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SALUD E IMPUESTOS

Las tabaqueras americanas y el contrabando

La Comisión Europea interpuso hace pocas semanas demanda civil contra las dos mayores multinacionales tabaqueras de EE.UU. El gobierno español anunció la semana pasada que se unía a la “fiesta”. Bruselas reclama compensaciones por los 760.000 millones de pesetas que anualmente deja de recaudar —vía IVA, impuestos especiales y derechos de aduana— a causa del contrabando de tabaco y acusa a dichas empresas de estar implicadas en el mismo. Dicho de otra forma, la UE acusa a las tabaqueras de no colaborar en la extorsión gubernamental a los fumadores.

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Lo que distingue al estado del resto de atracadores, además de lo sistemático de su acción, es que a diferencia del ladrón común, el gobierno insulta la inteligencia de la víctima explicándole que todo lo hace por su bien. Examinemos pues cómo justifican los gobiernos que un fumador tenga que pagar altísimos impuestos y aranceles para poder disfrutar de sus cigarrillos.

Con el arancel nace el contrabando. Dado que los aranceles gravan exclusivamente los productos extranjeros, su fundamento no puede tener nada que ver con cuestiones de salud. Se trataría según se dice, de “proteger” a la industria nacional. En fin, vieja falacia mercantilista que, carece de defensa posible tanto ética como económica. En efecto, los aranceles suponen violaciones de los derechos individuales de propiedad privada y libre contratación, por no hablar de los registros de equipajes o la intervención de la correspondencia.

Desde el punto de vista económico, producir más caro en el propio país lo que en el extranjero se produce más barato, supone simplemente despilfarro. ¿Cuándo va a poner Groenlandia un arancel lo suficientemente alto para hacer rentable el cultivo de café allí, creando así empleo en dicha industria? El campeón del libre cambio, Frèderic Bastiat ridiculizaba las solicitudes proteccionistas con una fábula que ya es clásica: Los fabricantes de velas, bombillas y lámparas, junto con las eléctricas dirigen una petición al gobierno de “protección” para sus industrias. Solicitan que se establezca la prohibición de recibir luz del Sol (un productor de luz extranjero tan agresivo que, regala su producto). Deberán tapiarse ventanas y tragaluces. La prohibición podrá levantarse solamente para aquellos que paguen el prohibitivo arancel correspondiente.

De esta forma se crearán empleos en dichas industrias y el Tesoro Público recaudará fondos con los que trabajar por el ’bien común”. Como todavía habrá alguien que no advierta los destructivos efectos de la medida (poco sentido común debe de tener), le pediría que además de los efectos sobre las industrias “protegidas”, repare en las demás consecuencias de la medida. Si hay que gastar más dinero en lámparas y electricidad, habrá menos disponible para pan, zapatos, muebles, etc. con el consiguiente desempleo en esos sectores. Es decir, el bienestar general habrá disminuido gravemente pues ahora se tiene que pagar más por unos servicios (la luz, la calefacción) que la naturaleza ofrece libremente por menos. En fin, que hay que ser muy necio para imponer sobre la población en tiempos de paz, lo que el enemigo trata de establecer en cuanto se declara una guerra. Esto es, un bloqueo de los puertos del adversario para impedir su aprovisionamiento desde el exterior.

Por lo que se refiere al impuesto sobre el consumo de tabaco propiamente dicho, apuntar lo siguiente. Los estados argumentan que su deseo es proteger la salud de los ciudadanos. ¿De verdad alguien se cree que a los gobernantes les importa más el estado de salud de una persona que, al propio interesado? Si lo que sostienen es que dicho individuo no sabe gobernarse, ¿con qué fundamento se le da derecho a votar? Como decía Ludwig von Mises, no parece que tenga sentido que el incapacitado elija a su tutor.

Una última línea de defensa está constituida por aquellos que argumentan que los fumadores originan gastos extra para la Seguridad Social y por tanto deben pagar más. Este último argumento, que sin duda es el único plausible, pone de manifiesto que no existe un “derecho a la sanidad” tal y como pretenden los estatistas. Los recursos son escasos y la riqueza hay que producirla, servicios médicos incluidos. Es por ello que conviene no dejar que el estado la maneje. Seguramente, la despilfarrará.
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