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ARGENTINA

Privatizaciones buenas y no tan buenas

En los últimos días se ha comenzado a debatir una iniciativa del gobierno argentino que plantea la posibilidad de privatizar ciertas tareas de recaudación impositiva, y esto ha generado una polémica con algunos opinando a favor, ya que la mayor eficiencia del sector privado permitiría una mayor recaudación, y otros opinando en contra porque esa tarea la consideran como una “función indelegable del estado”. El presente comentario tal vez no se dirija específicamente a tratar de dilucidar esta polémica sino a considerar el tema desde una perspectiva general. Pues el tema plantea cuestiones de fondo en cuanto a la naturaleza del estado y las tareas que el mismo debe desarrollar.

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Cuando se inició el proceso de privatizaciones, lo que el estado transfería al sector privado eran tareas que se consideraba no debía realizar. Es cierto que el argumento para hacerlo estaba basado normalmente en la eficiencia, es decir, que el estado era poco eficiente para proveer un determinado servicio, lo cual es absolutamente cierto teniendo en cuenta que la intensidad de los incentivos que la organización burocrática del estado puede proveer no se compara con la que encontramos en el sector privado. En el segundo actúan como incentivos formidables no solamente la posibilidad de obtener suculentas ganancias, en tanto y en cuanto se provea a los consumidores con lo que éstos necesitan, sino también la posibilidad de incurrir en pérdidas que terminen consumiendo el capital invertido. Es difícil decir cuál es más fuerte que el otro, lo cierto es que ambos actúan para que el sector privado muestre el grado de eficiencia que suele tener.

Pero ¿hasta dónde extender el argumento?. Si el sector privado es más eficiente, ¿deberíamos entregarle todas las tareas?. Aquí es donde entra en consideración esta nueva iniciativa, ya que no se trata de una propuesta de privatizar algo que el estado no debería hacer sino algo que está en la esencia de su carácter. Y, así discurre el argumento, el hecho que esté en esa esencia no se modifica porque el mismo estado subcontrate el cumplimiento de la tarea a algún particular. Después de todo, también lo está la defensa nacional y el estado suele contratar a fabricantes de armas para equiparse. Es cierto, pero no lo hace para defenderse, aunque en otras épocas sí lo hiciera.

Entonces el meollo de la cuestión tal vez esté por otro lado. Se trata, en realidad de discutir si resulta conveniente que una determinada tarea se haga más eficientemente o no, es decir, no el método o la forma en la que se realiza, sino la tarea en sí. Porque, pongamos un ejemplo extremo, si se hubiera privatizado la GESTAPO o se les hubiera incentivado mediante un régimen de ganancias y pérdidas como el del sector privado, seguramente podríamos haber dicho que la tarea se pudo realizar más eficientemente, pero ¿es una tarea que deba realizarse?. En ese caso la respuesta es sencilla. En el actual es más complicada. Sin entrar en discusión acerca de la existencia de los impuestos, lo que el presente debate plantea es si resulta conveniente privatizar la recolección de “estos” impuestos.

Existe una generalizada creencia que sería bueno reducir la evasión. Los argumentos son dos: uno, basado en la justicia, ya que igualaría la situación de todos eliminando la divergencia actual entre los que pagan y los que no pagan; el otro basado en que podría reducirse el déficit fiscal y con eso mejorar el rendimiento de la economía. El primero es cierto, aunque igualaría a todos en la desgracia; el segundo es cuestionable ya que mayor recaudación sólo da como resultado un menor déficit si el gasto se mantiene o crece menos, pero mayores recursos son una gran tentación para gastos adicionales.

Cuando se considera la eliminación de la evasión suele pasarse por alto el costo que esa eliminación generaría: una buena cantidad de actividades económicas no podrían sostenerse si tuvieran que pagar todos los impuestos que hay que pagar, y cumplir con todas las normas y regulaciones con las que hay que cumplir. Por esa razón, la propuesta de hacer “más eficiente” la recaudación plantea la cuestión de la eficiencia de la misma estructura impositiva: si ésta es mala, aumentar la eficiencia de la recaudación lo que hace es aumentar las distorsiones que ésta genera.

No hay que hacer más eficiente a la GESTAPO, hay que eliminarla; no hay que hacer más eficiente la recaudación impositiva, hay que reducir los impuestos.

© AIPE
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Martín Krause es corresponsal de la agencia de prensa AIPE en Buenos Aires.
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