El presidente Aznar ha abierto un nuevo frente político en el País Vasco. En una táctica sin duda acertada, José María Aznar ha planteado una nueva línea de actuación para denunciar la actitud partidista del Ejecutivo de Ibarretxe. Hasta ahora, la relación política entre los Gobiernos de Madrid y Vitoria tenía como punto de enfrentamiento la lucha contra el terrorismo en el marco de la actitud ambigua y cómplice del nacionalismo con el entorno político de la banda terrorista ETA.
Con el nombramiento de Javier Arenas como ministro de Administraciones públicas, Aznar muestra su intención de plantear una nueva y contundente estrategia política e institucional cuyo objeto es denunciar la búsqueda permanente de la desobediencia civil por parte del Gobierno vasco. Hasta la fecha, las tensas relaciones pasaban siempre por la lucha antiterrorista; parecía que todo lo que hacía referencia al País Vasco pasaba por el Ministerio del Interior. Sin embargo, con este nombramiento de Arenas --de fuerte carga política--, Aznar abre intencionadamente otro frente a Ibarretxe. Ya no estamos hablando exclusivamente de las visiones diferentes sobre una posible salida al terrorismo. Ahora, además de la denuncia sobre la cercanía del nacionalismo con el entorno etarra, el presidente del Gobierno plantea una nueva batalla política.
Es una batalla fundamentada en la evidencia de que el Ejecutivo vasco está incurriendo en una actitud, a todas luces, fuera de la legalidad. El Gobierno de Ibarretxe vive como si la Constitución y el Estatuto no fueran con ellos, y eso es sin duda una posición de desobediencia civil. Estiran la cuerda al máximo buscando el propio provecho.
En definitiva, con el reforzamiento político del Ministerio de Administraciones Públicas, José María Aznar está plantando cara a Ibarretxe desde una nueva perspectiva, y esta vez con condimentos institucionales y políticos. De esta forma quedan en evidencia, con más contundencia, las irresponsabilidades del Gobierno Vasco.
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