Se trata de un acto eminentemente político, que este año ha tenido como lema "Quieren acabar con todo", en referencia a las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular. La elección de ese singular mensaje evidencia, una vez más, que el objetivo de los dos sindicatos mayoritarios tiene poco que ver con la defensa precisa de unos derechos concretos o la mejora puntual de tal o cual aspecto de las relaciones laborales, y sí mucho con su apoyo expreso a la campaña de la izquierda política en contra del Gobierno democráticamente elegido en las urnas el pasado 20 de noviembre.
En la Transición se canonizó un sistema de agentes sociales con un sindicato vinculado al PSOE, otro al PCE y la patronal –el "sindicato de productores" en la escatología falangista–, identificada con la principal fuerza de la derecha española, en aquel entonces Alianza Popular. En tiempos de convulsión política pareció oportuno sobrelegitimar a esos sindicatos para que participaran en las reformas institucionales que se estaban haciendo, pero en la segunda década del siglo XXI quizá ya sea el momento de que aquéllos lleven a cabo la misión que les corresponde, que no es la exacerbación de la lucha revolucionaria de clases ni la implantación del socialismo, sino la defensa corporativa de los trabajadores atendiendo a las características concretas de cada sector profesional.
La cualidad de "más representativos", otorgada a la Unión General de Trabajadores y a Comisiones Obreras, se ha basado en un entramado de apoyos institucionales y dinero público que ha consagrado a dichas centrales como fuerzas determinantes en el denominado diálogo social. Sus privilegios y abundantes subvenciones les permiten obtener más delegados que los sindicatos sectoriales de carácter profesional, de tal forma que todo el esquema representativo se convierte en un razonamiento circular: son mayoritarios porque reciben mucho dinero público y reciben mucho dinero público porque representan a la mayoría de los trabajadores.
UGT y CCOO operan de hecho como censores de la política económica del Gobierno, por encima incluso de las Cortes Generales, que ostentan la representación de la soberanía popular. Es habitual que los dos principales partidos se achaquen mutuamente su escasa disposición a negociar previamente la política económica y laboral con los dos grandes sindicatos –en última instancia, dos corporaciones privadas de las muchas que existen en España–, renunciando de facto a su obligación de representar el interés de todos los españoles sin obedecer a este mandato imperativo, por cierto, prohibido expresamente en nuestra Constitución, aunque nadie otorgue a esta circunstancia anómala la importancia que merece.
Junto a estos dos entramados funcionariales dependientes del dinero público, cuyas prebendas y privilegios se esfuerzan con denuedo en mantener, existen organizaciones que responden al interés legítimo de los trabajadores de asociarse en defensa de sus derechos. Son los sindicatos profesionales, que, a diferencia de los de clase –en sentido decimonónico–, ostentan la hegemonía de la representación de los trabajadores en los sectores en que se encuentran implantados, a pesar de gozar de muchas menos subvenciones, dada su condición de escasamente representativos a escala nacional.
En medicina, enfermería, la enseñanza y muchos otros sectores profesionales de cierta cualificación, los trabajadores optan mayoritariamente por representantes dedicados íntegramente a la defensa puntual de los derechos de sus afiliados, y cuyo interés negociador se circunscribe a las reuniones periódicas con los representantes de las empresas para tratar aspectos concretos de las relaciones laborales en cada centro de trabajo. No quieren hacer política ni acabar con el capitalismo, sino mejorar las condiciones de los trabajadores que cada mes abonan las cuotas necesarias para mantener ese servicio de defensa y asesoría.
Cuando los líderes de UGT y CCOO se quejan de los supuestos ataques que quieren mermar su legitimidad, olvidan que es su negativa a actuar como verdaderos sindicatos lo que les desprestigia ante los ojos de los ciudadanos. Si quieren lavar su imagen, sólo tienen que sacudirse la caspa decimonónica, abandonar la lucha anticapitalista y comenzar a imitar a los sindicatos profesionales, en la España actual los únicos dignos de tal nombre.
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