Se presume que no lo harían porque no les importaría o porque no tendrían los recursos económicos necesarios, o por una combinación de ambos motivos. Así hemos llegado a un mundo en el que se considera sagrada la educación pública y un sacrilegio sugerir sistemas que devuelvan a los padres (y a los estudiantes, en el caso de la educación universitaria) la libertad de elegir.
Lo cierto es que la intervención del Estado en la educación es un fenómeno reciente en términos históricos. El historiador y economista Edwin G. West da cuenta de ello en su libro La educación y el Estado (Unión Editorial, 1994).
West analiza cómo se desarrolló el proceso de alfabetización en Inglaterra antes y después de 1870, fecha en que el Estado empezó a intervenir en la educación. Para ese año, entre dos tercios y tres cuartos de los trabajadores ya estaban alfabetizados. Prácticamente sin ayuda estatal.
Se cree que la intervención del Estado es necesaria porque se presume que en su ausencia el mercado no proveería el servicio, o sería de baja calidad. Pues bien, West informa de que el número de niños ingleses escolarizados pasó de 478.000 a 1.294.000 entre 1818 y 1834, "sin injerencia alguna del Gobierno u otras instancias públicas". En cuanto a la calidad, West cuenta que la Comisión de Newcastle, que realizó un informe sobre el estado de la educación en Inglaterra en 1861, constataba que había un mecanismo automático de selección que hacía que desaparecieran las peores escuelas. "Los padres de familia eran sus propios inspectores", escribe West; y añade: "No sólo eran mucho más numerosos [que los inspectores oficiales], sino que realizaban un seguimiento continuo".
La cuestión de fondo en el debate acerca de la educación es ésta: ¿son los padres competentes? En este punto, West comenta:
La incompetencia familiar es una condición necesaria pero no suficiente para la intervención: también queremos saber si su incompetencia es más grave que la hipotética incompetencia de los funcionarios encargados de la materia.
Por su parte, el Premio Nobel de Economía James Buchanan apunta que la asignación de una actividad al sector público puede ser muy apropiada allí donde el Gobierno se ve limitado por restricciones constitucionales efectivas... pero totalmente inadecuada donde aquél actúa con amplia discrecionalidad.
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