José Luis Rodríguez Zapatero no pierde el tiempo. Cada día que pasa su Gobierno da una vuelta de tuerca a la Constitución y consolida sin tapujos la existencia de ciudadanos de primera, los que le bailan el agua desde Perpiñán a Canarias, y ciudadanos de segunda, los pobres desgraciados cuyas autonomías están regidas por gobernantes del Partido Popular. El gabinete del nuevo y selecto socialismo rosa ha establecido una estrategia de acoso y derribo al PP que pasa por la discriminación, la marginación financiera, la desinversión y el estrangulamiento económico de sus comunidades autónomas. Se pretende así que los diez millones de votantes del PP desistan de seguirlo haciendo por la cuenta que les trae.
Primero se detuvo, con puño de hierro bananero, a dos afiliados al partido de la calle Génova presentes en una manifestación por las víctimas del terrorismo, con el mensaje del Fiscal General del Estado de que cualquier persona “en actitud vociferante” (por el mero hecho de ser del PP) puede ser objeto de tal situación. Demostrado queda también, que al violador de las leyes, siempre que esté bajo la égida de Zapatero en este presunto estado de derecho, nada ha de pasarle. Se prefiere por decreto que media España muera definitivamente de sed debido al signo político de sus gobernantes. La lista despropósitos es larga. Ahora le toca el turno a la libertad de expresión. Nuevo canal para el jefe, además del monopolio por satélite, y prohibición expresa a un segundo canal en abierto para los madrileños ya que les gobierna Esperanza Aguirre.
