El seguimiento informativo que cualquier persona ha podido realizar desde el primer día del caso Gescartera deja encima de la mesa una intención, definitivamente fracasada: el Gobierno ha intentado quitarse de en medio, evitando cualquier salpicadura de este caso de corrupción. Una estrategia que ha puesto en marcha sin éxito.
La explicación es sencilla. Nadie ha acusado al Gobierno de nada, pero sí se le ha exigido al Ejecutivo de Aznar que ponga en marcha los resortes de investigación. Nadie les acusa, pero sí puede tener responsabilidades por negligencia y por no mantener al día los sistemas de control. El Ejecutivo ha querido desaparecer del mapa de Gescartera y no lo ha conseguido. Es el responsable del correcto funcionamiento de las instituciones, incluidas aquellas que vigilan el funcionamiento de los mecanismos democráticos.
Es paradójico que el Gobierno se defienda cuando nadie le ataca y, en cambio, se esconda de nuevo cuando todo el mundo le busca. Nadie le acusa, pero sí se le exige claridad en las actuaciones y en la clarificación de un auténtico escándalo, de un verdadero caso de corrupción.
Este Gobierno del PP, que en la últimas legislaturas socialistas recurría con buen tino político a las comisiones de investigación en el Congreso, ahora no puede cerrar la puerta a esa posibilidad. Ofrece una impresión de miedo, cuando simplemente se le pide que coja el toro por los cuernos, que acepte la responsabilidad de aclarar toda la cuestión y que no ponga trabas a la investigación.
El Gobierno ha cometido varios errores. Pero el más importante ha sido el de escurrir el bulto. Han tardado mucho en dar la cara. El presidente, los ministros afectados y los primeras espadas del PP han tardado mucho en salir a escena. Han lanzado por delante al segundo escalón intentado parar un escándalo que va a más. El propio Aznar ha tardado tres semanas en decir algo sobre Gescartera.
Ya no es un problema de que el Gobierno tenga responsabilidad directa en el caso Gescartera. Es que la responsabilidad aparece ahora, cuando no pone todos los medios para que se averigüe lo ocurrido. Intenta relegar a un segundo plano la cuestión. Quiere que no tenga repercusiones políticas. Y eso es imposible. Un escándalo de esta envergadura necesita un Gobierno con iniciativa, que lidere sin miedo la investigación. No hacerlo de esta manera es dejar abierta la puerta de la duda.
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