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Ignacio Cosidó

El despotismo ignorante

El jefe del Ejecutivo prefiere mantener oculta su verdadera agenda política porque sabe que esa agenda resulta inaceptable para una gran mayoría de los españoles y de sus propios votantes

Una de las características que más asustan del Gobierno actual es su tendencia al secretismo. Las grandes cuestiones a las que se enfrenta el presidente se negocian en reuniones ocultas, de espalda a la opinión pública, de las que se ofrecen tan solo filtraciones interesadas a posteriori. La estrategia de lucha contra el terrorismo o el modelo de Estado son negociados por Rodriguez Zapatero en reuniones secretas con el presidente del PNV, el presidente de ERC o el presidente de CiU. Muchos españoles tenemos derecho a preguntarnos qué hay de inconfesable en esas conversaciones para que se oculten a la opinión pública.
 
Es evidente que el Gobierno socialista tiene una doble agenda política: una pública y otra secreta. La agenda pública es intrascendente. Es la política de la foto y de la imagen sin contenido real alguno. Es la foto en Naciones Unidas para publicitar el divertimento de la Alianza de Civilizaciones, la foto con los presidentes de Comunidades Autónomas para anunciar el vodevil del acuerdo sobre la financiación sanitaria, la foto con Mariano Rajoy para enmascarar el drama de la creciente quiebra del consenso constitucional entre los dos grandes partidos españoles.
 
Por el contrario, en las reuniones secretas con Josu Jon Imaz, Carod Rovira o Arthur Mas es donde se dilucidan aquellas cuestiones más trascendentes y perdurables para España, como el futuro del País Vasco, la negociación con ETA o el nuevo Estatuto de Cataluña. Todas esas reuniones no merecen sin embargo explicación alguna del presidente del Gobierno, en lo que constituye una patética reedición de despotismo ignorante.
 
¿Cuáles son los acuerdos a los que llegó el jefe del Ejecutivo con el presidente del PNV? ¿Se pactó el precio político que vamos a pagar a ETA por dejar de asesinar? ¿Hay un acuerdo para alcanzar un nuevo Estatuto que reconozca la co-soberanía a la que aspira el sector supuestamente más moderado del nacionalismo vasco? ¿Se coordinaron las negociaciones del PNV con Batasuna para constituir la mesa de partidos promovida por Ibarrtexe con las conversaciones que supuestamente el Gobierno mantiene de forma indirecta con ETA? Son preguntas, entre otras muchas, sobre las que los españoles merecemos una respuesta.
 
¿De qué hablan Carod Rovira y Rodriguez Zapatero en sus encuentros secretos? ¿Es el líder de ERC uno de los interlocutores entre ETA y el Gobierno, dada su exitosa experiencia de Perpiñán, en el que arrancó una tregua de los terroristas circunscrita a Cataluña? ¿Acordaron una agenda de desmantelamiento del Estado en Cataluña a través de reformas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nuevo Plan Hidrológico plurinacional, la Ley Orgánica de Educación y otras varias que vendrán en el futuro? ¿Accedió Rodriguez Zapatero a retirar todos los recursos pendientes en el Tribunal Constitucional ante las diversas vulneraciones de nuestra Carta Magna por parte del Gobierno de la Generalitat? ¿Por qué el Gobierno no pone luz y taquígrafos a las negociaciones con los independentistas catalanes, gracias a las cuales se mantiene en el poder?
 
El último episodio de estos cada vez más habituales contactos secretos tuvo lugar con el presidente de CiU el pasado lunes. En ese encuentro parece que el hombre que no sabe decir "no" le dio a Arthur Mas su conformidad para incluir en el Estatuto de Cataluña preceptos manifiestamente inconstitucionales, como un nuevo concierto fiscal catalán o el blindaje de competencias estatales para la Generalitat. Lo hizo en contra del criterio del propio presidente Maragall, para el que resulta mucho más prioritaria la destrucción definitiva de CiU que la aprobación de su proyecto de Estatuto. No obstante, Zapatero tampoco ha querido explicar a qué acuerdos llegó en este encuentro.
 
El jefe del Ejecutivo prefiere mantener oculta su verdadera agenda política por dos razones. Primero, porque sabe que esa agenda resulta inaceptable para una gran mayoría de los españoles y de sus propios votantes. Segundo, porque considera que el carácter secreto de esos acuerdos le permitirá sacar a la luz los posibles éxitos y mantener ocultos sus probables fracasos. Sin embargo, esta tendencia al secretismo del Gobierno es una actitud que una sociedad democráticamente madura como la española no debería seguir consintiendo por más tiempo. La primera obligación de un gobernante democrático es la transparencia en su gestión.      

Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.

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