectificar.
La justificación colectivista que desde un punto de vista económico podía ofrecerse para este despropósito es que, si bien el conjunto de los contribuyentes tiene que invertir forzosamente en el capital humano de los jóvenes, estos terminarán devolviéndoles su dinero de manera indirecta: los trabajadores más cualificados percibirán mayores salarios, lo que, gracias a nuestro sistema fiscal progresivo y a nuestra Seguridad Social, se traducirá en mayores fondos procedentes de los impuestos para financiar servicios públicos y en mayores cotizaciones a la Seguridad Social para sufragar las pensiones de quienes, en primer lugar, pagaron la educación superior de esos contribuyentes. El cuento de la lechera, ya saben.
Sin embargo, la teutona Merkel acaba de romper el jarro. Con su oferta de trasladar a Alemania a los parados españoles altamente cualificados, pone totalmente en jaque esta ya de por sí endeble argumentación colectivista: ¿qué sentido tiene que el coste de formar a empleados cualificados lo soporten los contribuyentes españoles y el fruto de su trabajo lo expriman los ciudadanos alemanes? Ninguno, pocas cosas debe de haber menos equitativas que el que las clases medias españolas financien a los alemanes ricos. Con un sistema de educación público, a largo plazo no hay alternativa: tenemos que empezar a acostumbrarnos a la movilidad de nuestros trabajadores de igual manera a como nos hemos acostumbrado a la movilidad de nuestras mercancías y nuestros capitales; la diferencia está en que el Estado no desempeña ningún papel activo en la producción de mercancías y capitales.
Por supuesto, los intervencionistas, en su alocada huida de la realidad, podrán proponer cerrar las fronteras a la movilidad de trabajadores, o cobrarles una enorme tasa por la educación recibida si es que abandonan el país. Lo primero constituiría un disparate mercantilista que, tras Adam Smith, no debería merecer mayor comentario. Lo segundo sería una opción que tener en cuenta –en el Reino Unido, los estudiantes sufragarán parte de los costes de su educación–, pero en todo caso acarrearía enormes problemas operativos, si es que se trata de discriminar entre los que se quedan y los que se van: ¿habría que cobrársela a todos los trabajadores que se marchan al extranjero, o sólo a aquellos que han recibido estudios superiores? ¿La tasa se modularía en función del número de años y de la utilidad de los estudios recibidos, o sería una tarifa plana? Un trabajador que es contratado como secretario de una empresa química alemana y que ha estudiado Geografía e Historia, ¿tendría que pagar por la formación recibida, aun cuando no haya contribuido en nada al trabajo que va desempeñar? Y si es así, ¿por qué no debería hacer lo propio un español que se queda a trabajar en España en una ocupación totalmente desligada de sus estudios? Al fin y al cabo, ese español tampoco devuelve la inversión en él realizada en forma de mayores rentas. Y, de todas formas, si ya abrimos el melón de cobrar a los estudiantes por la educación recibida, ¿por qué no privatizarla educación, sencillamente?
Como en tantas otras áreas, la globalización forzará a los gobiernos a reorientar su intervencionismo y abrirse algo más al mercado. La propia dinámica del sistema, la ruptura del tribalismo nacional y la extensión de la Sociedad Abierta harán que esquemas redistributivos tan sangrantes, ineficientes e injustos como el "Estado de Bienestar" sufran una profunda revisión. O eso, o no sólo los trabajadores altamente cualificados se marcharán de España: el resto deberá exiliarse.