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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La creatividad nunca es barata

¿Qué tienen en común Napster Inc. con las propuestas de limitar el precio de las medicinas? Ambos buscan reducir el precio de bienes que cuestan poco producir pero que fueron muy costosos de crear originalmente. Rebajarles los precios hoy suena muy bien para los consumidores y, quizá, para toda la sociedad. No cuesta casi nada reproducir un CD en Internet, ¿por qué la gente no va a poder copiar y oír esa música en lugar de gastarse 15 dólares en la tienda de discos? Si apenas cuesta unos pocos dólares producir y distribuir la medicina Prozac, ¿por qué no va a poder el público comprarla por 10 dólares en lugar de 100?

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El problema es que el precio “alto” es el premio al costoso y largo esfuerzo que formó parte de la creación del producto. La mayoría de las empresas y de los artistas le dedican tiempo y dinero a crear éxitos de ventas y el grueso de los gastos va a proyectos que fracasan. Para compensar por esos esfuerzos y ofrecer incentivos a futuros éxitos comerciales, la industria tiene que lograr altas utilidades en sus contados éxitos.

La piratería siempre ha sido un problema para los productores de música, de libros, películas y programas de computación. La tentación de violar los derechos de propiedad intelectual refleja la gran brecha entre los precios cobrados por los dueños de los derechos y el costo de copiarlo y distribuirlo. Las innovaciones en Internet y en la tecnología de la computación han reducido dramáticamente esos costos. Tales ventajas son positivas porque permiten que los productos le lleguen a un público mucho mayor.

Pero hay un lado negativo, la amenaza a los derechos de propiedad intelectual. Tales derechos son en parte una cuestión de justicia, en el sentido filosófico de que los inventores deben tener el control de sus descubrimientos. Pero más concretamente, si desaparecen los derechos de propiedad intelectual y no se adopta un método para compensar la creatividad, la música, los libros, las películas y los programas de computación serán inferiores en el futuro.

Puede que Internet imposibilite el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual en ciertas áreas. De ser así, tendremos problemas respecto a la creatividad futura. Sin embargo, por ahora, la mejor política es mantener el más alto grado posible de respeto a la propiedad intelectual y las demandas contra Napster apoyan esa política.

Las medicinas que se venden bajo prescripción es un caso similar en muchos aspectos. Los costos de venta y distribución se reducirán significativamente gracias a Internet, una vez que se desarrollen maneras de asegurarse de la identificación del comprador.

Una manera de comprobar que los precios de medicinas patentadas exceden sus costos de producción es comparando sus precios en Estados Unidos con los precios más bajos en otros países. Por ejemplo, Prozac se vende en Canadá por menos de la mitad que en Estados Unidos. Algunos entonces creen que Estados Unidos debe socializar la medicina, lo mismo que Canadá o permitir la importación de vuelta de esos productos farmacéuticos. Un punto de vista más racional es admitir que los incentivos existentes en Estados Unidos para las investigaciones farmacéuticas y la innovación se reflejan en precios más altos que en Canadá, México y demás países que no reflejan en los precios los altos costos de investigación y desarrollo. Si Estados Unidos instrumentara las políticas canadienses, menos medicinas estuvieran disponibles aquí y en el resto del mundo.

Aumentan las críticas a los altos precios de las medicinas y la ironía es que las empresas farmacéuticas estuvieran enfrentado menos ataques si hubiesen sido menos exitosas en desarrollar nuevas medicinas. Uno pensaría que la gente preferiría la situación actual: una gran variedad de nuevos y efectivos medicamentos a precios altos, en lugar de anticuadas medicinas a bajos precios. Esas son las alternativas y no se puede pretender tener precios bajos y también muchos medicamentos nuevos.

Particularmente deprimentes son las actuales sugerencias para “resolver el problema”, subsidiando la compra de medicinas a través de Medicare, el programa gubernamental de seguro médico para los ancianos. Si decidimos no reducirle los incentivos a la industria farmacéutica, la pregunta es ¿quién paga? Añadir las medicinas a Medicare significa que todos los contribuyentes pagan, en lugar de los usuarios

Tal cambio podría justificarse si los ancianos retirados fuesen en conjunto más pobres que la población en general, pero lo opuesto es la realidad. Las propuestas de gasto público en nuevos derechos adquiridos nos hacen que echemos de menos los malos tiempos, cuando sufríamos de déficit presupuestario. Al menos entonces la preocupación era controlar los gastos de Medicare, en lugar de aumentarlos.

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Robert J. Barro es profesor de Economía de la Universidad de Harvard y académico de Hoover Institution.
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