Tal vez éste debiera ser el punto de partida y de llegada del debate: ningún régimen, de ninguna naturaleza, debe cometer nunca los hechos antedichos. Sin embargo, la líder de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, y los diversos partidos de la izquierda marxista –desde el Partido Comunista, pasando por todas las variantes trotskistas y hasta las minúsculas fracciones maoístas– han propiciado, desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983, un debate mucho más amplio, que pone en entredicho el concepto mismo de Derechos Humanos.
En estos días, también el presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, ha aportado su palabra: lo que se conmemora el 24 de marzo, nos dijo, no son sólo los hechos horrendos de la tortura, el asesinato masivo y la apropiación de niños, sino la concurrencia de estos hechos en función de un plan mayor: el económico de Alfredo Martínez de Hoz. De este modo, tanto Bonafini como la izquierda marxista (desde el 83) hasta el actual presidente (desde su triunfo con un 22% en 2003) han sacado la discusión del necesario rechazo a la tortura, la apropiación de niños y el asesinato masivo para llevarla a cuestiones económicas, en donde los primeros hechos aberrantes juegan un rol no sustancial sino funcional, igual de importantes que el plan económico. Esta es la primera falacia que debemos deshacer.
Desde hace décadas venimos escuchando a Bonafini reivindicar a los grupos terroristas y guerrilleros más diversos, desde Al Qaeda hasta el Tupac Amaru peruano, pasando por Eta, y manifestando que el neoliberalismo es equivalente a las dictaduras que violaron todos los derechos humanos. Por el bien de los derechos humanos, de la vida y la libertad, hay que desarticular este equívoco.
Haber apoyado la política económica del presidente democráticamente electo Carlos Menem, por ejemplo, no sólo no es equivalente, sino que no tiene la menor semblanza con haber apoyado a la dictadura de Videla luego de saber que torturaba, asesinaba masivamente y robaba niños. El propio Menem fue preso de la dictadura, y su política económica, acertada o errada, no tuvo absolutamente ninguna vinculación con ningún tipo de recorte de las libertades públicas. Decir que cualquier persona o funcionario que proponga el liberalismo, el neoliberalismo o incluso el nunca definido "capitalismo salvaje" es similar a los esbirros de Videla, pues éstos propusieron el mismo tipo de política económica, equivale a decir que cualquier sujeto que proponga algún tipo de socialismo o de participación del Estado en la vida económica es igual a Pol Pot, a Stalin o a Mao. El socialismo fracasa por sí mismo, no porque sus propositores sean genocidas en potencia. Y sería una insensatez y una locura adjetivar como violento a cualquier sujeto que, ateniéndose a las reglas del marco democrático, propusiera el socialismo, incluso el comunismo, como forma económica de vida. Del mismo modo que resulta de un gran riesgo para la lógica y los derechos humanos intentar equiparar la tortura y la apropiación de niños, y sus colaboradores y ejecutores, con un plan económico, y sus ejecutores y defensores.
La convertibilidad de los 90 no tuvo absolutamente ninguna relación con la dictadura del 76: fue votada dos veces por la mayoría del pueblo argentino y se llevó a cabo no sólo en la plena efectividad de la libertad de prensa y con la totalidad de las garantías constitucionales, sino en el marco de la Administración más pública y libremente criticada desde el retorno de la democracia.
Lo que indudablemente puede achacársele al doctor Menem es la corrupción. Las denuncias dirigidas directamente en su contra resultan bastante razonables y creíbles. Y el hecho de que fuera totalmente incapaz de controlar los actos de corrupción de sus funcionarios es una verdad innegable. Con eso bastaría para expulsarlo legalmente del Gobierno e impedirle para siempre el retorno a cualquier actividad pública. Pero, nuevamente, esto no tiene ninguna relación con torturar, asesinar masivamente o apropiarse de niños.
