Rodríguez Zapatero parece el hombre que siempre se equivoca. Se equivocó el presidente al pensar que el pacto con CiU dejaba definitivamente resuelto el tema del Estatuto catalán. Se equivocó aún más gravemente cuando sembró de forma oportunista y frívola unas expectativas de paz inminente que se han manifestado hasta ahora irreales y contraproducentes para la derrota de ETA. Se ha vuelto a equivocar esta semana al oponerse frontalmente a la OPA lanzada desde Alemania sobre Endesa. La sensación que crece entre la ciudadanía es que este Gobierno ha perdido el control de la situación. Rodríguez Zapatero tiene una enorme capacidad para abrir frentes de conflicto, tanto dentro como fuera de España, pero parece incapaz de cerrar uno solo de los frentes que abre.
La sobrerreacción del Gobierno a la OPA lanzada desde Alemania a Endesa puede tener dos costes importantes para España. En primer lugar, pone en riesgo la credibilidad de nuestro sistema económico, desincentivando a otros posibles inversores extranjeros. Un conflicto con la Comisión Europea, por violentar las leyes del libre mercado, puede degenerar además en sanciones y reprimendas para nuestro país, como ya ha advertido la comisaria de la competencia. Pero sobre todo, la oposición frontal del Gobierno, recurriendo a un trasnochado proteccionismo, puede deteriorar nuestra ya difícil relación con la canciller alemana, Angela Merkel, después de que Rodríguez Zapatero la calificara de "fracasada" por vencer en las elecciones. España mantendría así una relación de confrontación no sólo con la primera potencia mundial, Estados Unidos, sino con la principal potencia europea. Demasiado para un país como el nuestro.
En su propio país, Rodríguez Zapatero no consigue tampoco cerrar ninguno de los múltiples frentes que tiene abiertos. Así, a pesar de los múltiples gestos de apaciguamiento lanzados por Zapatero a los terroristas, a pesar del dialogo existente entre batasunos y socialistas, a pesar de las concesiones ya realizadas, ETA no sólo no declara la tregua que el presidente venía anunciando sino que intensifica su campaña de extorsión a los empresarios y aumenta la cadencia de sus atentados. Para colmo, una banda terrorista que creíamos extinguida, el GRAPO, renace de sus cenizas para asesinar en Zaragoza.
El presidente del Gobierno reacciona al fracaso cada vez más evidente de su abortado "proceso de paz" arremetiendo contra la oposición democrática, a la que acusa de indecente por utilizar a las victimas, desleal con el Gobierno y, lo que constituye un insulto difícil de soportar, de no desear en realidad el fin de ETA. Pero lo verdaderamente indecente es insultar a las victimas acusándolas de estar manipuladas políticamente y ampararse en su dolor para iniciar una negociación con los terroristas que las propias victimas rechazan de forma abrumadoramente mayoritaria. La mayor deslealtad es traicionar un Pacto por las Libertades que se firmó a instancias del propio Zapatero para tratar de negociar ahora un pacto con los asesinos. Y la auténtica deslealtad es negar a un partido que representa a diez millones de españoles la información que se da a partidos mucho más minoritarios. A pesar de las provocaciones no voy a caer en la miseria moral de acusar a los socialistas de no querer el final del terrorismo, pero creo que es inmoral someter la política antiterrorista a los intereses de partido, como está haciendo este Gobierno, y considero radicalmente injusto pagar a los terroristas ningún precio político por dejar de matar, como también se está haciendo.
Finalmente, ya había avisado en estas páginas que la foto del pacto Mas-Zapatero no era la última escena del culebrón estatutario. Una vez más en contra de la predicción de Rodríguez Zapatero, los independentistas no han tragado con la rueda de molino del pacto a traición con CiU. Es más, la movilización de ERC está forzando a los convergentes a apretar las tuercas al Gobierno en el trámite parlamentario del Estatuto para no dejarse arrebatar por los republicanos su electorado más nacionalista. Mientras, muchos electores socialistas consideran que las concesiones del gobierno a los nacionalistas catalanes pone en grave riesgo la cohesión de España. Pero este Gobierno nunca pierde la oportunidad de cometer un error.