El tratado hispano-italiano, firmado en Roma por el presidente del Gobierno José María Aznar y el primer ministro italiano Giuliano Amato, es un punto de partida para el futuro de Europa en el terreno judicial, lo que se conoce como el “tercer pilar” de la construcción europea. Este tratado elaborado para la persecución de delitos graves, mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, es un buen ejemplo para el conjunto de los países comunitarios.
Estamos hablando de un viejo anhelo de España: evitar que terroristas españoles puedan encontrar cobijo de una u otra forma en territorio de la Unión. Lo cierto es que este acuerdo ha nacido por la imposibilidad legal de extraditar a algunos mafiosos italianos, que estaban instalados en nuestro país. España e Italia han creado un espacio judicial único con un elenco de seis delitos, entre los que se incluye el terrorismo. Desde luego, este acuerdo marca un hito en la historia de la Unión Europea; es una demostración de que, cuando se quiere e interesa, se puede llegar a buenas conclusiones. De todas formas, es el comienzo de un largo camino.
Este mismo acuerdo firmado con países como Francia y Bélgica podría favorecer de una manera importante la lucha antiterrorista. Sin ir más lejos, la desaparición de los largos procesos para extraditar desde Francia a los etarras que viven allí acorralaría a la banda, y evitaría que los terroristas tengan como guarida y escondite el país vecino. Este nuevo espacio judicial único entre España e Italia abre una puerta cerrada hasta ahora a cal y canto. El trabajo que se ha hecho es bueno. Ahora hace falta que entre otros socios comunitarios cunda el efecto.
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