Si bien es cierto que Menem, votado por Kirchner y toda la cohorte peronista o neoperonista que hoy lo alaba, dictó los pérfidos indultos a los militares del 76, no lo es menos que el propio Menem fue el único presidente civil de la nación argentina capaz de reprimir con las armas una sublevación militar y, no menos importante, el único en suprimir esa continuada tortura –y hablamos de tortura, sin subterfugios– que fue el servicio militar obligatorio. Si los indultos resultan lamentables, y una mancha indeleble en su presidencia, la represión y encarcelamiento del traidor Seineldín y la supresión del servicio militar obligatorio son dos medidas ejemplares que también dejan importantes puntos a favor del doctor Menem. Los planes económicos que respetan las libertades públicas y el proceso democrático son planes económicos de gobiernos democráticos, y como tales merecen ser juzgados por su fracaso o eficacia, no como planes de exterminio. Porque eso banaliza los verdaderos planes de exterminio y disminuye el valor de la vida y la libertad humanas.
No quisiera terminar este apartado sin destacar que algunos de los escasos defensores de los derechos humanos en el ominoso proceso que se abrió con Videla y se cerró con Bignone fueron periodistas como James Neilson, también defensores a ultranza del más puro liberalismo económico. Y que también hubo defensores de los derechos humanos que coincidían con la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz –excluyendo, obviamente, los actos ilegales–, pero lo aborrecían a él personalmente por ser el ministro de una dictadura asesina.
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Hay discusión entre casi todos los polos de este debate respecto a si la represión de los grupos guerrilleros ERP y Montoneros fue o no una guerra. La discusión es dentro de cada uno de los polos: dentro de la derecha violenta, de la derecha democrática, de la izquierda violenta y de la izquierda democrática, así como también dentro de cada uno de los factores pensantes de la Argentina existe una discusión, nunca saldada, acerca de si el enfrentamiento de los grupos guerrilleros contra, sucesivamente, los gobiernos de Cámpora, Perón, Isabel y la dictadura de Videla fueron o no una guerra. Algunos de la derecha dicen que fue una guerra, y otros que no. Algunos dentro de la izquierda dicen que fue una guerra, y otros que no.
No nos vamos a remontar al surgimiento de ambos grupos guerrilleros, pero sí vale advertir que nacieron bajo gobiernos de facto y sus objetivos eran básicamente militares. Sin embargo, aunque surgieron bajo gobiernos dictatoriales, en ninguno de los dos casos sus objetivos eran la democracia ni las libertades públicas: el ERP quería implantar una dictadura marxista, sin ningún tipo de concurrencia popular por medio del voto o la opinión. En cuanto a Montoneros, su objetivo coincidía con la democracia en ese momento preciso, pero ésta no era su fin: el método era el regreso de Perón, pero el objetivo era una dictadura de corte tercermundista, una extraña mezcla, nunca del todo definida, de "socialismo nacional", influencias cubanas y espíritu clerical. Una vez dicho esto, creo que el recorrido previo al Proceso de Reorganización Nacional, en lo que hace a las guerrillas, y por sangriento e injustificado que haya sido el asesinato de Aramburu, debe comenzar por la declaración de guerra del ERP contra el Ejército luego de la asunción de la Presidencia por parte del doctor Cámpora, el 11 de marzo de 1973. Esta es la primera ocasión en que uno de estos dos grupos guerrilleros se alza contra la democracia, contra un Gobierno elegido con toda la legitimidad y la fuerza numérica de la mitad más uno del pueblo, especialmente de los trabajadores, a los cuales, ya con argumentos psicóticos, decían defender.
El ERP declara la guerra al Ejército, que entonces era el brazo armado de la Nación, dirigido por un Gobierno democrático, votado por la mayoría del pueblo y que no sólo validó todas y cada una de las libertades democráticas, sino que había soltado, sin ningún tipo de proceso legal, a todos los presos políticos de las dictaduras previas. A este Gobierno, al Ejército de este Gobierno, el ERP le declara la guerra. La guerra popular prolongada, lo que sea que esto signifique, que para colmo era un concepto maoísta, y no trotskista.
Pero ¿eran realmente trotskistas los del ERP? ¿Guevaristas? ¿Qué significa ser guevarista? ¿Cuál es la teoría guevarista? Lo único que queda claro es que querían matar. Fuera una teoría u otra, lo que los miembros del ERP y sus dirigentes no podían soportar es que hubiera algún tipo de proceso político pacífico, acompañado pacíficamente por los trabajadores. Ellos querían matar, y que los mataran. Y si no, no.
