A pesar del rotundo varapalo que el Consejo General del Poder Judicial ha dado a la Ley Integral de Violencia doméstica elaborada por el Gobierno socialista, no parece que el Ejecutivo tenga la intención de dar marcha atrás e incorporar las sensatas propuestas del órgano de gobierno de los Jueces. Por el contrario, desde La Moncloa se han puesto en marcha todas las baterías para desacreditar el riguroso informe del Consejo y personajes tan carismáticos como Gregorio Peces Barba, padre de la Constitución y ex presidente del Congreso, prestan su pluma estos días en socorro de las tesis oficiales. Por ello, resulta necesario insistir en la flagrante injusticia que se cometerá con esta Ley, si no se rectifica a tiempo.
Aplaudo la buena intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en echar el resto para intentar acabar con la violencia contra las mujeres. Es del todo punto necesario utilizar todos los instrumentos al alcance del Estado de Derecho para luchar contra esta terrible y cruel lacra que atenaza a las mujeres, las impele, las aterroriza las paraliza o las mata. Pero la ley integral propuesta por el Gabinete, sin embargo, no sólo no acierta en el fondo del fin pretendido sino que abre una brecha difícil de volver a cerrar. Yerra cuando se ciñe exclusivamente a la mujer. Yerra porque lo que debe hacer es ampliarla y cubrir a todos y cada uno de los seres humanos que sufran en la medida que sea la violencia física o síquica.
¿Cómo explicar a una ciudadana cualquiera que si le parte la cara su pareja o le revienta el estómago dependerá de si es hombre para que vaya a un juzgado rápido, sensible, atento, limpio, nuevo, en definitiva, de primera pero que en cambio, si quien le abre la crisma y le rocía con gasolina para después quemarla es su hijo, su pareja homosexual o simplemente su hermana, deberá ponerse a la cola en la lentísima, avejentada, insensible y descreída justicia ordinaria?
Con esta ley lo que subyace es la creación de dos justicias y puede darse el caso paradójico de que ante un mismo hecho justiciable, con idénticos atenuantes y agravantes, se produzcan condenas distintas dependiendo de quién haya cometido el delito y quién sea el órgano juzgador. ¿Dónde queda entonces el principio universal de que la Justicia -el último instrumento de las sociedades modernas para salvaguardar sus derechos y libertades individuales y colectivos- debe igual para todos? El Gobierno se apunta un tanto fácil y de gran impacto social. Pero la realidad que subyace bajo la nueva ley tal y como la proyecta el Gabinete produce escalofríos. Sin duda, la creación de oficinas judiciales para mujeres, dotadas de psicólogos, redes de casas de acogida y una asistencia económica inmediata por parte de los poderes públicos, es una necesidad perentoria y acuciante, pero si amparara a todos los individuos objeto de ese tipo de violencia, sea mujer, hombre niño, anciano o discapacitado. El Gobierno, sin embargo, sólo busca su lucimiento y un derecho que debe alcanzar a todo el mundo, lo circunscribe al ámbito de la mujer.
La perjudicada, a la larga, es la Justicia misma. Porque, ¿en qué papel se coloca a jueces y magistrados cuando tengan que aplicar dos justicias distintas, de acuerdo con quien sea el sujeto justiciable?, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva que se supone este colectivo debe otorgar por igual a cualquier ciudadano? Cuando el primer hombre maltratado sea expulsado de los juzgados especiales y enviado a la justicia ordinaria, cosa que sin duda ocurrirá porque todos los maltratados querrán acudir a las oficinas de Justicia más rápidas, ¿se ha planteado el Gobierno la posibilidad de que este hombre recurra al Tribunal Constitucional y que la ley sea invalidada?, ¿ha tenido en cuenta la catarata de demandas que pueden caerle en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?
Cuando dentro de seis meses después de su aprobación en el Parlamento entre en vigor la nueva ley, estaremos ante un nuevo modelo de justicia en España: la justicia de boutique o justicia de escaparate. Cada mujer atacada por un hombre dispondrá de juzgados especiales, con personal especial y atención especial. Se harán impresionantes reportajes sobre el avance, rapidez y solidaridad que todas queremos se produzca en acabar con estos crímenes. Los juzgados de relumbrón serán, sin duda, los de mayor estimación por parte de los ciudadanos. Incluso la Justicia, no me cabe la menor duda, subirá puntos en las encuestas de ese CIS que se equivoca en las estimaciones de voto como un colegial.
La realidad será muy distinta. La ley no será ni integral ni justa. A partir de ahora si el PSOE quiere seguir ganando votos y llevando la propuesta al terreno del absurdo tienen el camino queda expedito para, con su mal utilizada teoría de la discriminación positiva, crear juzgados para negros, para gitanos, para extranjeros y por qué no, para prostitutas, ladrones de guante blanco, o cualquier tipo de discriminados. Al fin y al cabo, aplicando el mismo baremo y tratándose de colectivos marginados, habría que hacer con ellos la misma discriminación positiva para salvaguardar sus derechos.