Hace ya más de dos meses que el presidente Aznar sufrió la primera agresión verbal en un mitin del PP en Arganda del Rey. Desde entonces, el ambiente de hostilidad, agresividad, crispación que últimamente también incluye fuertes dosis de rencor, ha ido en aumento. Desde el PSOE e IU se ha azuzado, sin escrúpulos, esta "revuelta social" que desde hace días esta incendiando las calles y que ahora –a buenas horas– comienza a asustarles. Dicho esto, y después de casi dos meses de un aumento tangible de la tensión social, el Gobierno debe de tomar cartas en el asunto, ya sin más dilación.
El Ejecutivo del Partido Popular debe ejercer sus responsabilidades para que en España se respete la libertad de expresión, tanto la de unos como la de otros. Sin preocuparse tanto por viejos e incompresibles complejos sobre si la policía actúa o no actúa con proporcionalidad. Su primera ocupación debe de ser que todos los ciudadanos de este país puedan ir por las calles tranquilos y libres. Y eso, ahora mismo, no es posible.
Vayamos por partes, puesto que en esta historia hay varias parcelas. Primero, nos encontramos con la dirección nacional del Partido Popular, que con aciertos y errores, ha comenzado a reaccionar. Javier Arenas, como secretario general del PP, es el único que está saliendo en los medios de comunicación para afrontar esta crisis desde el partido. Arenas habla, pero el resto permanece silente. ¿Dónde está el resto de pesos pesados populares? Aquellos de los que se decía que formaban parte de un banquillo con un gran peso político. ¿Dónde está el portavoz parlamentario, Luis de Grandes, o el portavoz del Senado, Esteban González Pons? ¿Dónde han salido los diputados del PP que han sido atacados y calificados de cómplices de los asesinos?
Como tantas otras veces son muy pocos los que están dando la cara, mientras que el resto se esconde detrás de la mata. Pero quizá lo más grave de todo esto es que el Gobierno ha comenzado a ofrecer una imagen de cierta negligencia. Una de sus primeras obligaciones es que haya orden en la calle. Sin porras ni gases lacrimógenos a ser posible, pero orden al fin y al cabo. Y por el momento, han podido más los miedos y los complejos. ¿Se figuran que en lugar de ser las sedes del PP el objetivo de los violentos, fueran las sedes del PSOE e IU? Sería, para muchos, la hecatombe de la democracia. Pues en estas circunstancias, sean quienes sean los protagonistas, el Gobierno tiene que entrar en esta cuestión. No puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado, como si aquí no pasara nada.
¿Dónde están los vicepresidentes Rajoy y Rato, por citar dos ejemplos? Es momento de gobernar, no de hablar. El Gobierno vuelve a preferir la negligencia. Prefiere esconderse. Es verdad que desde el PSOE e IU se está alimentando la crispación callejera, pero también es cierto que el Gobierno tiene que poner orden. Esa obligación es intransferible.
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