De ese modo, declararon la guerra con un sofisma que creo es único entre las declaraciones de guerra, ya sean internacionales o insurgentes: le declararon la guerra al Ejército, pero no al Gobierno del doctor Cámpora. Si no fuera trágico, sería gracioso.
El caso de los Montoneros es más complejo. Tenían una real inserción popular, participaron activamente de la vida civil desde el regreso de Cámpora y mantenían un fluido contacto –de progresivo deterioro– con Perón. Hay que decir que fueron los primeros en padecer muertos cuando su adorado líder regresó a la Argentina, en el 73. Gritar "¡La vida por Perón!" mientras Perón los masacraba no puede ser considerado un rasgo de lucidez política, pero tampoco una provocación violenta como la del ERP.
Lo cierto es que durante el Gobierno de Cámpora los Montoneros decretaron una verdadera tregua e intentaron insertarse en lo que ellos reconocían como un "Gobierno popular", para, progresivamente, convertirlo en revolucionario. Hay que decir en mérito del doctor Cámpora y sus partidarios que el suyo fue un Gobierno que respetó las libertades públicas y la libertad de prensa, y en ningún caso, en lo que al doctor Cámpora se refiere, tuvo complicidades con los asesinatos que el propio Perón propiciaba por medio de personeros como Osinde y López Rega.
El asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973, con Perón ya elegido presidente, vuelve a convertir a Montoneros en lo que ellos mismos eligieron ser al momento de su aparición, con el secuestro y asesinato de Aramburu: un grupo de asesinos políticos. Montoneros encuadraba sus asesinatos dentro de una "guerra popular revolucionaria". Tenemos acá, entonces, que tanto el ERP como Montoneros concebían sus acciones militares como una guerra contra la clase dominante, antes, durante y después de la democracia. Esto es: no tomaron las armas porque Videla conculcó el poder. Ya las habían tomado antes. Y su objetivo no era derrocar a Videla para brindar al país elecciones libres: en ambos casos el objetivo era tomar el poder violentamente, fuera el Gobierno democrático o dictatorial, e implantar, en el caso del ERP, regímenes no democráticos (se referían, despectivamente, a las democracias occidentales como "democracias burguesas"). Sí, ambos declararon la guerra.
Creo que no es posible llegar a una conclusión epistemológica, exacta, acerca de si el enfrentamiento entre el ERP y los Montoneros y los militares argentinos posterior a marzo del 76 se trató o no de una guerra. Lo que sí podemos decir es que los dos bandos la concebían como tal. De eso no hay duda. Tanto Montoneros, como el ERP, como los militares argentinos declaraban, firmaban y documentaban estar librando una guerra. Y ninguno ahorró esfuerzos al respecto. El hecho de que el Ejército contara con una desproporcionada y abismal ventaja frente a los grupos guerrilleros no invalida el hecho de que éstos, efectivamente, le declararon la guerra.
Ahora bien, ¿está justificada la tortura por la guerra? ¿Está justificada la violación, la apropiación de niños, el asesinato masivo de prisioneros indefensos? Ninguna de estas aberraciones está justificada. Que haya sido o no una guerra no tiene relación alguna con esos hechos, que de ningún modo contribuyen a la victoria o derrota en una guerra. Es evidente que ni la violación ni la apropiación de niños, ambas sistemáticas, pueden ser consideradas como "excesos".
En una guerra, el exceso puede ser matar al enemigo cuando se ha rendido; la violación es un delito aparte: una degeneración que no guarda ninguna relación con la victoria o la derrota. La apropiación de niños, sistemática como fue, es un dato novedoso en la cartografía del Mal, que marcará a los argentinos por generaciones y cuyos culpables deben ser apartados de la sociedad por lo que duren sus vidas.
Las guerras tienen reglas. A menudo pueden servir para que, al amparo de su fragor, los malvados absolutos ejecuten pecados que pergeñarían en cualquier circunstancia propicia; pero en ningún caso disminuye la afrenta ética que estos actos inaprensibles representan.
Marcelo Birmajer, escritor argentino.