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AL MICROSCOPIO

La peligrosa precaución

En su comparecencia para dar cuentas del caso “aceite de orujo”, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, invocó al principio precautorio, avalado según ella por la legislación nacional y comunitaria, como una de las justificaciones imperativas de su dramática medida. En las cercanías de los movimientos ecologistas más enfervorecidos debieron de resonar los vítores y los aplausos durante horas. No en vano, el llamado principio de precaución, o precautorio, una especie de ley no escrita de la que sólo se habla cuando algo va mal, es una de las herramientas más utilizadas por los verdes para tratar de conseguir su objetivo: es decir, hacer que nada cambie, y menos la ciencia.

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¿ALGUIEN SABE LO QUE ES ESTO?

No pondremos a la señora ministra en el brete de que nos explique a qué se refiere cuando habla de tal principio, entre otras cosas porque nadie sería capaz de definirlo. El principal problema de esta norma tan manoseada es que carece de descripción rigurosa, es ambigua y difusa. Por ejemplo la Declaración de Wingspread de 1998 sobre el Principio de Precaución (impulsada por The Science and Environmental Health Network,) lo resume así: “Cuando una actividad representa una amenaza de daño para la salud humana o para el ambiente, se deben tomar medidas preventivas aunque algunas relaciones entre causas y efectos no sean establecidas científicamente en su totalidad”. Se trataría pues, en el caso aceitoso que nos ocupa, de impedir que las botellas sospechosas de contener benzopirenos en exceso lleguen a manos de los consumidores aunque la ciencia, o las autoridades, carezcan de información suficiente sobre los niveles en los que esta sustancia empieza a ser peligrosa. La medida corresponde, pues, al esquema: “no sabemos a ciencia cierta si esto es malo pero, por si acaso, vamos a prohibirlo”, lo cual sitúa al Estado en una arcangélica situación de poder casi ilimitado en sus funciones de proteger a los ciudadanos de todo mal, incluso por encima de las leyes del mercado, de la razón científica o del bien particular de ciertas empresas, instituciones y grupos de ciudadanos.

Lo malo es que, como decía más arriba, nadie se pone de acuerdo a la hora de definir las circunstancias en las que la precaución debe primar sobre la evidencia. La Declaración de Río en 1992 nos regaló una de las definiciones más extremas del principio preventivo: “Cuando exista amenaza de un daño severo o irreversible, la falta de evidencia científica no será usada como una razón para posponer la toma de medidas efectivas para prevenir la degradación ambiental”. En este caso, no sólo se invoca a los Estados a tomar medidas preventivas, sino que se desautoriza a la voz de la ciencia como consejera de cualquier asunto en el que medie una supuesta amenaza. El esquema sería “sospecho, sin tener certeza, que esto es malo, lo prohíbo y, además, hago oídos sordos a todos aquellos que pretendan convencerme de que no existe ninguna evidencia de que esto sea malo”.

CIENTÍFICOS DEL MUNDO, AL PARO

De ese modo, al científico, educado en el respeto a la razón parsimoniosa y a la evidencia, sólo le queda la alternativa de marcharse con sus papeles a predicar en el desierto más lejano de su país. Por mucho que él sospeche que tal o cual prohibición es exagerada, que tal o cual miedo es irracional, sus sospechas no tienen el mismo valor que las sospechas de los alarmistas, de los indocumentados o de los que pretenden apuntarse tantos a costa de la incertidumbre.

LA CARGA DE LA PRUEBA

Aplicando el principio de precaución no es la peligrosidad de un producto o de una tecnología lo que hay que demostrar, sino su inocuidad. En el caso de los productos de consumo, como el aceite de orujo, parece legítimo invertir la carga de la prueba: es decir, exigir garantías de seguridad antes de que llegue al mercado. Pero el dichoso principio también se invoca para “protegernos” de tecnologías y aplicaciones científicas que alguien (a menudo los grupos ecologistas) han decidido que son dañinos: los alimentos transgénicos, los teléfonos móviles, las centrales nucleares, el DDT... Todo ello debe demostrar, sin género de dudas, que no produce ni una simple urticaria si no quiere verse sometido al juicio público del alarmismo. Y tal empeño se convierte en círculo vicioso cuando, a cada estudio que demuestra su benignidad, siempre saltará una voz que exigirá un contraestudio o que acudirá al socorrido argumento de las conspiraciones de las multinacionales para acallar otras supuestas investigaciones que lo desmienten y que nunca salen a la luz.

