En esta ocasión, el PSOE se ha equivocado. El Gobierno estaba desbordado y bloqueado; tenía varios problemas encima de la mesa que le habían cogido con el paso cambiado. El Ejecutivo demostraba poca capacidad de reacción. Con este panorama, los socialistas habían reaccionado. Y aunque lo habían hecho tarde, el Gobierno comenzaba a ponerse nervioso.
Estábamos en tal tesitura, cuando llegaron los distintos conflictos judiciales. Primero fue el caso Liaño y el derecho de gracia; luego llegó el sueldo de los funcionarios y los Presupuestos Generales. El PSOE se creyó que todo el monte es orégano. Los socialistas, en definitiva, pensaron que aquí valía todo y se lanzaron en tromba. Han metido todo en el mismo saco. Y ahí ha estado el error. No han sabido diferenciar. Una cosa es la oposición política ante una cadena de errores del Ejecutivo y otra muy distinta entrar a jugar con la división de poderes.
El PSOE estaba realizando una lógica oposición ante la inoperancia del Gobierno en asuntos como las “vacas locas” o el uranio empobrecido. Pero ese esquema no tiene la misma validez cuando entramos en el terreno judicial. Un terreno que, por cierto, los socialistas han cultivado como propio y exclusivo durante los años que estuvieron en el Gobierno.
Los socialistas habían empezado a ganar en credibilidad; mostraban seriedad en la lucha contra el terrorismo y actuaban con cierta lógica ante los errores del Gabinete Aznar. Pero, al final, se han emborrachado.
No han tenido la frialdad de dejar de lado una cuestión con la que no se puede hacer guerra partidista. Ellos se han metido en un jardín del que, ahora, tienen que salir. Lo cierto es que han dado al Gobierno argumentos para defenderse. La oposición también requiere estrategia. No es simplemente la ley de la selva.
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