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Compromiso con la verdad

Pero negar sistemáticamente su implicación en el chivatazo y dejar en la estacada a unos funcionarios cuyo delito fue obedecer ordenes de sus mandos políticos, no solo ha sido una gran mentira, sino una cobardía.

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No es necesario, o no debería serlo, que un ministro vaya a la cárcel para que tenga que asumir sus responsabilidades políticas. Hay funcionarios condenados por uno u otro motivo, por fortuna casos puntuales, sin que de esos delitos se derive responsabilidad política alguna de quiénes están al frente de los departamentos en los que trabajan. En el caso Faisán lo relevante desde un punto de vista político no es que se haya cometido un delito, sino que exista una colaboración probada desde el Ministerio del Interior con la banda terrorista ETA, algo que no solo resulta delictivo, sino inadmisible políticamente y repugnante desde un punto de vista moral. En este caso, lo más importante no es el nombre de quién que dio el chivatazo, sea quién sea, sino el nombre del político que dio la orden de hacerlo. Y tan indiscutible como que el chivatazo existió es que Alfredo Pérez Rubalcaba era Ministro del Interior en el momento en que produjo.

Siempre he defendido la presunción de inocencia como un principio básico del Estado de Derecho. Ni siquiera cuando mandos policiales fueron procesados por el caso Faisán pedimos nunca medida cautelar o disciplinaria alguna contra ellos. Es más, me parecía profundamente injusto que fueran unos policías los que terminaran pagando por un chivatazo que era político, tenía una motivación política y tengo la convicción de que fue ordenada por mandos políticos. El Gobierno nunca debió utilizar un chivatazo para intentar salvar su negociación con ETA, como reconoce en las actas de sus conversaciones con los terroristas, pero si querían darlo, nunca debieron utilizar a la Policía. Al hacerlo han ultrajado un Cuerpo que ha perdido mucha sangre heroica luchando contra el terrorismo.

Lo peor del caso Faisán ha sido la mentira. Hay gobiernos que asumen las consecuencias de sus actos, incluso aunque ello suponga asumir la muerte de terroristas. Pero negar sistemáticamente su implicación en el chivatazo y dejar en la estacada a unos funcionarios cuyo delito fue obedecer ordenes de sus mandos políticos, no solo ha sido una gran mentira, sino una cobardía.

La pregunta que se hacen hoy muchos ciudadanos es que sucederá ahora, si llegaremos a conocer la verdad, si alguien pagará por esta vileza. El PSOE ha vendido la decisión de la Audiencia Nacional de seguir investigando como si hubiera decidido cerrar el caso, pero es justo lo contrario. Nunca es fácil, en ninguna democracia, investigar a gobiernos que cometen actos ilegales. Pero precisamente por eso el caso Faisán es tan importante para la salud de nuestro Estado de Derecho. Por muy relevante que sea quién cometa un delito, aunque sea un ministro, debe ser juzgado por tribunales independientes, y si se puede demostrar su culpabilidad, condenado. Esas son las reglas.

En mi opinión, una investigación judicial que se vea libre de las maniobras de un Gobierno que trata de ocultarlo todo para eludir sus responsabilidades y ayudada por una Fiscalía que ejerza su función y no la de abogado defensor del Ejecutivo, puede terminar por encontrar no solo a quiénes dieron el chivatazo, sino de donde partió la orden. Hay que mantener nuestra confianza en un Estado de Derecho que en casos difíciles como el GAL depuró unas responsabilidades penales que tampoco fueron asumidas políticamente por un gobierno socialista. A veces la Justicia es lenta, pero implacable. También las urnas. Nuestro compromiso con la verdad no está en función de fechas electorales.

Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

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