UN PRINCIPIO SIN PRINCIPIOS

Aunque, de un vistazo rápido y acrítico, el principio precautorio parece una sabia postura ante posibles riesgos para la salud humana, si se la mira con lupa, esta norma hace aguas por los cuatro costados. En primer lugar, llevada al extremo, evitaría cualquier avance científico, porque el riesgo cero es imposible en ninguna actividad humana, y más en las sometidas a tecnologías nuevas. El principio precautorio obligaría a prohibir las antenas de telefonía móvil, los hornos microondas, los airbag de los coches, los combustibles fósiles, el café, el ejercicio físico en exceso, los complementos vitamínicos farmacéuticos, los antibióticos, los desinfectantes del hogar, las pinturas industriales, el PVC... y todo uso tecnológico que quieran añadir a la lista, desde los cohetes espaciales a las barbacoas.

El principio de precaución es, pues, anticientífico. La ciencia nunca dice NO, sino que avanza a base de SÍES. Un científico no puede aplicar su método a desmentir cualquier alarma lanzada desde fuera de su laboratorio, no puede detenerse a demostrar mediante pruebas a doble ciego que no es malo darse un beso en la boca, oler una rosa en primavera o ver la televisión mientras se mastica chicle. La ciencia no está ahí para asegurarnos la bondad de las cosas, sino para crear nuevos espacios de desarrollo y conocimiento.

Invocar constantemente al principio de marras supone detener el crecimiento de la humanidad y someterlo al continuo escrutinio de la duda más allá de lo razonable.

ABUSO ECONÓMICO

Con tan febles mimbres, no es extraño que el principio precautorio haya sido utilizado torticeramente en más de una ocasión por gobiernos que, tras la excusa de salvar a sus ciudadanos de riesgos más o menos verosímiles, escondían su auténtica pretensión de proteger un determinado mercado frente a la competencia exterior. (¿Podría ser éste el caso de la breve pero dolosa intención italiana de prohibir todo el aceite de oliva español y no sólo el de orujo? ¿Hay algo de esto en el injusto tratamiento que tradicionalmente recibe el porcino hispano allende nuestras fronteras a cuenta de los casos de peste reales o supuestos?). Un principio tan mal diseñado como el de precaución siempre es vulnerable a la manipulación y al usufructo ilegítimo.

PRINCIPIO DE CONFIANZA

Frente a la precaución, debería oponerse una gran dosis de confianza en la ciencia y en la tecnología. Porque, por mucho que vociferen ciertos ecologistas, anticientíficos y postulantes de la improbable Arcadia verde, ninguna otra generación humana ha vivido tanto, con tanta seguridad y con tanta salud como la que nos ha tocado compartir. Y, en gran parte, ello se los debemos a los avances de la ciencia. Nunca hemos disfrutado de una alimentación tan suficiente, variada y sana como la que ahora tenemos a nuestra disposición. Y ello, a pesar de la uperisaccción, los colorantes, la ingeniería genética, las tecnologías de la conservación, el frío industrial, la producción intensiva y otros demonios de los ecologistas. No somos eternamente felices, es cierto, y muchos ciudadanos de este mundo (la gran mayoría) están muy lejos de disfrutar de nuestro grado de desarrollo. Pero esto no es, ni mucho menos, culpa del avance científico en sí y, en ocasiones, sí que ha sido achacable a los que se oponen a él. Como es el caso de la prohibición del DDT, agente con cuyo concurso se habría podido reducir el terrible impacto de la malaria en los países más pobres.

Ningún científico en su sano juicio puede pensar que la tecnología está exenta de portar algún daño al ser humano. Pero qué sería de nosotros si el primer hombre que hizo brotar fuego de su sílex chispeante se hubiera aplicado a sí mismo el principio de precaución.
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