El proceso de ilegalización de las franquicias de ETA-Batasuna que el Gobierno ha puesto en marcha este viernes se puede considerar ya como una de las estrategias más toscas de Rodríguez Zapatero en esta legislatura. Se puede pensar que es fruto de la torpeza y del nerviosismo habitual en vísperas electorales; también hay quien sugiere que es el resultado del engreimiento del poder; incluso se puede apuntar que se ha decidido ante la angustia de una posible derrota. Son muchas las posibilidades reales, aunque en este caso es ciertamente indiferente. Aquí la gravedad recae especialmente en una cuestión: estamos ante una nueva mentira del Gobierno Zapatero.
Los socialistas llevan cuatro años en el poder. En este tiempo han abierto un proceso de rendición ante los terroristas etarras. Han abierto las puertas de los Ayuntamientos a las franquicias batasunas. Han devuelto al entorno etarra al Parlamento europeo. Han abierto el grifo de la financiación pública para los terroristas. Les han tratado siempre con guante de seda y con una exquisitez que nunca han utilizado con el Partido Popular, que, al fin y al cabo, es el primer partido de la oposición. Durante estos cuatro años en el Gobierno, además, han hecho más fuerte a ETA: le han dado más alas y más consistencia cuando estaban arrinconados, derrotados y fuera de órbita. Han sido cuatro años de conchabeo con los terroristas.
Con ese panorama y a dos meses de las elecciones, pretenden que ahora, con un juego de manos, con una pirueta en el vacío y con cuatro afirmaciones aparentes se solucione todo. Eso no es así. Han tenido cuatro años para ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca y al Partido Comunista de las Tierras Vascas y no lo han hecho. Ahora, cuando ya no da tiempo para esa ilegalización, resulta que han descubierto que estas franquicias terroristas son muy malas y que por lo tanto no pueden presentarse a las elecciones generales. Pues bien, a estas alturas ya no hay más tiempo para nuevas mentiras. Han sido muchas, demasiadas, para que otra mentira haya que aceptarla obligatoriamente. Si hubieran querido lo hubieran hecho antes. Ahora ya, hagan lo que hagan, no hay plazo legal para ejecutarlo.
Estamos ante una gran filfa, la penúltima filfa de este Gobierno. Con todos los actores posibles. El juez Garzón, el ministro Bermejo, el fiscal general del Estado y la vicepresidenta De la Vega. Todos en su sitio, con su parte de protagonismo, intentado retomar una iniciativa perdida y conscientes de tener la credibilidad por los suelos. Han pretendido engañar a todos, pero esta vez, sinceramente, no ha colado.
