El lehendakari Ibarretxe mantiene su intención de convocar un referéndum ilegal sobre la autodeterminación del País Vasco. Lo hace en un momento en el que ETA ha reiniciado su campaña asesina reclamando precisamente ese mismo objetivo político y sin que exista un mínimo consenso en la sociedad vasca sobre el proyecto soberanista que impulsan los nacionalistas. La respuesta del Gobierno de Zapatero a este crucial desafío para el futuro de España es una vez más un claudicante silencio.
La convocatoria de ese referéndum sería no sólo un ataque frontal a nuestra Constitución y a la integridad del Estado, sino que constituye además una profunda inmoralidad que daría a los terroristas una impresentable coartada política para seguir asesinando. El Gobierno no puede por tanto limitarse a realizar una vaga referencia a la Constitución esperando que el problema se desactive solo, sino que debe mostrar con toda rotundidad su rechazo político a esa iniciativa y su voluntad de utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho, que los hay, para impedir la celebración de ese acto ilegal.
Muchos en la izquierda creyeron de forma interesada que la política de firmeza política y de cumplimiento estricto de la legalidad frente a los desmanes soberanistas practicada por los gobiernos de Aznar eran la causa del proceso de radicalización de algunos nacionalismos periféricos. La llegada de Zapatero a La Moncloa supuso un cambio radical en esa política. Por un lado, se pensó que era posible calmar las ansias independentistas a través de la promulgación de nuevos estatutos de autonomía que dieran más poder a esas comunidades. Por otro, el Gobierno se prodigó en gestos de buena voluntad hacia los nacionalistas, eliminando por ejemplo del Código Penal el delito por convocar de forma ilegal referéndums, retirando numerosos recursos de inconstitucional a leyes autonómicas que invadían competencias estatales, cediendo a las pretensiones del Gobierno vasco en la negociación del cupo y dando una apariencia de normalidad a las relaciones políticas e institucionales por encima de encontronazos como el que supuso la llegada del Plan Ibarrtexe al Congreso de los Diputados.
En realidad esa política de contemporización lo que escondía era una alianza de intereses de la izquierda con el nacionalismo radical que les permitiera no sólo acceder al poder sino aislar y excluir del juego político a la única alternativa nacional y democrática que representa el Partido Popular. Una alianza que ha llevado al PSOE a traicionar algunos de sus principios básicos sobre la concepción del Estado y que está moviendo a algunos militantes socialistas, como Rosa Díez, a promover un partido alternativo que desde la izquierda recupere el sentido nacional.
En todo caso, el empecinamiento del lehendakari Ibarrtexe por mantener su referéndum ilegal de autodeterminación supone el fracaso rotundo de esa política de complicidad con el nacionalismo radical y exigiría por parte del Gobierno la vuelta inmediata a una política de firmeza política frente a cualquier pretensión secesionista y un fortalecimientos del Estado de Derecho para hacer prevalecer la legalidad ante este tipo de desafíos a nuestro ordenamiento constitucional. El problema es que Zapatero carece de la credibilidad y la voluntad necesarias para practicar esa política.
