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AL MICROSCOPIO

No les digas a los indios que eres ecologista

La primatóloga Alison Jolly, de la Universidad de Princeton (EEUU), analizaba con acidez las dificultades por las que pasan los expertos en conservación de la naturaleza en el Tercer Mundo. Lo hacía desde las páginas de la revista Science y atinaba en un párrafo que dará que hablar: “desde los países menos desarrollados, la ética de la conservación que triunfa en Occidente puede ser interpretada como otra forma de imperialismo económico basada en al tradicional hipocresía del mundo rico. El romanticismo con el que nosotros contemplamos la naturaleza salvaje se traduce para ellos en la obligación de seguir teniendo monos en el jardín de casa”.

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Desde hace tiempo me ha preocupado el difícil matrimonio entre ecología y desarrollo. Sobre todo desde que, en mi primer viaje a la India, cometí un error que me sumió en el peor de los bochornos: tratando de presentarme en un torpe inglés como periodista interesado en temas de cooperación para el desarrollo, confundí el término development (desarrollo) con environment (medioambiente). El lapsus causó pavor: aquellos hombres y mujeres de Jagalur no querían a ecologistas, necesitaban técnicos que les enseñasen a construir canalizaciones y puentes, a sacar algo más de partido al dinero que recibían de las ONG con una sabia estrategia de inversiones.

Uno de los principales errores que el ecologismo occidental ha cometido tiene que ver con su equívoca definición del concepto “desarrollo sostenible”, término tan utilizado en el discurso ambientalista de moda como carente de andamiaje intelectual e, incluso, ético. Wilfred Beckermanen “Lo pequeño es estúpido”, nos alertaba hace un lustro de que “la idea de desarrollo sostenible se ha definido de tal manera que o es moralmente repugnante o lógicamente redundante”. Situar a la sostenibilidad como objetivo principal de cualquier desarrollo económico obligaría casi a negar la posibilidad de desarrollo: si los ecologistas hubieran tenido la voz que hoy tienen hace dos siglos, ahora no existiría la minería ni la industria porque son procesos evidentemente no sostenibles.

Una de las definiciones más famosas del desarrollo sostenible es la que la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtlandim puso a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo con su informe de 1987 titulado “Our common future”. Según la señora Brundtland “la pérdida de especies animales y vegetales puede limitar enormemente las opciones de las generaciones futuras, por lo que el desarrollo sostenible exige la conservación de especies animales y vegetales”. Es decir, que los países pobres están condenados, en virtud del culto a la sostenibilidad, a mantener para siempre los monos de su jardín.

El problema es que la desaparición de especies vegetales y animales no es una consecuencia directa del desarrollo, ni siquiera del abuso del desarrollo. El 98 por 100 de las especies que han vivido sobre el planeta ya no existen y no creo que eso haya limitado las posibilidades de desarrollo de ninguna generación humana posterior a la extinción de los dinosaurios (o sea, todas). Esa es la razón por la que los grupos ecologistas han empezado a sustituir la línea dura de la sostenibilidad por el concepto más ambiguo de “desarrollo sostenible flexible”. Pero siguen sin aceptar que la única aproximación plausible al problema debe incluir una investigación científica y económica que tenga en cuenta factores como el coste de la reducción de la contaminación, la posibilidad de sustituir bienes naturales por bienes manufacturados o la evaluación económica del patrimonio biológico.

Quizás así, empezarían a darse cuenta algunos de que la auténtica catástrofe ambiental que padecen los países del mundo menos desarrollado no es la que se encarna en el cambio climático, la desaparición del tigre de Bengala o la pérdida de espacios para la expansión de las adelfas. El verdadero mal ecológico que los azota es la escasez de agua salubre, el exceso de mosquitos transmisores de la malaria y la imposibilidad de disfrutar de más de una cosecha de arroz al año.

El equívoco no es baladí. La oposición radical de los ecologistas al uso de fertilizantes químicos desequilibra las expectativas de crecimiento agrícola en muchas zonas de África. Eso sí que hace insostenible el desarrollo. El error verde ha confundido, si no paralizado, muchas políticas de crecimiento del Tercer Mundo. Acosados por el lobby ecologista y temerosos de caer en delito de lesa majestad contra el todo poderoso ideal del desarrollo sostenible, gobiernos y agencias de cooperación huyen de programas de intensificación agrícola basados en serios criterios científicos y económicos .

El premio Nobel Norman Borlaug, pionero en la defensa del uso de semillas modificadas genéticamente para potenciar la agricultura del Tercer Mundo, alertaba hace tiempo de que “la sostenibilidad ha derivado, simplemente, en un aumento de la inseguridad alimentaria de los países pobres”. No hay ninguna razón ética ni científica que justifique la oposición frontal a los alimentos transgénicos como herramienta para mejorar la producción agrícola de un país famélico. Como tampoco la hay para imponer una prohibición total del uso del DDT (prohibición muy poco fundamentada en criterios científicos) aún a costa de retrasar las expectativas de erradicación de la malaria.

El último dislate en este sentido viene de la mano de algunos defensores de la fauna salvaje. Amparados por tratados como el CITES (Convención Internacional para el Tráfico de Especies Protegidas) confeccionan listas de animales en peligro a partir de las que las autoridades occidentales terminan imponiendo estrictas prohibiciones de explotación. Pero no son pocos los científicos que se quejan de que el CITES ha sido “secuestrado” por posturas conservacionistas extremas que pretenden convertir a los países del Tercer Mundo en un museo vivo de historia natural. El fracaso de las prohibiciones es patente. La población mundial de tigres no ha dejado de decrecer desde que la especie fue introducida en el apéndice 1 del CITES (el que recomienda la prohibición total de vender y comprar cualquier producto derivado de ciertos animales).

La mitad de los tigres vivos habitan en reservas protegidas indias que son sistemáticamente asaltadas por furtivos seguros de que sus piezas alcanzarán un precio de oro en el mercado negro de China (donde algunos derivados del tigre forman parte de la farmacopea tradicional). Algo similar ha ocurrido con otra especie mimada por el CITES (el rinoceronte blanco).

Quizás sería más sensato reconocer el derecho de los pueblos a explotar sus recursos naturales y aplicar medidas de control y compensación para mantener los stocks. Hay un precedente: la sabia administración del comercio de pieles de cocodrilo ha favorecido el mantenimiento de la especie en muchos países. El caso del esturión es similar. La Unión Mundial para la Conservación (el consejo asesor científico del CITES) ha pedido reiteradamente que la especie no sea incluida en el Apéndice 1 sino en el 2, donde se recomiendan controles para la explotación sin llegar a la prohibición. El argumento es simple: convertir en delito la pesca del esturión no impedirá que las mesas de solventes familias occidentales sigan sirviendo caviar para cenar (mucho más caro, eso sí) y podría sin embargo condenar a la pobreza a centenares de pescadores del Mar Caspio.

En resumen, la polémica termina centrándose en dirimir a quién pertenecen los monos del jardín (¿al dueño del jardín o a Greenpeace?)
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